Quién es quién en el caso de los ERE

• Entre los imputados, hay siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía
• La juez investiga un sistema fraudulento de concesión de ayudas
• En los expedientes de regulación de empleo se incluyeron "intrusos"
• Consulta en este gráfico quién es quién en el caso de los ERE

El caso de los ERE, que instruye la juez Mercedes Alaya, investiga una presunta trama de corrupción en el seno de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que habría malversado fondos públicos durante al menos diez años, bajo los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán.

La instructora investiga un supuesto sistema fraudulento de concesión sin publicidad de ayudas a empresas con problemas; la inclusión de 'intrusos' en expedientes de regulación de empleo que habría beneficiado con prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en las compañías afectadas; y las sobrecomisiones que cobraban las consultoras que trabajaban como mediadoras.

Entre los imputados hay siete ex altos cargo de la Junta de Andalucía: el exconsejero Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; los tres ex directores generales Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez y Daniel Rivera; y los exdelegados de Empleo de Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas.

De todos ellos, solo dos han estado en prisión. Antonio Fernández estuvo algo más de tres meses en 2012 pero salió tras abonar 450.000 euros de fianza. Guerrero ha pasado por la cárcel dos veces, pero el pasado 5 de junio de 2013 salió por segunda vez al levantarse el secreto del sumario.

A día de hoy están en prisión preventiva: el llamado 'conseguidor' de los ERE, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; dos exdirectivos de la consultora Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué; y el testaferro Eduardo Leal del Real.

La juez Mercedes Alaya ha levantado el secreto sobre los 51 tomos del sumario del caso de los ERE a principios de junio de 2013. Contiene informes policiales y declaraciones como las del exchófer de Guerrero, que asegura que el diputado del PSOE y entonces exconsejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, llamó a su jefe para incluir "intrusos", algo que el propio Zarrías ha negado.

El sumario también contiene un inforeme de la Guardia Civil que eleva a 7,6 millones de euros lo que los sindicatos UGT y CC.OO. cobraron de las mediadoras en el caso de los ERE. Según la UCO, las consultoras Vitalia y Uniter, que se repartieron el negocio durante una década, se llevaron en sobrecomisiones 44 millones de euros.

El origen del caso de los ERE

El caso de los ERE saltó a la luz a finales de 2010 en relación a otra investigación sobre corrupción en Mercasevilla, al detectarse prejubilaciones falsas en el ERE de esta empresa.

En 2001, la Dirección General de Trabajo firmó un convenio con el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) - después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- que fue el organismo que desde ese momento concedió las ayudas que ahora se investigan a cargo de un "fondo de reptiles" con 647 millones de euros para la reestructuración de empresas en crisis.

La conocida como partida 31L estaba al margen de la fiscalización administrativa e incumpliría la Ley General de Hacienda Pública. Según la juez Ayala, este sistema tenía como objetivo "eludir ilícitamente los controles que podía ejercer la Intervención" y "favorecer a familiares, amigos y personas del entorno" de "altos cargos de la Junta o el PSOE".

Estos son los principales imputados en el caso de los ERE:

Antonio Fernández, consejero de Empleo 2004-2010

Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010. Antes, desde 1995, ocupó el cargo de viceconsejero en este área y, desde el año 2000, la vicepresidencia del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que otorgaba las ayudas.

Ingresó en la cárcel el 24 de abril de 2012 imputado por la juez Ayala como el autor intelectual, entre otros, del sistema que permitió presuntamente desde 2001 una década de ayudas oficiales sin control ni publicidad, pero salió en libertad el 10 de agosto tras pagar una fianza de 450.000 euros.

La juez le imputó seis delitos: negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.

En su declaración defendió que el sistema de ayudas "era legal" y que lo seguía siendo. Según un informe de la Guardia Civil, "no solo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directivos generales la posibilidad de concesión".

Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo 2004-2010

Fue el número dos de Antonio Fernández como viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010. Está imputado por malversación, falsedad, prevaricación y omisión del deber de denunciar delitos. La instructora le acusa por conocer el sistema fraudulento de las ayudas y por su intervención en expedientes concretos.

"Habría tenido conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas". Estaría, además, informado de la "ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía".

En el caso de los ERE está también imputado  Ramón Díaz Alcaraz, exdiputado autonómico del PSOE y exasesor de la Consejería de Empleo en época de Antonio Fernández y Agustín Barberá. La juez le atribuye una "activa participación" en la inclusión de intrusos en los expedientes de los ERE investigados.

Francisco Javier Guerrero, director de Empleo 1999-2008

Guerrero fue director general de Empleo de Andalucía entre 1999 y 2008 y como tal era el encargado de firmar los expedientes de las ayudas de los ERE que se liberaban desde el fondo de reptiles, como él mismo lo definió. Es el único ex alto cargo de la Junta de Andalucía que está en la cárcel.

La juez le envió a prisión por segunda vez en marzo de 2013 por riesgo de fuga en el marco de la segunda fase de la investigación sobre las sobrecomisiones cobradas por empresas mediadoras en la tramitación de los expedientes, pero salió en junio tras el levantamiento del sumario.

Guerrero entró en la cárcel por primera vez en marzo de 2012, pero quedó en libertad en octubre de ese mismo año tras pagar una fianza de 50.000 euros que en principio se había fijado en 250.000.

Está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública.

La juez cree que repartió las ayudas da la Junta destinadas a los ERE de forma "injusta y arbitraria". La Guardia Civil apunta, además, a que designaba sin concurso a las consultoras que tramitaban los ERE, como Vitalia y Uniter, a cambio de beneficiarse de parte de las sobrecomisiones que pactaba con ellas.

Es además responsable de la inclusión de numerosos "intrusos" como su suegra o vecinos de El Pedroso, del que fue alcalde (1995-1999). Asegura que nunca tomó "decisiones unipersonales" y que los consejeros Viera y Fernández estaban al tanto.

Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero

Juan Francisco Trujillo fue durante nueve años el chófer de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía. La juez de los ERE le ha imputado 22 delitos, entre ellos, falsedad, malversación, cohecho y tráfico de influencias.

La juez le mandó a prisión en marzo de 2012 como receptor de 1,3 millones de euros para tres empresas inexistentes de su propiedad, pero salió de la cárcel en octubre después de que la Audiencia de Sevilla decretara su puesta en libertad sin fianza.

Fue presuntamente receptor de dos ayudas por valor de 450.000 euros cada una. Ante la Policía declaró que gran parte de ese dinero se lo gastó en cocaína, fiestas y copas para él y su jefe. Gastaba unos 25.000 euros al mes en droga.

Juan Márquez, director general de Empleo 2008-2010

Juan Márquez, fue director general de Empleo entre 2009 y 2010 con Antonio Fernández como consejero. La juez del caso de los ERE le dejó en libertad con cargos en julio de 2012.

Está imputado por cuatro delitos continuados: prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial en ayudas por valor de 154 millones de euros.

Según la juez "mantuvo el procedimiento pese a tener conocimiento de sus consecuencias ilegales" y permitió un "uso abusivo de fondos públicos regalados a personas próximas a la Junta de Andalucía y el PSOE".

Daniel Rivera, director general de Empleo 2010-2012

Daniel Rivera fue director general de Empleo desde 2010 hasta su cese en 2012 tras su imputación en el caso de los ERE por malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.

Según la juez, tanto Rivera como antes Márquez "continuaron y dieron forma" a la actuación irregular de Guerrero, al que sucedieron en el cargo, en las ayudas fraudulentas.

Rivera habría otorgado ayudas por 43 millones de euros. La instructora también le acusa de no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado sobre la ayudas y de haber hecho "desaparecer" documentación sobre los ERE. Fue sustituido en el cargo tras las últimas elecciones en Andalucía.

Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas, exdelegados de Empleo de Sevilla

Entre los siete ex altos cargos de la Junta imputados, hay dos exresponsables de Empleo en Sevilla: Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Rivas. El primero de ellos fue delegado de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000. La juez le imputa tres delitos: prevaricación, malversación y obtención fraudulenta de ayudas. Recibió presuntamente dinero como prejubilado de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Antonio Rivas fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre 2004 y 2010. Está imputado por su "activa participación en la inclusión de intrusos" en la empresa Interur y de otros tres beneficiarios de su localidad natal de Camas (Sevilla), uno de ellos concejal del PSOE y otro cuñado suyo.

Rivas fue condenado por el caso Mercasevilla a finales de 2012 por cohecho a 21 meses de inhabilitación y una multa de 600.000 euros.

Juan Lanzas, el exsindicalista de UGT 'conseguidor' de los ERE

Lanzas, actualmente en prisión, está imputado como "mediador o conseguido" en distintos ERE. Él y su esposa son además dos de los "intrusos" de las prejubilaciones fraudulentas. Cobraron la indemnización sin haber trabajado nunca en Hitemasa.

La juez Alaya decretó su ingreso en la cárcel el 22 de marzo de 2013 por cinco presuntos delitos dentro de la segunda fase de investigación por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilaciones. La Audiencia Provincial de Sevilla le ha fijado una fianza de 450.000 euros para salir de la cárcel.

Está imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. Según las investigaciones, Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero de las comisiones.

El exabogado de Ruiz-Mateos Joaquín Yvancos señaló a la Guardia Civil que Lanzas cobraba 600.000 euros por ERE en dinero negro en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros. El exdirigente sindicalista ha negado que cobrara dinero como mediador.

En el caso están imputadas también como intrusas la esposa, la cuñada y la suegra de Lanzas.

Ismael Sierra, cuñado de Lanzas

Ismael Sierra es cuñado de Lanzas, el exsindicalista de UGT imputado en el caso de los ERE. Según la Guardia Civil, habría colaborado junto a este en la creación de un entramado societario a través del cual se desviaron fondos de origen ilícito.

La juez le mandó a prisión en marzo de 2013 imputado por malversación, asociación ilícita, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública, pero salió en libertad a los pocos días tras abonar la fianza de 50.000 euros que le impuso la magistrada.

Sierra figura como administrador único de varias empresas como Maginae Solutions presuntamente utilizadas para introducir las comisiones ilegales en el mercado financiero.

Antonio Albarracín, ex director general de Vitalia

Albarracín era el máximo responsable de Vitalia, la consultora que según la Guardia Civil obtuvo sobrecomisiones de más de 21 millones de euros por actuar como mediadora en los ERE investigados. Vitalia y Uniter acapararon la mayoría de estos expedientes de la Junta de Andalucía sin concurso público.

La UCO considera que Albarracín era "responsable" de fijar estas comisiones por encima del mercado. Según la Guardia Civil, además, "tenía conocimiento pleno y participaba activamente en la inclusión de intrusos" en las prejubilaciones.

Se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública. La juez le envió a prisión el 22 de marzo pero salió el 31 de mayo de 2013 tras pagar la fianza de 600.000 euros.

Eduardo Pascual y María Vaqué, exadministradores de Vitalia

La juez Alaya envió a prisión en marzo de 2013 a Eduardo Pascual y María Vaqué, ambos administradores de la consultora Vitalia, que habría cobrado más de 21 millones de euros en sobrecomisiones.

La Guardia Civil considera que aunque la actividad de la consultoría la dirigía Albarracín, las decisiones sobre las sobrecomisiones o la inclusión de intrusos no las pudo tomar sin la autorización de Pascual y Vaqué.

La UCO ha encontrado indicios de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

José González Mata, dueño de Uniter

González Mata está imputado en el caso de los ERE como el máximo responsable de Uniter, la consultora que, junto a Vitalia ,se llevó la mayor parte de las sobrecomisiones ilegales investigadas en el caso de los ERE.

La Guardia Civil estima que esta empresa cobró por esta vía unos 13 millones de euros. Según la Guardia Civil, ha participado durante diez años "en gran parte" de las subvenciones de la Junta de Andalucía para expedientes de regulación de empleo.

Según el sumario, González Mata fijaba comisiones e incluía intrusos en los ERE. Se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda pública.

Eduardo Leal del Real, testaferro del caso de los ERE

La juez decretó el ingreso de Eduardo Leal del Real en prisión, eludible bajo fianza de 50.000 euros, como presunto testaferro del caso de los ERE el 23 de marzo de 2013. La Guardia Civil ha encontrado indicios de presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y contra la Hacienda pública.

El UCO cree que colaboró en la "creación, organización y utilización" de un entramado societario para introducir en el circuito financiero mediante facturas falsas el dinero procedente del caso de los ERE.

Juan Francisco Algarín, testaferro del caso de los ERE

Juan Fancisco Algarín fue encarcelado en enero de 2013 como testaferro de varias empresas supuestamente empleadas por el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, para blanquear presuntamente el dinero obtenido por su mediación en los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía.

Algarín quedó libre dos meses después, en marzo, después de que la juez le dejara en libertad sin fianza a petición de la Fiscalía. Según declaró ante la Guardia Civil y la instructora del caso, entregó sobres con dinero Lanzas.

Está imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.

Ex altos cargos no imputados pero señalado por la UCO

José Antonio Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004. El actual diputado del PSOE en el Congreso no está imputado en el caso de los ERE, pero varios informes de la Guardia Civil destacan su "papel esencial" como promotor de las ayudas fraudulentas.

El ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero (1999-2008) aseguró en su declaración ante los agentes que Viera "dirigía realmente la política de concesión de ayudas". Habría favorecido supuestamente a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió el 70% de las ayudas.

En julio de 2000 firmó junto al entonces presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego IDEA) un convenio que, según la juez, "pudo dar origen al procedimiento específico" que empezó a otorgar las ayudas investigadas. Si fuera imputado, parte del caso de los ERE debería ser remitido al Supremo por su condición de aforado.

Manuel Recio (2010-2012) era consejero de Empleo de la Junta de Andalucía cuando saltó a la luz el caso de los ERE y fue el encargado de ir relatando los resultados de la investigación interna que abrió el Gobierno andaluz sobre las prejubilaciones fraudulentas para detectar a los 'intrusos'.

Aunque su director general, Daniel Rivera, está imputado en la presunta trama de corrupción, él no está acusado de ningún delito. Sin embargo, según un informe de la Guardia Civil, durante su mandato como consejero se habría ocultado información sobre los expedientes.

A finales de noviembre de 2010, una vez conocida la investigación de Mercedes Ayala, Rivera se reunió en la Consejería un fin de semana con otras siete personas para revisar la concesión de las ayudas. La UCO cree que no se destruyó información, pero sí que se sacó de los expedientes "documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".