El exinterventor general andaluz asegura que Empleo debió tomar medidas tras las auditorías

• Afirma que se detectaron "graves" irregularidades
• Aún así insiste en la legalidad de las ayudas sociolaborales
• Ver el gráfico de quién es quién en el caso de los ERE

El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha  asegurado este martes ante la comisión de investigación constituida  en el Parlamento de Andalucía sobre las irregularidades detectadas en  los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta  de Andalucía las Consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación  debieron "tomar medidas" cuando la Intervención General les remitió  los informes en los que este órgano detectó "graves" irregularidades  en el procedimiento de gestión de las ayudas.

En su declaración inicial en esta sexta jornada de comparecencias,  Gómez, que dirigió la Intervención General entre 2000 y 2010 y fue  interrogado como testigo por la Guardia Civil en octubre de 2011 al  haber emitido informes desfavorables sobre cómo el Instituto de  Fomento de Andalucía (IFA) pagaba a los prejubilados de los ERE  mediante transferencias de financiación desde la Consejería de  Empleo, ha insistido en que estas Administraciones, por "sentido  común", debieron "tomar medidas" al respecto porque, según ha  ejemplificado de una forma muy gráfica, "sería como si el vecino te  avisa de que al extractor de tu cocina le salen llamas" y, en lugar  de llamar a los bomberos, "esperas a que el vecino te lo confirme por  correo electrónico".

Con todo,  Gómez ha insistido en la "legalidad" de las ayudas  sociolaborales a empresas y a individuales y ha querido poner en  valor el papel y el trabajo de la Intervención General de la Junta de  Andalucía. "Es evidente que ningún sistema de control, por perfecto  que sea, podrá prevenir de abusos y de fraude, pero en este caso creo  que el dispositivo de control ha dado los resultados que se deben",  ha valorado.

Según el exinterventor el procedimiento, aunque "legal", era "inadecuado" porque carecía de controles previos. Gómez ha explicado que la Intervención detectó y alertó en quince ocasiones de "incumplimientos y deficiencias" en la tramitación de estas ayudas "sin procedimiento legal", pero no pudo realizar un informe de actuación porque las detectó en el IFA pero las irregularidades eran responsabilidad de Empleo.

Ayudas sin fiscalización previa de la Intervención

Ha detallado que, con este procedimiento de gestión, las ayudas de Empleo "no estaban sujetas a la fiscalización previa" de la Intervención, "consecuencia del sistema diseñado".

A preguntas de la diputada de IU Alba Doblas sobre cómo se repartían estas ayudas de Empleo Gómez, interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, ha espetado: "No he visto un caso como este".

Ha explicado que este sistema no requería fiscalización previa, por lo que la Intervención tuvo que redactar un informe especial tras advertir "deficiencias administrativas muy serias" al auditar el IFA y descubrir estas anomalías en órdenes de pago que le dictaba Empleo.

"Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido", ha apostillado, en alusión a lo manifestado en esta comisión por varios exconsejeros.

Aunque ha precisado que el "marco de las ayudas" creado por Empleo era legal y se consignaba cada año en el Presupuesto de la Junta en la partida 31L, ha matizado que lo que "no dice el presupuesto" es cómo se gestionan las ayudas, materia que regulan leyes como la de subvenciones o de Hacienda Pública.

Los informes de Intervención detectaron en varios años "deficiencias" en las transferencias de Empleo al IFA, "errores o incumplimientos" en expedientes de gasto, tramitación de subvenciones "vulnerando" las normas de ejecución o concesión de subvenciones "sin procedimiento legal".

Todos los informes de Intervención, según Gómez, fueron remitidos a sus destinatarios legales: IFA o la Agencia IDEA, la Consejería de Innovación, de la que dependían estos entes gestores; la de Empleo, y la de Economía y Hacienda.

"Nunca se dedujo la existencia de fraude" de fondos públicos

Respecto a si el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, tuvo que conocer este informe, Gómez ha interpretado que lo conoció pues la "insuficiencia presupuestaria" de 38 millones detectada "sí fue objeto de atención (de Hacienda) porque se fue reduciendo hasta que desapareció".

Aun así, ha esgrimido que "nunca se dedujo la existencia de un supuesto de fraude o menoscabo" de fondos públicos.

El diputado del PP Rafael Carmona ha informado al exinterventor de que la Junta asegura que no existe documento alguno que delegue en el director general de Empleo las competencias para el reparto de estas ayudas, a lo que Gómez ha contestado que, en tal caso, no era competente para concederlas.

A preguntas de la socialista Antonia Moro, Gómez ha declarado que nunca recibió presiones de ningún consejero de Hacienda y que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue muy respetuoso con él.