Recio afirma que "nada tiene que ver" la legalidad de los ERE con los "abusos" en su aplicación

• El exconsejero de Empleo (2010-2012) comparece ante la comisión de los ERE
• Señala que el 97% de los expedientes tramitados no tienen ninguna irregularidad

Recio afirma que "nada tiene que ver" la legalidad de los ERE con los "abusos" en su aplicación

El exconsejero de Empleo de la Junta Manuel Recio ha defendido ante la comisión de investigación parlamentaria por el caso de los ERE, que  "nada tiene que ver" la legalidad del sistema de ayudas  sociolaborales de la Junta de Andalucía, que ha defendido, con los  "abusos" que hayan podido producirse en su aplicación y que tienen  que investigarse "hasta las últimas consecuencias", al objeto de que  "nadie quede sin castigo" y se pueda recuperar "hasta el último  euro".

"No hay que confundir la legalidad con los abusos de aplicación" de las  normas, ha indicado el exconsejero entre 2010 y 2012, quien ha reiterado  que las ayudas "excepcionales, discrecionales y no arbitrarias" no eran  opacas porque se aprobaban en el Parlamento andaluz y eran conocidas  por los sindicatos y los empresarios, y además "nadie" puso reparos en  su concesión ni de su procedimiento.

Así se ha pronunciado el exalto cargo andaluz, que no está imputado en el proceso judicial que instruye la juez Mercedes Alaya y que ha abierto este lunes la quinta jornada de la comisión de  investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las  irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE),  tramitados por la Administración andaluza.

Recio ha explicado durante su intervención "el plan de acción"  llevado a cabo por su departamento para determinar las  irregularidades en los expedientes y la modificación que se realizó  en el procedimiento de ayudas, al tiempo que ha defendido la "total  colaboración" con la Justicia.

El exconsejero de Empleo, ha cifrado hoy en un 3% las irregularidades  que detectaron en la investigación interna sobre los ERE concedidos por  la Junta, y ha atribuido a un "abuso de confianza" las anomalías  cometidas y no a un mal procedimiento o a una falta de publicidad de las  ayudas.

"No existe otra administración que haya tenido un despliegue de  medios similar al de la Junta en su afán de colaboración y aclaración  de la verdad", ha señalado Recio, quien ha querido dejar claro que el  97% de los expedientes tramitados por la Junta no presentan  ninguna irregularidad.

Investigación sobre las pólizas

En su comparecencia ante la comisión del Parlamento andaluz sobre irregularidades en los ERE, Recio ha dicho que investigaron las pólizas de 5.982 trabajadores que cobraron ayudas, y ha asegurado que detectaron un 3% de casos irregulares, una cifra que, dijo, podría ocurrir en cualquier departamento administrativo.

Tras resaltar la "respuesta inmediata" que dieron al conocer las anomalías por investigar lo ocurrido internamente y ponerlo en comunicación de la justicia para recuperar lo defraudado, Recio ha reconocido que la Junta pagó 12,8 millones de forma indebida en las ayudas y dejó de abonar 14,7 millones ante sospechas de irregularidades.

La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, por su parte, ha acusado a Recio de mentir para "salvar" al presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE), y ha asegurado que existían numerosas contradicciones entre su testimonio y el de otros ex altos cargos, y ha dicho que se produjeron irregularidades porque los expedientes los hacían personas "afines al PSOE".

Recio, en respuesta a la diputada del PP, que le llamó "justiciero" por la investigación interna ordenada en la consejería, ha rechazado que hubiera mentido en su comparecencia, que destruyera pruebas durante la investigación interna y que conociera la afiliación de los beneficiados por las ayudas.

Por su parte, Alba Doblas, de Izquierda Unida, ha criticado el sistema de control financiero permanente de las ayudas, al que ha calificado como una "porquería", y ha considerado un "fraude de ley" por destinar un medio lícito a uno ilícito.

La portavoz de IU en la comisión también ha lamentado la "falta de explicación lógica" que ofrecía el exconsejero sobre por qué ocurrieron las irregularidades. En su intervención final, Recio ha defendido el buen fin de las ayudas destinadas a través de los ERE y ha criticado que se siga señalando con el dedo a los miles de trabajadores que las cobraron a pesar de que les correspondía.

Vallejo apunta a Empleo como responsable de los pagos

El que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la  Junta de Andalucía Francisco Vallejo ha afirmado que la Agencia de  Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) sólo materializaba los  pagos que ordenaba la Consejería de Empleo en cuanto a las ayudas  sociolaborales para trabajadores y empresas y ha negado cualquier  responsabilidad política en la comisión de investigación.

Asimismo, el que fuera alto cargo andaluz entre los años 2004 y  2009 ha señalado que desconocía el informe de Intervención General de  la Junta de Andalucía de 2003, donde se advertía de que las ayudas  tramitadas no se ajustaban al procedimiento administrativo previsto  y, además, ha asegurado que "no le correspondía conocerlo".

De igual manera, el segundo compareciente en la quinta jornada de  este lunes ha apuntado que aún así, este informe "no hacía reproche  jurídico a la Consejería de Innovación, ni a IDEA sino al órgano  gestor de la misma, es decir, a Empleo". En este sentido, también ha  señalado que este informe "no era vinculante y no alertaba en ningún  caso de ninguna irregularidad, ni ilegabilidad, ni menoscabo de  fondos, sólo de un procedimiento administrativo".

Soler niega haber conocido las irregularidades

Por su parte, el consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y marzo de 2010, Martín Soler, ha asegurado este lunes que "jamás" tuvo conocimiento de "ninguna irregularidad" en las ayudas a ERE que, ha recordado, "decidía de manera unilateral la Consejería de Empleo".

"Nunca participé, conocí o decidí nada que tuviera que ver con decisiones sobre ayudas sociolaborales a ERE", ha apostillado Soler, quien ha recordado que la agencia IDEA, adscrita a su Consejería, era "un mero agente pagador" de estas ayudas, que ordenaba Empleo "porque así se lo asignaba la ley".

Al igual que Francisco Vallejo, su antecesor en el cargo y en las comparecencias de este lunes ante la comisión de investigación, ha negado haber conocido durante su mandato el polémico sistema administrativo establecido por Empleo por el que ordenaba a IDEA pagar estas ayudas, para lo que le transfería los fondos presupuestados, pese a que este órgano pagador se había transferido a Innovación.

También ha coincidido con Vallejo en negar cualquier conocimiento del informe de la Intervención General de 2005 que presentó objeciones a este procedimiento de pago de ayudas para ERE y empresas en crisis, cuyo importe supera los mil millones de euros.

Soler se ha preguntado por qué la Intervención "y otros órganos fiscalizadores" no paralizaron este sistema de ayudas y ha sostenido que "está por ver" que fuese ilegal "hasta que no lo determine un juez".

En su opinión, estos pagos, que Empleo siguió ordenando al IFA después de ser transferido a la Consejería de Innovación y que mantuvo a su órgano sucesor, IDEA, eran "decisiones legales, necesarias y útiles",  que permitieron "salvar empresas con dificultades y garantizar a varios miles de trabajadores, que no tenían posibilidad de volver al mercado laboral, unos ingresos mínimos".

La portavoz de IU, Alba Doblas, no ha considerado verosímil que Soler desconociera que IDEA, ente que presidía, pagaba estos polémicos fondos, mientras que el diputado del PP Rafael Carmona le ha espetado al exconsejero: "Eso no se lo cree nadie".

Doblas ha añadido que dicho desconocimiento no le exime de "responsabilidad política" por el mal uso de parte de estas ayudas y ha deplorado que Soler haya desviado a sus subordinados cualquier responsabilidad sobre eventuales irregularidades.

El exconsejero le ha asegurado que no estaba entre sus funciones "el control del presupuesto" de su departamento, que ha calificado de "pura burocracia", ante lo que Doblas ha expresado su estupor porque la partida relacionada con los ERE irregulares ascendía cada año a unos cien millones de euros.

Preguntado por qué sólo se han detectado anomalías en las ayudas de su departamento que pagaba por orden de Empleo, el consejero ha interpretado que "porque no estaba el sinvergüenza de turno", en alusión al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión.