Canarias pide 750 millones al fondo de rescate autonómico

• Es la quinta comunidad que se adhiere al Fondo de Liquidez Autonómico
• Dice que el interés no superará en más del 1,15% al que paga el Estado

El Gobierno de Canarias ha anunciado su solicitud de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), o fondo de rescate de las comunidades, para cubrir necesidades de financiación por valor de 756,8 millones de euros.

En una rueda de prensa convocada de urgencia este viernes por la tarde, su consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha dicho que la petición se hace porque sale "más rentable y  conveniente" adherirse al FLA que ir a la banca, a pesar de que hasta ahora el Ejecutivo nacionalista se había resistido por temor a las condiciones políticas y financieras del mecanismo.

El Fondo de Liquidez Autonómico está dotado para este año con 18.000 millones de  euros y ya han recurrido a él Cataluña, la Comunidad  Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y "muy probablemente" lo hará Andalucía con unas peticiones que pasan ya de 15.500  millones de euros.

Desde el Gobierno central siempre se ha sostenido que esa cantidad será suficiente, aunque el primer cálculo se hizo previendo solo los vencimientos de deuda autonómica hasta diciembre; y finalmente admitió también que sirviera para pagar facturas pendientes.

Detalle de las condiciones financieras

En ese sentido, González Ortiz ha precisado que Canarias necesita cubrir hasta fin de año vencimientos de emisiones de deuda anteriores por importe de 326 millones y obtener otros 430 millones para pagos pendientes, es decir, financiar el déficit que le ha autorizado el Estado este año.

El consejero ha precisado que el Ejecutivo le ha precisado las condiciones financieras del préstamo, que serán estas: dos años de carencia y diez de amortización y un interés que superará, "como máximo", en un 1,15% el que el Estado paga, a su vez, para financiarse. De esta forma, espera que ronde el 5 ó 5,5%, frente al 6,85% al que cerró la comunidad su última operación en el mercado.

Lo que el Ejecutivo todavía no aclarado es cómo repartirá los fondos si las peticiones superan su dotación, ni las condiciones no financieras para cada comunidad. No obstante, la reducción del déficit es la condición principal y fin último de este mecanismo, que replica el funcionamiento de los fondos de rescate europeos y cuyo marco legal es la ley que desarrolla la reforma constitucional que da prioridad sobre cualquier otro gasto al pago de la deuda.

El reglamento, cuyo articulado no se ha difundido aunque sí sus grandes líneas, dice que las CC.AA. deberán comprometerse a reducir su sector público, que atiende servicios básicos, o a llevar a cabo nuevas "reformas estructurales".

González Ortiz ha relacionado la petición de la ayuda con la baja financiación que recibe del Estado, que se formalizó hace unos días con un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2012.