Luz verde a la ley de costas que amplía a 75 años la concesión de viviendas en dominio público

• El Ejecutivo cree que la anterior norma no ha cumplido sus objetivos
• Saénz de Santamaría: "La nueva ley dará seguridad jurídica"
• Destaca que la Comisión Europea valora muy positivamente este nuevo texto

Aprobada por el Consejo de Ministros la reforma de la ley de Costas

El Ejecutivo ha aprobado este viernes el proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de costas del año 1988.

El texto llega a la mesa del Consejo de Ministros dos meses después de que el Gabinete tramitara el correspondiente anteproyecto, que ya recogía la ampliación a 75 años de las concesiones de propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre, la principal modificación de la nueva norma.

Por este motivo, los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre, seguirán en pie durante 75 años más.

Medio Ambiente precisa que no se trata de "una prórroga indiscriminada" ya que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera "será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido "debidamente" sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado "inseguridad jurídica".

La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas y además ha destacado que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.

"La norma dará seguridad jurídica"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" a ciudadanos y empresas y "reforzará la protección ambiental" de la costa, al tiempo que se evitarán "situaciones irreversibles". Por todo ello, ha insistido en que se trata de "un cambio normativo muy importante".

Así, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988.

En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.

Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Principales modificaciones

Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente.

La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.

Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.

Otra medida contempla el impedimento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie.

Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.