Una jueza federal de Arizona abre el camino para aplicar la polémica ley de inmigración

• La ley permite a la policía cuestionar el estatus migratorio de pesonas detenidas
• La jueza no ha establecido una fecha exacta para su entrada en vigor
• Varias organizaciones civiles temen que cause prácticas de perfil racista

Una jueza federal de Arizona (Estados Unidos) ha dado vía libre para que entre en vigor una controvertida medida por la cual la policía de ese estado aplicará una sección de la ley SB1070, que les permite cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas.

La jueza de Arizona Susan Bolton ha rechazado la petición de una coalición de organizaciones civiles que habían pedido el pasado mes de agosto una nueva suspensión temporal de la entrada en vigor de la "sección 2b" de la cotada ley, bajo el argumento de que causaría prácticas de perfil racista en contra de conductores hispanos.

La juez federal no ha establecido una fecha exacta para su entrada en vigor, pero varios expertos aseguran que esto podría ser muy pronto. Esta cláusula fue calificada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, como el "corazón" de la legislación antiinmigrante.

Los demandantes centraron su caso en testimonios de personas cuyos derechos, aseguran, han sido violados a pesar de que la controvertida regulación todavía no ha entrado en vigor. La coalición, integrada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tiene la posibilidad de apelar esta decisión de la jueza Bolton, pero todavía no se han pronunciado al respecto.

Para que la "sección 2b" entre en vigor, Bolton deberá ahora terminar con la suspensión temporal impuesta por ella misma en 2010 en respuesta a una demanda interpuesta por el Gobierno Federal en contra de la SB1070.

Una jueza de Phoenix, la capital del estado, ha decidido aceptar el recurso del gobierno Obama. Ha bloqueado los puntos de la ley que los colectivos de inmigrantes consideraban discriminatorios.

En junio pasado, el Tribunal Supremo anuló tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona, promulgada en abril de 2010, pero mantuvo la disposición más espinosa, que permite a la Policía pedir "los papeles" de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga "sospecha razonable" de que son indocumentados.

Un tribunal federal ha anulado partes fundamentales de esta normativa de acuerdo con el recurso interpuesto por la administración Obama.

En esa ocasión, el Supremo advirtió de posibles problemas constitucionales con la "sección 2b", pero no la anuló en base a las pruebas y argumentos que presentó el Gobierno federal.

Por contra, en esta nueva decisión, Bolton ha fallado a favor de una petición de este grupo de organizaciones cívicas de suspender de forma preliminar una parte de la SB1070 relacionada con dar albergue y transportar inmigrantes indocumentados.

Casos de perfil racial

La representante del grupo Respet (Respeto), Lydia Guzmán, considera que con esta medida Bolton cree que todavía no hay evidencias sobre la mala aplicación de esta cláusula y hay que esperar a que entre en vigor la ley para comprobar si realmente se producen casos de perfil racial.

"Creemos que la juez Bolton dejó entrar en vigor la sección 2(b) para darnos cuenta del efecto que tendrá entre la comunidad", ha explicado a Efe Lydia Guzmán.

La activista ha indicado que esta decisión significa que los departamentos policiales estarán ahora "obligados" por esta ley a cuestionar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas, incluyendo detenciones de tráfico.

"Creo que nuestra comunidad debe de tener ahora más cuidado y cuidarse de no cometer infracciones de tráfico, especialmente aquellos que no cuentan con un estatus migratorio en regla", ha dicho la activista.

Guzmán ha reconocido que el fantasma de esta legislación ha causado mucho temor entre la comunidad inmigrante en Arizona y ha indicado que estarán muy pendientes para documentar todos los casos donde los derechos de las personas sean violados bajo la "sección 2b".

Arizona se convirtió en el epicentro del debate migratorio después de que la SB1070 se convirtiera en ley y desde entonces esta regulación ha servido de ejemplo para que otros estados sigan sus pasos aprobando medidas legislativas en contra de los indocumentados.