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La visita del FMI obliga a los Hermanos Musulmanes a definir su política económica

  • Las condiciones de los créditos limitarán la capacidad de acción del Gobierno
  • La Hermandad se ha declarado partidaria del libre mercado
  • Las reivindicaciones económicas pueden provocar nuevas protestas

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Datos básicos de la economía egipcia (Fuente: FMI, 2011, salvo que se especifique lo contrario)

Población: 82,5 millones

Crecimiento del PIB: 1.8% (1.5 previsto en 2012)

Variación del IPC: 11.1%

Paro: 10.4%

Paro juvenil: 27% (2007, Banco Mundial)

Población por debajo del umbral de la pobreza: 20% (2008, Banco Mundial) Renta per cápita: 2,6 dólares (2011, Banco Mundial)

La visita a Egipto de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde,  para negociar un posible crédito de 4.800 millones de dólares puede forzar al presidente egipcio, Mohamed Mursi, a clarificar su política económica y tomar algunas medidas impopulares para sus votantes más pobres.

El nuevo Gobierno hereda una economía muy depauperada y lastrada además por una elevada deuda externa, con una fuerte necesidad de financiación. La libra egipcia ha caído, los capitales huyen y se mantienen altas  tasas de pobreza y desempleo, solo moderado por la  economía sumergida.

Según datos del Servicio de Información Estatal, el crecimiento económico se ha reducido entre el 1 y el 2% y se ha perdido un 40% de los ingresos por turismo, que huyó con la revuelta. La deuda total, siempre según esta fuente, está calculada en el 90% del PIB.

El programa económico islamista

En esta situación, el líder de los Hermanos Musulmanes, Jairat Al Shater, empresario multimillonario, ha reiterado que su organización aboga por el libre mercado y que el Islam es compatible con el capitalismo.

El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de la Hermandad y vencedor de las elecciones parlamentarias (235 escaños de 498 en la Asamblea) tiene un plan económico impreciso, llamado Renacimiento (Al Nahda en árabe, como el partido islamista tunecino) que incluye algunas de sus políticas generales.

Dicho proyecto se basa, según explica la página web en inglés de la Hermandad, en "empoderar a la gente y poner sus destinos en sus propias manos" y para ello confía en la inversión privada y la cooperación con las instancias gubernamentales.

Entre sus compromisos está mejorar y garantizar la educación y la sanidad públicas, incentivar la pequeña y mediana empresa y poner en marcha "100 proyectos" de crecimiento en el país, con especial atención al Sinaí. Aboga por fijar un salario mínimo y máximo en el sector público, controlar el gasto público y aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta.

Respecto a una de las principales riquezas del país, el turismo, Shaqet ha asegurado a los empresarios del sector que no se verán molestados por restricciones de moral islámica.

Para los Hermanos Musulmanes, la pobreza debe aliviarse a través de "fondos islámicos" y ayudas para los más necesidados, por lo que se aborda como una cuestión de caridad y social, y no como el objetivo de la política económica.

Las políticas neoliberales de los últimos 30 años están a salvo por el momento, más aún cuando el actual ministro de Finanzas, Mumtaz al Said, es uno de sus artífices. Al Said proviene del gabinete de transición, creado bajo los militares, y comenzó a trabajar para el Ministerio que ahora encabeza en 1972, con Anwar al Sadat. Durante el régimen de Mubarak ocupó puestos de responsabilidad en el mismo, incluyendo el de responsable del Tesoro. Entre 1990 y 2008 fue responsable de las relaciones con el FMI y el Banco Mundial.

Tampoco el entramado económico en manos de los militares parece peligrar, una vez que estos han aceptado pasar a un segundo plano político.

La  principal diferencia que cabe esperar con el gobierno de Mursi es que acabe con la corrupción y abra el "pastel" a  los inversores potenciales, incluidos los extranjeros, en igualdad de  oportunidades.

Condiciones para la financiación

Para poner en marcha este programa, el Gobierno egipcio necesita urgentemente financiación. Pero no es tan sencillo. Estas ayudas de las instituciones internacionales de préstamo conllevan condiciones adicionales (como ha ocurrido en los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal, en los que también interviene el Fondo) que pueden resultar onerosas para las clases populares.

Actualmente, Egipto controla los precios de bienes básicos,  como pan y otros productos alimenticios y carburantes, a través de  subvenciones. Es muy posible que estas sean las primeras "víctimas" de  las condiciones del FMI.

La institución internacional puede pedir también nuevas  privatizaciones, muy mal vistas por los egipcios, que en el pasado  contemplaron desde la barrera, sin beneficiarse, cómo el patrimonio  estatal acababa en manos de la camarilla de Mubarak.

Promesas de bienestar

Tras la celebración de elecciones que dieron mayoritariamente la  victoria a los islamistas, y en medio de las delicadas transiciones en el Magreb y Egipto, es fácil olvidar que la llamada Primavera Árabe se inició como una protesta económica.

La carestía de la vida, debido al aumento de los precios de los  productos básicos (como el pan), la corrupción y la falta de  oportunidades de trabajo para la juventud fueron el detonante en Túnez y  Egipto, para después extenderse a otros países.

Las huelgas del sector textil de 2008 en el norte del país del Nilo  se adelantaron a la "primavera", desafiando a la represión, aunque  entonces no recibieron gran atención internacional. Ahora, tunecinos y egipcios esperan que los nuevos gobiernos cumplan  sus promesas de bienestar para comprobar que efectivamente algo  ha cambiado.

Túnez ofrece un ejemplo de la impaciencia de los ciudadanos. La semana pasada, una huelga general paralizó Sidi Bouzid, el lugar donde se inició la "revolución de los jazmines". Organizada por el principal sindicato, UGTT, los huelguistas pedían la mejora de las condiciones de vida.

En Egipto, si los Hermanos no atienden las reclamaciones de los más desfavorecidos, pueden verse confrontados con los sindicatos, pero también por los salafistas, religiosamente más radicales y segunda fuerza en el Parlamento, cuyo programa promete la distribución directa de la riqueza.

Como advierte Gonzalo Escribano, investigador del Real Instituto Elcano, en un informe publicado en julio sobre la política económica de los nuevos gobiernos del Norte de África, "en la nueva  situación una parte importante de su credibilidad y su  futuro político se va a  jugar en el terreno de los resultados  económicos".