CCOO y UGT piden a la Defensora del Pueblo que recurra al TC los recortes a los funcionarios

• Los sindicatos no pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional
• Becerril ya rechazó una petición similar para recurrir la reforma laboral

Los secretarios generales de CC.OO. , Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han pedido por carta a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la supresión de la paga extra de Navidad y de los días de libre disposición de los empleados públicos.

En una nota divulgada este martes, ambos sindicatos informan de que el Real Decreto-ley 20/2012 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad vulnera cuatro artículos de la Constitución en materia de empleados públicos.

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional de Portugal dictaminó que unos recortes similares a los funcionarios del Gobierno luso eran discriminatorios, ya que no se aplican de igual modo al sectro privado. Aunque su dictamen no impide la aplicación de las medidas este año, sí ha obligado al Ejecutivo portugués a adoptar nuevas medidas de austeridad relativas a la empresa privada.

La primera vulneración se produce respecto al artículo 86.1, ya que CC.OO. y UGT consideran que no concurren los "presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad" para que el Gobierno utilice la figura del real decreto ley para aprobar dichos ajustes.

Según los sindicatos mayoritarios también se vulnera el artículo 9.3 (que prohíbe que se restrinjan derechos individuales con carácter retroactivo), ya que el Ejecutivo ha eliminado la paga extraordinaria del mes de diciembre a los empleados públicos, así como los días de libre disposición, y además ha fijado un nuevo calendario de horas de trabajo efectivas.

"Vacía de contenido" la negociación colectiva

CC.OO. y UGT también denuncian que el Real Decreto "vacía de contenido" el derecho a la negociación colectiva en las administraciones públicas y la libertad sindical, ya que permite al empleador público suspender o modificar lo pactado. Al respecto, ambas centrales sindicales denuncian que eso va en contra de los artículo 28.1 y 37.1 de la Carta Magna.

Los sindicatos no pueden acudir directamente al Constitucional, por lo que ya solicitaron a Becerril que presentará un recurso de inconstitucionalidad de la reforma laboral, algo que ha rechazado la Defensora del Pueblo porque -ha argumentado- el PSOE e Izquierda Plural ya lo hicieron el pasado 5 de octubre.

Este mismo martes, la plataforma sindical y de asociaciones profesionales de empleados públicos se reúne con Soledad Becerril para explicarle su rechazo al Real Decreto-ley de ajustes y para intentar convencerla de que es necesario que lo lleve al Constitucional.