El Congreso de EE.UU. demanda al fiscal general por no entregar documentos de una operación

• La cámara, en manos de los republicanos, ya había condenado a Holder
• La operación "Rápido y furioso" perdió armas facilitadas a narcos mexicanos
• La resolución de la demanda se podría producir en plena campaña presidencial

El Congreso de EE.UU. , controlado por la oposición republicana, ha presentado este lunes una demanda civil contra el fiscal general del Estado, Eric Holder, para obligarle a entregar documentos adicionales sobre la fallida operación "Rápido y Furioso", que permitió el tráfico ilegal de armas a México en 2009.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, que ha encabezado las investigaciones sobre la operación policial, ha presentado la demanda en un tribunal federal para exigir que Holder entre los documentos solicitados en una citación judicial en octubre de 2011.

La resolución de la demanda podría alargarse durante meses, extendiéndose hasta las elecciones presidenciales del 6 de noviembre, donde el presidente demócrata, Barack Obama, se juega la reelección frente al republicano Mitt Romney.

Los republicanos consideran que hablar de la operación fallida les beneficia debido a que sirve para reafirmar a los estadounidense que poseen armas, un colectivo que es importante en estados como Pensilvania, clave para ganar los comicios.

La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), permitió el tráfico ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009 con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país, sin embargo alguna de ellas fue usada para asesinar a un agente estadounidense.

Los documentos, según ha explicado el Comité en un comunicado, "demostrarán por qué el Departamento de Justicia tardó diez meses en revocar una carta con fecha del 4 de febrero de 2011 que contenía falsas negaciones" sobre las tácticas utilizadas en "Rápido y Furioso".

Maniobras políticas

La Casa Blanca ha defendido la cooperación de Holder en las investigaciones pero se niega a entregar los documentos solicitados por el Comité, presidido por el legislador republicano Darrell Issa, argumentando que el fuero ejecutivo protege las deliberaciones internas de las agencias federales.

El Comité ha reiterado su queja de que el presidente de EE.UU., Barack Obama, recurriese a la figura del fuero ejecutivo "en el penúltimo minuto" antes de que el Comité aprobase una resolución de condena ante la negativa de Holder de entregar los documentos.

Según Issa, la decisión de Obama de usar el fuero ejecutivo fue "una calculada maniobra política para frenar la divulgación de los documentos hasta después de los comicios de noviembre" próximo, a los que se presenta a la reelección.

Pero en realidad los propios congresistas también han dilatado la presentación de la demanda -que podría estar en los tribunales desde la negativa a facilitarlos el pasado 28 de junio- con el objetivo de que la resolución estalle en plena campaña.

Según analistas legales consultados por la agencia Reuters, los elementos básicos de la demanda estaban ya en la resolución de condena a Holder de la cámara baja.

"Francamento, esto sugiere que no esperan ganar rápido", ha considerado Charles Tiefer, profesor de Derecho de la Universidad de Baltimore y antiguo asesor legal de la Cámara de Representantes.

La ATF, que depende del Departamento de Justicia, perdió el rastro de las armas, algunas de las cuales fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.

Además, dos de ellas, dos rifles de asalto AK-47, fueron usadas en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 15 de diciembre de 2010.