La Fiscalía de Granada acusa a 334 personas de un presunto fraude a la Seguridad Social

• El presunto fraude afectaría también al  Servicio Público de Empleo Estatal
• El total de la cuantía ascendería a más de  cinco millones de euros
• La acusación está enmarcada en la 'Operación Genil', iniciada en 2010

La Fiscalía de Granada acusa a un total de 334 personas en el caso  que ha investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada,  enmarcado en la denominada 'Operación Genil', sobre un posible fraude  de prestaciones y subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ascendería a más de  cinco millones de euros.

Los presuntos cabecillas de la trama, basada en un entramado de  'empresas fantasma' para cobrar prestaciones sociales, los  empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Angel S.A, se enfrentan, junto  con otros representantes de otras sociedades, en concreto Rodolfo  G.P., Juan C.M.F., Manuel F.R, Jesús R.C., y María Luisa H.S. a un  total de 18 años de prisión por seis delitos de fraude por más de 2,6 millones de euros.

Al resto de los acusados, un total de 326 trabajadores contratados  de manera presuntamente fraudulenta, le atribuye el Ministerio  Público un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el  que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de tres años de  prisión y multa de 3.600 euros.

El presunto fraude se hizo público en mayo de 2010, según informó en su momento el entonces denominado Ministerio de Trabajo e Inmigración, que detalló que en la operación fueron detenidas 83 personas.

Según la Fiscalía, los ocho principales imputados se pusieron "previamente de acuerdo" y "urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades, con la finalidad de defraudar, a cambio de una cantidad de dinero que era entregada por el supuesto trabajador.

Empresas ficticias

Los acusados tramitaron las altas de los trabajadores ficticios mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo elaborado expresamente aún conociendo que no iban a ser prestados esos servicios, permaneciendo el trabajador de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio.

También presentaban ante el Servicio Público de Empleo Estatal la documentación necesaria, en particular, el certificado de empresa facilitado por el empresario al trabajador que acreditaba el periodo de tiempo en que había supuestamente prestado los servicios y el documento que acreditaba el cese de la relación laboral.

Para conseguir dichos fines, Carlos I.A.N., Juan R.C.C. y Angel S. A. constituyeron y administraron un total de 11 sociedades con distintos domicilios en Granada dedicadas todas ellas "ficticiamente" a la actividad de la construcción. Así, los inculpados, procedieron a dar de alta a esas empresas sin actividad real, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales en el sistema RED de la Seguridad Social.

Además de los contratos falsos para cobrar el paro, en otras ocasiones la finalidad perseguida era favorecer la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros a través de los certificados de empresa correspondientes, según el relato del fiscal.

El total de las prestaciones concedidas indebidamente asciende a la cantidad de 2.500.959,75 euros, cantidad que el fiscal solicita que abonen los ocho principales imputados en concepto de responsabilidad civil al Servicio Público de Empleo Estatal. 

Asimismo, el Ministerio Público pide al resto de los 326 inculpados que abonen el dinero del que se beneficiaron presuntamente de manera fraudulenta, que asciende a un total cerca de 2,5 millones de euros, en cantidades que oscilan desde los 463,05 hasta los 24.275,6 euros.