La delegación del Gobierno en Madrid autoriza las marchas del 25S al Congreso, pero a distancia

• La plataformas convocantes de las marchas aseguran que no lo han solicitado
• La delegación autoriza la marcha pero prohíbe las acampadas permanentes

La Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado varias concentraciones, reuniones y marchas, así como una "asamblea general" convocadas para el próximo día 25 en el entorno del Congreso, pero a cierta distancia de la cámara y sin acampada permanente.

La autorización se ha concedido, mediante escrito del pasado día 20 al que cita Efe, a instancias de un particular que lo solicitó en la mañana del día 19 y que, según han dicho fuentes de la Delegación, representa a los convocantes.

Sin embargo, la Coordinadora 25S y la Plataforma en Pie, convocantes de la marcha ciudadana que quiere rodear el Congreso el próximo martes, aseguran que no han sido ellas las que han solicitado la autorización.

Desde la web de Democracia Real aseguran que han sabido que "R. O. G. R, un ciudadano particular, ha comunicado a Delegación del Gobierno, a título individual, las movilizaciones del 25s" y explican que "ni la Coordinadora 25S ni la Plataforma en Pie han tenido ni tienen intención de comunicar por cauce oficial a la Delegación del Gobierno la convocatoria del 25 de septiembre".

En su opinión, la convocatoria "ya es pública y ya tienen información suficiente para poder proteger nuestro derecho a manifestarnos". Indican que el solicitante, al que sólo identifican mediante siglas, comunicó a Delegación un programa que "coincide parcialmente" con lo propuesto por los convocantes.

Concentraciones autorizadas

Lo autorizado son concentraciones en la plaza de España y Atocha entre las 12 y las 14 horas del día 25, siempre en zonas peatonales "salvo que la afluencia de personas desborde la capacidad" de éstas, "en cuyo caso se habilitarán nuevos espacios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Las mismas puntualizaciones establece la Delegación del Gobierno al autorizar las reuniones o "asambleas populares" en la plaza de España y en el paseo del Prado de 14 a 17:30 horas.

A las 17:30 tienen el visto bueno de la Delegación las marchas-manifestaciones desde la plaza de España a Sol por la calzadas derecha de Gran Vía, Callao y Preciados, y desde Cibeles a Neptuno, donde se realizará la lectura de una "proclama ciudadana".

La lectura de esta "proclama" se había solicitado para las 18 horas "en la empalizada que rodea el Congreso de los Diputados" pero la Delegación del Gobierno entiende que "no se el lugar idóneo" porque a esa hora la cámara está reunida.

La denominada "asamblea general permanente" podrá celebrarse de 18:30 a 21:30 horas en la zona peatonal del paseo del Prado comprendida entre Cibeles y Neptuno, también con la precisión de que en caso necesario "se habilitarán nuevos espacios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

De esta forma se deniega la posibilidad solicitada de que la asamblea tuviera "una duración inicial de cinco días" que sería "prorrogada en función de las decisiones de la propia asamblea".

Confianza en la "responsabilidad colectiva"

La Delegación del Gobierno en Madrid recuerda en su escrito que "incurrirán en la pena de prisión de seis meses  un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan , dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

También que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o cualquier autoridad, corporación oficial o funcionariado público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Los responsables de sedición, añade, "serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años si fueran personas constituidas en autoridad".

Tras tener conocimiento de esta autorización,  los convocantes han expresado su confianza "en la responsabilidad y en la inteligencia colectiva para ejercer la desobediencia civil no violenta y continuar rodeando el Congreso".