El ministro de Justicia de Sudáfrica critica que se acuse de asesinato a los propios mineros

• La Fiscalía acusa a los huelguistas del asesinato de sus compañeros 
• La decisión ha creado "conmoción y miedo", dice el ministro 
• Los mineros denuncian malos tratos de la Policía

El ministro de Justicia de Sudáfrica ha criticado a la Fiscalía por haber acusado a los propios mineros en huelga de la mina de platino Marikana del asesinato de sus 34 compañeros masacrados por la Policía.

Según ha reconocido el ministro, Jeff Radebe, la decisión de la Fiscalía ha causado "pánico y confusión" entre la población.

"No hay duda de que la decisión ha inducido una sensación de conmoción, pánico y confusión entre los miembros de la comunidad y en el público sudafricano en general. Por lo tanto me compete buscar una clarificación", ha diho Radebe en un comunicado.

La Fiscalía ha utilizado una ley llamada de "finalidad común", proveniente del apartheid, para acusar a 270 compañeros de los fallecidos que se encuentran ya bajo arresto como sospechosos en un tiroteo anterior. Alega que los mineros estaban presentes en el lugar y portaban armas.

Dicha ley era usada por el régimen racista para condenar a numerosas personas por los crímenes cometidos por una minoría. Como ejemplo, Mosiuoa Lekota, un exministro del Congreso Nacional Africano (ANC) y ahora líder de un partido opositor, fue encarcelado durante el apartheid en un caso en el que fue invocada la misma ley. Lekota ha calificado la decisión de paso atrás en la democracia.

El ANC a menudo ha sido criticado por usar en el poder tácticas similares a las que el régimen anterior utilizaba para reprimirles. Los críticos del presidente del país, Jacob Zuma, le acusan de estar más interesado en llevarse bien con la industria minera que con los trabajadores. Zuma, que este viernes participa en una reunión de la Internacional Socialista, no ha querido comentar la decisión de la Fiscalía.

Críticas a la empresa y al sindicato mayoritario

Los mineros, sin embargo, prefieren responsabilizar de lo ocurrido a la empresa propietaria de la mina, Lonmin, y a la Unión Nacional de Mineros (NUM, en sus siglas en inglés).

"Culpo a la dirección de la empresa. Son los que llamaron a la Policía. NUM está demasiado ocupado con la política para ayudarnos", dice Lazarus Letsoele, uno de los huelguistas.

Pero la animadversión al NUM puede perjudicar a Zuma y al ANC en las próximas elecciones, ya que muchos exdirigentes sindicales ocupan puestos en el Gobierno y en el partido gobernante.

Expertos legales ven en la decisión de la Fiscalía una maniobra torpe para mantener a los mineros más tiempo en prisión. Creen que los cargos no se sostendrán cuando los 270 pidan libertad bajo fianza.

La Policía, por su parte, no será objeto de ninguna acusación hasta la conclusión de la comisión de investigación puesta en marcha por el Gobierno. Sin embargo, tiene otro frente abierto: el Directorio Independiente de Investigación de la Policía, una agencia de control gubernamental, asegura haber recibido más de 200 denuncias de malos tratos y abusos por parte de los trabajadores detenidos.