Las CC.AA. que pidan rescate deberán reducir su sector público y podrán pagar facturas pendientes

• El Gobierno tiene intención de que el FLA entre en vigor esta misma semana
• El Gobierno concretará el reparto del fondo y las condiciones a cada comunidad

Las comunidades autónomas que quieran acceder al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), o fondo de rescate, deberán comprometerse a reducir su sector público o a llevar a cabo nuevas "reformas estructurales", según el reglamento que les ha enviado este lunes el Gobierno, que concederá los préstamos para hacer frente no solo a vencimientos de deuda pública, sino a facturas y transferencias pendientes con proveedores y otras instituciones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado a RTVE.es los términos de este reglamento, que ha difundido la agencia Europa Press después de que este día se reunieran en La Moncloa los consejeros de presidencia de las comunidades con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, para preparar la próxima Conferencia de Presidentes.

La intención del Gobierno es que entre en vigor inmediatamente, en cuanto esta semana se apruebe definitivamente por las Cortes el marco legal del fondo, que no es otro que una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, la que desarrolla la reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda pública a cualquier otro gasto y prohíbe los desfases presupuestarios. La reducción del déficit es la condición principal y fin último de este mecanismo, que replica el funcionamiento de los fondos de rescate europeos.

Comunidades a la espera

De momento han anunciado que pedirán acceder al fondo de rescate, dotado con 18.000 millones, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

Otras muchas comunidades esperan desde julio a que se concretaran las condiciones de esos préstamos (empezando por las propiamente financieras: tipos de interés, plazos), algo que como el reparto de los fondos se deja a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. De esta forma, parece que las condiciones serán individualizadas.

El plazo para presentar la solicitud se extiende hasta el 31 de diciembre --para el año que viene se debería aprobar un nuevo fondo--, aunque el Gobierno espera que a principios de octubre se suscriban los primeros acuerdos.

De momento, cada préstamo que se firme conllevará un programa de aplicación que incluirá las condiciones financieras concretas. Además habrá otros compromisos, aunque todavía no se sabe de qué forma se concretarán, entre ellos el de “reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad”, según la agencia.

La supresión de empresas públicas de las comunidades es una petición del Ejecutivo desde hace meses, aunque las autonomías apenas lo han hecho, alegando que muchos de sus organismos prestan servicios públicos esenciales.

Según las instrucciones enviadas por Hacienda, el Fondo se destinará a tres fines, algo que constituye una novedad, ya que en principio la ley lo reservaba solo para afrontar vencimientos de deuda.

Más facturas pendientes

El primero de esos fines será pagar los vencimientos de deuda pública; el segundo, saldar deuda comercial en sanidad, conciertos educativos y con las universidades. Y el tercer fin, cubiertos los dos objetivos previos, es que las CC.AA. paguen transferencias o subvenciones a las entidades locales y las universidades que tuvieran pendientes.

De esta manera, Hacienda atenderá la solicitud de la Generalitat Valenciana. El Gobierno de Alberto Fabra anunció que necesitaba 3.500 millones de euros para cubrir los vencimientos de su deuda pública, pero otros mil millones más para pagar facturas pendientes.

Esto significa que de nuevo han aflorado numerosas facturas pendientes, a pesar de que en primavera, 14 autonomías solicitaron 17.000 millones para saldar deudas a través de un Plan de Pago a Proveedores.

Ahora, las autonomías acordarán con Hacienda la actualización de los planes de ajuste que ya elaboraron para acogerse a ese plan. Además, los Gobiernos regionales deberán asumir nuevos niveles de transparencia.

Por el momento, las Comunidades que han anunciado su intención de pedir dinero de este fondo son Cataluña (5.023 millones de euros), Murcia (700 millones) y la Comunidad Valenciana (4.500 millones), aunque otras lo decidirán cuando conozcan las condiciones.

Desde el Gobierno siempre se ha sostenido que la cantidad con la que se ha dotado el Fondo es suficiente. El primer cálculo se hizo sumando los vencimientos de deuda autonómica hasta diciembre; ahora, el Gobierno permite ampliar los usos que se le podrá dar al dinero.

La dotación del Fondo tiene una triple procedencia. Por un lado, 8.000 millones de euros a través de un crédito sindicado suscrito por las principales entidades financieras del país; un préstamo de Loterías del Estado por 6.000 millones de euros y un desembolso del Tesoro por los 4.000 millones restantes.