Sanidad dice que no ha amenazado a FACUA, sólo le ha recordado la legalidad

• "No se quiere ilegalizar a ninguna asociación", asegura el Gobierno
• La Junta de Andalucía rechaza "cualquier presión" contra la asociación

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha subrayado este domingo que "no ha amenazado" a FACUA al enviarle una carta en la que le recuerda la legalidad de los fines de las asociaciones de consumidores que, a su juicio, esta entidad podría estar extralimitando con la campaña "huelga de consumo".

Esa es la opinión de los responsables del ministerio, según han señalado a Efe fuentes de este departamento, que han subrayado que "no se quiere ilegalizar a ninguna asociación, porque todo el mundo tiene derecho a constituirse como tal", pero sí que cumplan lo que contempla la ley.

"Las asociaciones inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de organizaciones tienen unos requisitos y unas finalidades que cumplir, y no se pueden dedicar a otros", han subrayado las mismas fuentes del ministerio.

Campañas contra los recortes

Los representantes de FACUA han denunciado que la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, les ha dirigido una carta en la que les advierte de que la asociación será excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Usuarios si no retira de su web campañas contra los recortes que afectan a educación y sanidad.

Farjas, que preside el Instituto Nacional de Consumo, considera que FACUA se ha estado extralimitando en sus funciones con la campaña denominada "huelga de consumo" en la que pidió que el 19 de julio no se consumiera en protesta por la subida del IVA, y en otras campañas contra los recortes que afectan a servicios públicos como la sanidad y la educación.

En la carta enviada a FACUA, Farjas se refiere concretamente al contenido "del epígrafe 'campañas de consumo', que habitualmente realiza esa organización y actuaciones en medios de comunicación que sobrepasan los fines que definen a este tipo de asociaciones, acercándose más a otro tipo de organizaciones sociales".

Farjas requiere a la asociación que retire de su web "las campañas objeto del presente requerimiento, así como de abstenerse en el futuro de realizar cualquier otra actuación que no se corresponda con los fines que le son propios a las asociaciones de consumidores y usuarios", para lo cual le da un plazo de quince días.

"En caso de incumplimiento se procederá a decretar la pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios y su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios", concluye el requerimiento.

La Junta descarta presiones

Por su parte, la secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, María Dolores Muñoz, ha rechazado "cualquier tipo de presión" desde el Instituto Nacional de Consumo (INC) hacia la asociación de consumidores FACUA.

Según ha expresado Muñoz en un comunicado, FACUA-Consumidores en Acción "fundamenta su independencia, tal como dice la ley, en sus actuaciones no sólo hacia los operadores del mercado, sino también hacia los poderes públicos".

Para Muñoz, FACUA es una entidad "de reconocido prestigio, con legitimidad y capacidad de interlocución", mientras que el INC hace una lectura tan "restrictiva y parcial" de lo que se entiende como la defensa de los intereses de los consumidores que "condiciona la independencia" de la asociación, y con ello "se pone en riesgo la garantía de los derechos de los consumidores".

Según Muñoz, la asociación "está en su legítimo derecho de realizar todas aquellas acciones que considere oportunas" para proteger a los usuarios, siempre que éstas se realicen dentro de la legalidad y ha añadido que "las Administraciones públicas deben ser garantes de la libertad de expresión y asumir las críticas".

Por otra parte, Muñoz ha criticado al INC por remitir a la comunidad autónoma el 1 de agosto "por sorpresa" el anteproyecto para la modificación de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (RD 1/2007), otorgando un plazo de tan sólo 15 días para que tanto autonomías como asociaciones de consumidores y empresariales se pronuncien sobre el texto.