El Gobierno "apuesta fuerte" por las Socimi con exenciones para que la banca alquile sus casas

• Fomento avanza puntos de la ley de arrendamientos que reformará este viernes
• Anuncia también medidas sin precisar para agilizar los desahucios

El Gobierno aprobará este viernes un proyecto de ley que dará importantes beneficios fiscales a las sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario (Socimi), una figura que servirá para que la banca dé salida a sus viviendas en el mercado de alquiler.

Según han avanzado fuentes del Ministerio de Fomento a Efe, la reforma de la ley del alquiler “eliminará la tributación” de estas sociedades, que ya gozaban de un marco privilegiado desde su creación en 2009, aunque no se habían extendido hasta ahora en un mercado paralizado y sobrevalorado. Estas sociedades se asemejan a las polémicas Sicav, pero para invertir en el arrendamiento de inmuebles.

Unas Socimi más potentes podrán servir como vehículo de inversión para adquirir algunos de muchos inmuebles que están actualmente a la venta en España y ponerlos en alquiler, según el Ejecutivo.

Complemento del 'banco malo'

Entre esos inmuebles pueden incluirse los activos inmobiliarios que adquiera el futuro ‘banco malo’, la entidad estatal que se hará con los activos inmobiliarios problemáticos de la banca, explica Efe.

Según esta misma fuente, la normativa prevé reducir a cero la tributación de las sociedades, que solo pagarán unos impuestos del 19% por la distribución de dividendos. Como contrapartida, las Socimi estarán obligadas a repartir el 80% de sus beneficios procedentes del negocio de alquiler en forma de dividendos, y esos dividentos tributarán al 19%.

Fuentes de Fomento consultadas por RTVE.es no han confirmado esta información, que llama la anteción porque en el anteproyecto presentado en mayo se hablaba de que tendrían una exención del 25% de los beneficios (frente al 20% actual), pero no del 100%.

En todo caso, es solo una de las numerosas relajaciones en la legislación de las Socimi [ver norma actual en el BOE, en pdf]. Entre otras medidas, se reducirá de siete a tres años el tiempo que tienen que permanecer en arrendamiento los inmuebles para poder beneficiarse de las ventajas fiscales y se limita a 5 millones de euros el capital mínimo para constituir una Socimi, muy por debajo de los 15 de la ley actual.

Según ha declarado este jueves el secretario de Estado de Vivienda, Miguel Ferre, el Gobierno “apuesta fuerte” por estas sociedades, que tienen también como objetivo la captación de capital extranjero.

Cuando se presentó el anteproyecto, la reforma de las Socimi ya suscitó el rechazo radical de movimientos sociales, como Attac (asociación que reclama una “justicia económica global”) que denunciaba una flexibilización sin contraprestaciones. Y proponía que una parte de las viviendas se pusieran en alquiler social.

Si España ya está a la cola de Europa en cuanto al alquiler (solo un 17% de la población vive en este régimen, según los datos de Fomento) el retraso en cuanto a esa alternativa con apoyo público es exagerado. Según los datos de este grupo, que se repiten en varios informes de otros expertos, solo un 1% de las viviendas en España son de alquiler social, por al menos un 15% de media en la UE.

Agilizar desahucios y "flexibilizar" el alquiler

Por otra parte, el anteproyecto también incluía algunos cambios en los plazos de los alquileres, y también se anunció que se agilizarían los trámites jurídicos para los desahucios.

Este jueves, la ministra Ana Pastor ha explicado que el procedimiento será en “diez días” y sin necesidad de sentencia, solo con un auto judicial, algo que ya contempla la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en octubre pasado [ver artículo 440] por el anterior Gobierno.

Fuentes de Fomento no han podido aclarar a RTVE.es en qué consistirán las novedades del proyecto de ley que se aprobará este viernes, pero han indicado que se agilizarán los procedimientos porque actualmente esa norma no es efectiva y algunos juzgados tardan meses en ejecutar los desahucios.

“No se puede olvidar tampoco a la parte arrendadora, que quizá tenga ese inmueble como fuente de ingresos“

Según Pastor, "lo que se quiere es reducir el procedimiento tedioso que se tenía que llevar a cabo hasta ahora para dictar una resolución, pues lo que está claro es que el que no paga, no va a pagar aunque se le dé más plazo".

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha asegurado que en ese “delicado” asunto "siempre ve la parte del pobre inquilino que no puede pagar, pero no se puede olvidar tampoco a la parte arrendadora, que quizá tenga ese inmueble como fuente de ingresos".

Esta será al menos la tercera medida que tome este Gobierno en materia de alquiler, la eliminación de la ayuda al alquiler para jóvenes y la supresión de la Sociedad Pública de Alquiler.