Fernández: Comprendo la "conflictividad social" por la crisis pero las protestas deben ser legales

• Pide que las protestas siempre sean legales y pacíficas
• Defiende los nuevos tipos penales por alterar el orden público
• "El tiempo ha dado la razón a quienes no negociamos con ETA"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comprende que exista una "razonable conflictividad social" en las calles por la profunda crisis económica que atraviesa España, aunque ha pedido que las legítimas protestas ciudadanas sean siempre pacíficas y se encaucen dentro del marco de la ley.

"En una sociedad democrática y avanzada como la española no aspiramos a que exista la paz de los cementerios, es evidente que tiene que haber una razonable conflictividad social en unos momentos como estos", reconoce Fernández Díaz en una entrevista con Efe.

Tras los incidentes vividos en los últimos meses (el último con el robo de comida en dos supermercados andaluces) y el previsible "otoño caliente" que se vislumbra tras el verano, el titular de Interior reclama que las protestas callejeras se desarrollen siempre con respeto a los derechos del resto de los ciudadanos.

"El derecho de manifestación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y a nosotros no solo no nos preocupa sino que nuestra tarea es garantizar que ese derecho se realice libre y pacíficamente, pero insisto en el marco de la ley", subraya.

Nuevos tipos penales por alterar el orden público

En este ámbito enmarca Fernández Díaz la anunciada reforma del Código Penal que previsiblemente llegará al Parlamento el próximo otoño y que, entre otras novedades, prevé nuevos tipos penales para determinadas conductas que alteran el orden público y afectan a la "paz social".

En concreto, la reforma contempla la prisión provisional como medida cautelar y creará el delito específico de violencia urbana, y castigará con mayor dureza el uso de explosivos o líquidos inflamables, el lanzamiento de objetos contundentes o el porte de objetos peligrosos.

Unas propuestas que ya han provocado las críticas de partidos como el PSOE que han acusado al Gobierno de pretender legislar a "golpe de titular" y con el único objetivo de hacer frente a la conflictividad social en las calles.

"El tiempo ha dado la razón a quienes no negociamos con ETA"

Por otra parte, Fernández Díaz se ha mostrado convencido de que el cese de la actividad terrorista por parte de ETA es "irreversible" y cree que el tiempo ha terminado por dar la razón a quienes apostaron por no negociar con la banda terrorista.

En la entrevista, el ministro hace un repaso de los casi diez meses desde que ETA anunció el cese definitivo del terrorismo el pasado 20 de octubre, "derrotada" por la Policía, la Guardia Civil y el conjunto de la sociedad española.

El titular de Interior no tiene dudas de que la decisión de ETA no tiene marcha atrás porque una vuelta a las armas provocaría un rechazo "total y absoluto" en la sociedad vasca y sería impedido además por la Fuerzas de Seguridad del Estado.

En esta última etapa de la banda, el ministro del Interior rechaza de plano cualquier proceso de negociación al estilo del de Irlanda del Norte, donde recientemente varias facciones del IRA han unido fuerzas para volver a la actividad armada.

Frente a la negociación, el ministro apuesta por un modelo de disolución, similar al desarrollado en Italia en los años 80 con las Brigadas Rojas, acompañado por medidas de reinserción individualizada de los presos y, en su caso de "los refugiados y huidos que tengan cuentas pendientes con la Justicia, siempre en el marco de la Ley".

Fernández Díaz reconoce que el plan de reinserción de presos puesto en marcha el pasado mes de abril requiere de un "periodo de maduración" y un tiempo para que los reclusos de ETA interioricen que no habrá medidas colectivas ni extraordinarias.

En el proceso para el fin definitivo de ETA enmarca el ministro la iniciativa del Gobierno para que aquellos ciudadanos vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra por la amenaza de ETA, puedan volver a votar en sus comunidades de origen.

"La medida tiene que gozar del mayor consenso parlamentario posible y por supuesto del apoyo del PSOE", añade.

Respecto a Bildu y Amaiur, Fernández Díaz ha recordado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu, que ha establecido las líneas rojas que no se pueden traspasar si no quiere incurrir en los supuestos de una ilegalización sobrevenida.