El Gobierno expresa su "máximo respeto" al recurso del fiscal contra la libertad de Bolinaga

• Santamaría también respeta la decisión final que tome la Audiencia
• La Audiencia debe decidir si el recurso lo resuelve el pleno de la Sala Penal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado este viernes el "máximo" respeto del Ejecutivo al recurso del fiscal contra la concesión de la libertad condicional al preso etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga y a la decisión final que adopte la Audiencia Nacional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta se ha referido también al comunicado hecho público este jueves por el colectivo de presos de ETA Herrira en el que criticaban la política del Gobierno, a lo que ha contestado que la posición del Ejecutivo frente a ETA es: "no se negocia nada, no se pacta nada, no se cede nada porque dejen de ser terroristas".

"ETA solo tiene un fin, que es disolverse, y para eso adoptaremos todos los instrumentos del Estado de derecho para ese fin: su disolución incondicional", ha recalcado.

Sobre si diferentes opiniones en el seno del PP acerca de la concesión del tercer grado a Bolinaga por parte del Ministerio del Interior pueden afectar al resultado de las próximas elecciones vascas, ha puntualizado que ella habla "en nombre del Gobierno, no en nombre de ningún partido", y ha añadido que el Ejecutivo "toma las decisiones que tiene que tomar con arreglo a la ley".

En cuanto al recurso del fiscal en el caso del etarra Bolinaga, ha recordado que "nos encontramos en un proceso judicial" y ha reiterado que el Gobierno respetará las decisiones judiciales que se produzcan en este caso.

En ese sentido ha querido expresar su "máximo respeto" al recurso del fiscal Pedro Rubira contra la concesión de la libertad condicional a Bolinaga acordada por el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro y a la decisión que finalmente adopte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional "en relación a ese recurso".

Ya el pasado miércoles, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apoyó la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de recurrir la libertad condicional de Bolinaga y destacó que ese recurso se basa en que el fiscal no fue avisado de la vista del juez Castro al preso en el hospital de San Sebastián en el que permanece ingresado

Marlaska pregunta si el recurso va a pleno

Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha preguntado a los magistrados de dicho tribunal si lleva a Pleno el recurso de apelación de la Fiscalía contra la libertad condicional del preso etarra.

Así lo ha acordado Grande-Marlaska en una providencia en la que explica que ha tomado esta decisión al tener en cuenta que el Ministerio Fiscal estima de interés avocar el recurso al Pleno, y da a los magistrados 24 horas -a contar desde el lunes- para tomar una decisión.

La Sala de lo Penal está integrada por 19 magistrados, pero deberán votar 18 al estar una de las magistradas -Manuela Fernández Prado- con una licencia de vacaciones para estudios.

Grande-Marlaska apunta en su providencia que, en caso de no alcanzarse mayoría entre los magistrados -se necesitan los votos de diez-, resolvería la sección primera, encargada de todos los asuntos de Vigilancia Penitenciaria, la que resuelva el recurso de apelación de la Fiscalía.

"Para el supuesto de que no se alcance la citada mayoría se llevará a cabo la deliberación por esta sección -primera- de manera inmediata", subraya el magistrado.

Esta sala está presidida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska e integrada por Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda Peña.

La Fiscalía, que se opuso a la excarcelación de Bolinaga, pidió en su recurso que fuera el pleno de la Sala de lo Penal quien resolviera esta cuestión "teniendo en cuenta la importancia y complejidad de las cuestiones que suscitan, la repercusión que puede tener para otros casos similares que se puedan plantear y la necesidad de establecer criterios jurídicos unánimes".