La reforma educativa impondrá exámenes al final de ESO y Bachillerato para obtener el título

• Estas evaluaciones serán "externas" y "estandares" en todas las etapas
• La selectividad, prueba vigente de acceso a la universidad, desaparece
• Desparece Educación para la Ciudadanía, que en ESO será Educación Constitucional

El título de ESO y Bachillerato dependerá de un examen final

El Gobierno ha propuesto una reforma educativa que contempla evaluaciones "externas" y "estándares" en todas las etapas (Primaria, Secundaria y Bachillerato) para poder comparar el rendimiento entre las comunidades autónomas. Estos exámenes serán imprescindibles para obtener el título de ESO y Bachillerato y sustituyen a la selectividad, la prueba ahora vigente para acceder a la universidad.

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha explicado que no se trata de una "recentralización" de la educación, ya que las autonomías conservan sus competencias, sino que es un sistema que da "equidad" y una "competitividad sana" entre las CCAA.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Wert ha señalado que este Anteproyecto de Ley de Mejora de Calidad Educativa tiene como objetivo principal mejorar el nivel educativo y combatir la tasa del abandono escolar del 26,5%, ya que es un "fracaso radical" que "uno de cada cuatro alumnos no alcance los estudios mínimos". Según el ministro, esta tasa negativa dobla a la media de la UE, que se ha propuesto reducirla hasta el 10% para 2020.

El segundo objetivo de este reforma se centra en mejorar la "empleabilidad" y la "competitividad de nuestra economía", para que el derecho a la educación sea "real" y "efectivo".

4º ESO = curso de iniciación

La "equidad territorial" ocupa, según Wert, el protagonismo fundamental de esta reforma, ya que ahora el camino de los estudiantes hasta los 16 años es "uniforme" y "sin diversificación previa". Por ello, el Gobierno ha decidido "corregir" la "conversión" de 4º de la ESO para convertirlo en un curso de iniciación a FP o Bachillerato.

Las asignaturas instrumentales -Lengua, Matemáticas y Ciencias- se reforzarán ya que, según opina el ministro, estas asignaturas son "el cimiento sobre el que se edifica la capacidad de seguir aprendiendo en la vida". También habrá un refuerzo en el estudio de idiomas y una mayor implantación de las tecnologías de la información y la comunicación.

En Primaria, la materia Conocimiento del Medio se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y desaparece Educación para la Ciudadanía, que en ESO es sustituida por un curso de la nueva Educación Cívica y Constitucional.

Se modernizará la Formación Profesional de Grado Medio y se creará un mecanismo efectivo de tránsito a la FP Superior. El ministro ha asegurado también que se incrementará las competencias de los centros a través de los directores y los jefes de estudio.

Evaluaciones estatales en cada ciclo

Para conseguir esa "equidad" entre las diferentes comunidades, Wert ha explicado que se implantará un nuevo sistema de evaluaciones en cada etapa educativa de una manera "estándar" y "externa" al centro.

En Primaria habrá exámenes en tercer y sexto curso, aunque el resultado no decidirá si un alumno debe o no repetir, algo que dependerá del profesorado del centro con su evaluación global.

Para ESO y FP este examen final se ponderará con los resultados obtenidos a los largo de todo el ciclo y será necesario aprobarlo para obtener el título académico correspondiente. "Esto nos permitirá tener nuestro propio estudio PISA" interno para nuestro territorio, ha señalado Wert.

En Bachillerato, la llegada de esta nueva evaluación sustituirá a la selectividad, y también será necesario aprobarla de forma satisfactoria para obtener el título.

Regulará hasta el 75% de los contenidos

El Gobierno central aumentará su capacidad de fijar los contenidos educativos hasta el 65% en el caso de comunidades con lengua cooficial y al 75% para el resto, según ha avanzado el ministro en la rueda de prensa.

La propuesta corresponde el establecimiento de los criterios de la evaluación de alumnos y las proporciones curriculares señaladas como legislación básica. En la legislación vigente, al Gobierno corresponden el 55 y 65 % de los contenidos curriculares.

A las comunidades, según Wert, corresponde la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos no atribuida el Estado.