Ocho comunidades atenderán a inmigrantes 'sin papeles' aunque algunas con restricciones

• Cataluña y Galicia explican cómo atenderán a los inmigrantes 'sin papeles'
• Cataluña exigirá tres meses de empadronamiento en la comunidad
• Galicia, estar empadronado antes del 1 de septiembre y no tener recursos

Ocho comunidades atenderán a inmigrantes 'sin papeles' aunque algunas con restricciones

El 1 de septiembre unos 153.000 inmigrantes sin residencia legal en España se quedarán sin tarjeta sanitaria. Ocho comunidades autónomas, entre ellas Galicia, la primera del PP que se desmarca de la medida del Gobierno de Rajoy, han anunciado que seguirán atendiendo a los 'sin papeles' aunque algunas lo harán con algunas restricciones.

Galicia ha anunciado este jueves que atenderá a los inmigrantes 'sin papeles' que carezcan de recursos económicos y estén empadronados en la comunidad antes del 1 de septiembre. Aún con requisitos es la primera comunidad 'popular' que ha anunciado que no seguirá al pie de la letra el real decreto ley que restringe la asistencia sanitaria de esta población solo a las urgencias, las embarazadas, los menores y los enfermos crónicos ya diagnosticados.

La autonomía gallega se une así a las comunidades 'objetoras' de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias, Canarias y Navarra, que ya habían anunciado hace días que seguirían atendiendo a esta población. Castilla y León no ha sido tan clara, pero ha insinuado que seguirá atendiendo a todo el mundo igual y que si no le pagan la asistencia meterá las facturas "en el cajón de los impagados".

Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias han anunciado que atenderán sin restricciones. Cataluña y Galicia han impuesto condiciones. Navarra ha anunciado un línea de ayudas para los inmigrantes que no puedan pagar.

Cataluña pedirá tres meses de padrón

Cataluña también ha explicado este jueves cómo atenderá a las 600.000  personas (no todos inmigrantes 'sin papeles') que perderán su tarjeta  sanitaria el 1 de septiembre.

Cataluña seguirá atendiendo a los inmigrantes 'sin papeles' (unos 180.000 según sus cálculos) siempre que acrediten que llevan tres meses empadronados en la comunidad.  Si llevan menos tiempo solo tendrán derecho a la atención que recoge el decreto del Gobierno: urgencias, atención al embarazo, parto, postparto y asistencia a menores de 18 años.

A los que lleven más de tres meses se les proporcionará un documento, únicamente válido en Cataluña, con los que tendrán garantizado el acceso a atención primaria en sus centros de salud. A partir del segundo año de residencia acreditada, los inmigrantes podrán acceder a la atención especializada hospitalaria no urgente una vez que se hayan realizado las pertinentes comprobaciones para descartar que no se trate de un caso de turismo sanitario.

En cualquier caso, lleven tres meses o no de residencia,  los pacientes que ya estuvieran siguiendo un tratamiento podrán continuarlo más allá del día 1 de septiembre.

Cataluña estima que hay otros 420.000 españoles que perderán también su condición de asegurados, como religiosos o profesionales liberales o personas que simplemente deben actualizar sus datos de residencia. Estas personas tendrán seis meses para regularizar su situación, lo que se hará de forma prácticamente automática cuando pasen por el mostrador de un centro de atención primaria.

Una vez que pongan al día sus datos recibirán un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará la misma cobertura integral del Servicio Catalán de Salud (CatSalud), siempre que no mantengan un nivel superior a 100.000 euros, ya que para estos casos el decreto les retira la cobertura sanitaria.

En Galicia, empadronados sin recursos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que Galicia continuará prestando asistencia sanitaria ordinaria en urgencias y centros de salud a los inmigrantes 'sin papeles' que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas.

Los ingresos de estas personas no podrán superar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria "solo la puede dar el Ministerio".

Núñez Feijóo ha insistido en que el rigor en las cuentas públicas de Galicia, "la comunidad más solvente", permite "recoger frutos" y le permite tener un "mayor margen de maniobra" para adoptar medidas como "la atención ordinaria que precisen" a los inmigrantes sin papeles y sin recursos que demuestren "una relación de vecindad" con Galicia, informa Efe.

Andalucía, atención como hasta ahora

Andalucía seguirá atendiendo a los inmigrantes 'sin papeles' "exactamente igual que hace un ames o hace un año", según ha subrayado la consejera andaluza de Salud, María Jesús Moreno, quien ha subrayado que se mantendrá la "protección universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan".

En Andalucía son unas 46.000 personas las que disponen de un "Documento asistencial temporal" que los identifica dentro del sistema de salud para poder efectuar un seguimiento de su historial y su paso por los distintos centros sanitarios. El porcentaje de consultas de atención primaria que ocupa este colectivo es del 0,6 %, que Montero ha considerado "muy bajo" por tratarse de personas que carecen de "cultura asistencial" y además "viven en situación de miedo".

La consejera ha señalado que "incluso económicamente conviene atenderlos" en atención primaria,  ya que si se produce un agravamiento de su padecimiento "además de un drama, se incrementa el coste de la atención". El primer nivel sanitario es el más adecuado, ha insistido, y ha supuesto que en otras comunidades autónomas que no se les preste atención primaria se les atenderá por urgencias.

País Vasco, a todos los 'sin papeles' como hasta ahora

El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado que el  Gobierno vasco va a, "simplemente, desobedecer" los recortes en sanidad de Rajoy, por lo que en Euskadi los inmigrantes "van a seguir  siendo atendidos como debe ser". A su juicio, esto no es   "insumisión", informa Europa Press.

En declaraciones a los medios en San Sebastián, Bengoa ha criticado que el  Ministerio de Sanidad vaya a buscar soluciones en "distintos  grupitos", en este caso los inmigrantes, ya que "no es este sector de  la sociedad el que crea un problema de insostenibilidad en el  sistema", sino que "es un tema muchísimo más estructural y  profundo".

Asturias tampoco excluirá a 'sin papeles'

Asturias ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco ha aclarado cómo hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales.

Canarias no dejará de atender a nadie

El Gobierno de Canarias "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero "no dejará de atender a nadie que lo necesite", según ha anunciado este jueves su viceconsejero portavoz, Martín Marrero.

El Gobierno de Canarias se sumó este miércoles a los del País Vasco, Andalucía y Asturias en un comunicado conjunto en el que expresaban su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con "implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles" y "a extranjeros que residen en España".

Navarra habilitará una línea de ayudas

El Gobierno de Navarra (UPN) va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla.

Con esta medida desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales, lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150 inmigrantes irregulares.

Castilla y León, facturas impagadas en el "cajón"

El servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) atenderá en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia sanitaria y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá "en el cajón de los impagados" aquellos casos en los que no tenga recursos.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que cumplirán la normativa fijada por el Ministerio, aunque seguidamente ha señalado que atenderán a "todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no, que acudan a la atención primaria demandando una atención".

A raíz de esa situación, con una estimación de entre 4.500 y 5.000 personas que pueden vivir en Castilla y León sin tener tarjeta sanitaria actualmente, lo que hará la Junta será "ver si ese ciudadano puede pagar los 59 euros mensuales" que establece el convenio por tener asistencia sanitaria.

El resto de las comunidades seguirán la norma del Gobierno

El resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.

La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha afirmado este jueves que en Madrid se cumplirá la ley en cuanto a asistencia médica a inmigrantes ilegales por parte de la Sanidad pública, que incluye la atención a enfermos crónicos que ya están siendo tratados, pero no "a los que empiecen a venir ahora nuevos".

Aguirre ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, donde ha recalcado que en la Comunidad de Madrid "se cumple la ley y la ley lo primero que dice es que tenemos que atender a todos los ciudadanos".

Sin embargo, ha añadido que "es claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque eso no sería posible".

El Sistema Público de Salud de La Rioja prestará asistencia sanitaria a todos los extranjeros irregulares que lo pidan y, posteriormente, emitirá la correspondiente factura para cobrarles esa prestación, con excepción de menores, mujeres embarazadas y en casos urgentes.

Así lo ha explicado hoy el consejero de Salud riojano, José Ignacio Nieto, quien, en una rueda informativa, se ha referido a los efectos que tendrá en la región la entrada en vigor este sábado, día uno, del Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Objeción de conciencia de los sanitarios

Los últimos datos hechos públicos por la  Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) desprenden que un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, han mostrado su intención de  recurrir a  la objeción de conciencia para poder atender a los  inmigrantes  irregulares o 'sin papeles' cuando pierdan su derecho a la tarjeta sanitaria.

Sobre estas iniciativas, la consejera andaluza de Salud ha señalado que se trata de "una expresión bastante generalizada" y ha mostrado su convencimiento de que los "profesionales sanitarios van a seguir igual".