El consejero de Empleo cifra en 17 millones lo defraudado por 241 'intrusos' en los ERE

• Hay 196 prejubilaciones ilegales confirmadas y otras 45 se investigan
• Antonio Ávila es el primer mientro del Gobierno de Griñán ante la comisión
• Ver el gráfico de quién es quién en el caso de los ERE

Antonio Ávila comparece en la comisión que investiga la adjudicación irregular de los ERE

El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha criticado que solo se proyecten "sombras" sobre los ERE concedidos por la Junta durante una década y ha cifrado en 196 personas los 'intrusos' incluidos en los expedientes de regulación de empleo mientras se investiga a otras 45. En total, 241 perceptores que habrían recibido dinero de forma ilegal por valor de 17 millones de euros.

Antonio Ávila ha abierto este martes la sexta jornada de comparecencias ante la comisión de investigación del caso. El alto cargo del Gobierno andaluz de Griñán ha criticado la proyección "interesada" de "sombras" hacia un instrumento como los ERE entre 2001 y 2010 cuando "también hubo luces" y ha pedido que no se ofrezca una "falsa imagen" de corrupción generalizada, informa Efe.

El consejero ha destacado el bajo porcentaje de  trabajadores con irregularidades incluidos en expedientes de  regulación de empleo (ERE) fraudulentos en este periodo, aunque "una  sola irregularidad es criticable".

En este sentido, ha detallado que de los 81.464 trabajadores  afectados por ERE en el periodo 2001 y 2010 en Andalucía, solo el 7,9% (6.473) recibió ayudas públicas de prejubilación. De estas, 196  personas, el 0,29%, contienen alguna irregularidad y otras  45 se están analizando, informa Europa Press.

Así, el alto cargo andaluz ha apuntado a una "injusta  criminalización" del instrumento, "a veces interesada", cuando los  ERE se han utilizado "profusamente" en otras comunidades y en el  Gobierno central.

No da cifras sobre dinero recuperado

El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado por la Junta al alegar que la revisión de los casi 200 expedientes sospechosos es "un proceso dinámico".

Sí ha proclamado que "no debe permitirse un solo caso fraudulento" del uso de recursos públicos, pero ha denunciado la "injusta criminalización que, de manera interesada y a veces partidista", se ha hecho de los ERE.

También ha recordado que los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE entre 2001 y 2010 suponen un 5% por ciento del total nacional, porcentaje muy inferior al peso económico y demográfico andaluz en España, por lo que ha deplorado que se dañe la imagen de Andalucía asimilándola como "la tierra de los ERE".

A preguntas de la diputada de IU Alba Doblas sobre la "chapuza" del sistema de estas ayudas y del informe de la Intervención de 2005 que expuso la "ausencia" de procedimiento y la vulneración de leyes, Ávila se ha mostrado convencido de que "todos" los procedimientos "son susceptibles de ser eludidos y truncados" y -ha agregado- que "parece evidente que así ha sido".

Ha asegurado que ha conocido este informe recientemente, si bien ha estimado que la Intervención "no dice" que el procedimiento facilitara el fraude.

Carlos Rojas, portavoz del PP, ha interpelado a Ávila por si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, a lo que ha respondido que ambas entidades eran "meras pagadoras y no había nada que investigar".

Ávila apunta a Guerrero como responsable

Como otros comparecientes, ha situado la responsabilidad de los fraudes en la Dirección General de Trabajo que dirigía Francisco Javier Guerrero al apostillar: "Las decisiones eran de esa Dirección General; si eso es discrecionalidad, pues la hubo".

Sí ha admitido que, como presidente del Consejo Rector del IFA, cuestionó en un informe la expresión "incondicionada" para una ayuda porque "no entraba en la lógica".

También ha reconocido que el convenio marco origen del procedimiento investigado "no está regulado en ninguna orden o norma", a lo que Rojas le ha espetado que de esta "opacidad" han surgido" las irregularidades y le ha reprochado que "no leyera" los expedientes de ayudas que ordenaba Empleo y que todo se hiciera "sin publicidad".

"Ni era mi misión, ni me consta que nadie lo pidiese. El asunto nunca se ha tratado en el Consejo de Gobierno", ha acotado Ávila.

Las preguntas de Enrique Benítez (PSOE) han permitido al consejero explicar las competencias y atribuciones de sus distintos cargos, así como los motivos por los que la Junta impulsó una política de ayudas sociolaborales y a empresas.

Ávila, alto cargo de la Junta de Andalucía desde 1996, cuando fue nombrado director general de Fondos Europeos, es el primer miembro del actual Gobierno andaluz que preside Griñán que declara en esta comisión, circunstancia que ha subrayado la diputada de IU Alba Doblas al destacar los escasísimos casos de gobiernos que comparecen ante comisiones de investigación.