Mato asegura que "nadie" quedará desatendido pero insiste en que los 'sin papeles' tendrán que pagar

• Los inmigrantes sin residencia se quedarán sin tarjeta sanitaria en septiembre
• Se escuda en una ley de 1986 para justificar no dar asistencia a los inmigrantes

Faltan tres días para que los extranjeros sin papeles deban pagar la asistencia sanitaria recibida

La ministra de Sanidad, Ana Mato, asegura en que "nadie va a quedar desatendido" a partir del 1 de septiembre, cuando unos 153.000 inmigrantes sin residencia legal en España pierdan la tarjeta sanitaria, aunque insiste en que estos ciudadanos tendrán que pagar el servicio. 

Durante la apertura de una reunión en Valladolid con consejeros de nueve autonomías, Mato ha explicado que el pago del servicio sanitario a aquellos ciudadanos que no tengan tarjeta no supone una novedad y que está recogido en la Ley General de Sanidad de 1986.

La novedad es que se quita la tarjeta sanitaria a una población que hasta ahora sí tenía derecho a ella simplemente con estar empadronados. Un requisito que ahora cambia por el de la residencia legal. Solo se atenderán las urgencias, a los menores y las mujeres embarazadas.

Por este motivo, Médicos del Mundo ha lanzado una campaña para promover la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios y seguir atendiendo a los inmigrantes 'sin papeles' como hasta ahora.

Asistencia "a todo el que lo necesite"

Mato ha expresado que la asistencia sanitaria "se seguirá prestando a todo el que lo necesite" por medio de los "procedimientos de gestión" que desarrollarán las comunidades autónomas "sin que por ello se genere ningún derecho, que pueda dar lugar a ciertos abusos ni que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema".

Además, ha insistido en que está garantizada la prevención y el control de enfermedades transmisibles a través de los programas de salud pública, así como los tratamientos de urgencia y el seguimiento de los crónicos "para extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal".

"No es una cuestión de ajuste económico, se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas", ha remarcado Mato, convencida de que con estos cambios en el marco legal del aseguramiento se garantiza "el principio de reciprocidad" cuando los españoles viajan al extranjero.

"Freno al turismo sanitario"

La ministra ha afirmado que estas medidas van a servir para "poner freno al turismo sanitario", que según los cálculos del Tribunal de Cuentas utilizados por Mato ha costado a España cada año más de 1.000 millones de euros.

En general, ha opinado que estos cambios son un "gran paso hacia la universalidad" al conseguir "por primera vez" que "todos los españoles y extranjeros con residencia legal" en España tengan "garantizado el derecho a la sanidad a través de la tarjeta sanitaria".

Mato ha considerado que la reforma "avanza y está dando pasos en el camino de la sostenibilidad" con "importantes resultados", entre los que ha citado la reducción del gasto farmacéutico, conocida en los últimos días y que ha supuesto una disminución de casi el 24 por ciento en julio -221 millones menos- respecto al mismo mes del pasado año, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo copago.

Compra centralizada de vacunas

Por último, la ministra se ha referido a los avances en materia de compra centralizada de medicamentos y ha recordado que recientemente se ha logrado un acuerdo con las autonomías para adquirir conjuntamente las vacunas infantiles para 2013 y 2014 y lograr así un ahorro de 31 millones de euros.

En este balance de las medidas aplicadas hasta el momento, Mato ha afirmado que "la universalidad, gratuidad y carácter público de la asistencia sanitaria están y van a seguir estando garantizados, contando en todo caso con la colaboración de los profesionales sanitarios", a los que se ha referido como el "mejor activo" del sistema.

A la reunión, considerada como "deliberativa" e "informal" han asistido los consejeros de Aragón, Murcia, Galicia, Cataluña, La Rioja, Madrid, Baleares, Extremadura y Castilla y León, mientras que los representantes de autonomías como el País Vasco, que en los últimos días han polemizado con el Ministerio por los datos del gasto farmacéutico, no han participado al no tratarse de un encuentro de carácter "decisorio", según han explicado a Efe fuentes de su ejecutivo.