Gallardón: "El Gobierno no tiene intención de limitar el derecho de manifestación"
- El Congreso celebra sesión de control al Gobierno con Rajoy ausente
- El PSOE reprocha al Gobierno el varapalo del informe del FMI
- Santamaría dice que el "despilfarro" del Plan E serviría para revalorizar pensiones
- "El agujero de España ni se genera ni se arregla en diez meses", dice el Gobierno
- Montoro anuncia una Ley de Bases del Régimen Local para "descentralizar"
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "no tiene ninguna intención" de "limitar" el derecho de manifestación, después de que hace unos días la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hablara de la necesidad de "modular" ese derecho.
Así lo ha afirmado en el Congreso de los Diputados en una sesión de control al Gobierno de la que se han ausentado su presidente, Mariano Rajoy, y cinco de sus ministros, los de Exteriores, Interior, Agricultura, Fomento e Industria, que participan este miércoles en París en una cumbre bilateral con Francia.
En respuesta al diputado del PNV Emilio Olabarría, que le preguntaba por la supuesta intención de "modular" el derecho de manifestación, el ministro de Justicia le ha recordado también que el artículo 21 de la Constitución establece "los límites" a ese derecho y que solo podría prohibirse "cuando haya razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes".
Según Gallardón, que ha apuntado que también lo establece la jurisprudencia del TC, es "lógico" que ese ejercicio se desarolle "de forma pacífica, sin que suponga daño a otros derechos" y que para garantizarlo, y también la seguridad, el Gobierno disponga de "medios proporcionados" para "hacer frente a aquellos que se esconden en la legítima y pacífica protesta para vulnerar no solamente otros, sino también este mismo derecho".
Sobre el derecho a la manifestación, también se han enfrentado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el líder de IU, Cayo Lara, al que el primero le ha pedido "coherencia" para que no se sume a manifestaciones y protestas contra medidas que después apoya en gobiernos y parlamentos autonómicos. Lara había pedido al Gobierno que "no criminalice" estas protestas que "está provocando".
"El agujero de España no se arregla en diez meses"
Antes de la intervención de Gallardón, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha reprochado al Gobierno el varapalo del informe del FMI, que dice que la economía española se contraerá un 1,3% en 2013, y le ha responsabilizado de esa situación y acusado de haber metido a España "en la senda de la recesión en un solo año" con sus políticas de "recorte de gastos y subida de impuestos".
Además, la portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo que cambie sus políticas y modifique los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y le ha instado a aclarar si van a revalorizar las pensiones.
Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha responsabilizado al PSOE de haber dejado las cotas de déficit "más altas de la democracia". "Nosotros seremos responsables de los últimos diez meses, pero el agujero de España ni se genera ni se arregla en diez meses", ha afirmado Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta también le ha recriminado que el "mayor monumento al despilfarro", como ha definido el Plan E de Zapatero, costó 8.000 millones de euros que habrían servido para "revalorizar cuatro veces las pensiones". En este sentido, le ha espetado que el PSOE tiene "poca legitimidad para reclamar lo primero que recortó desde el Gobierno".
Impulso a la "descentralización"
En el turno de preguntas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este ha adelantado que en "pocas semanas" el Gobierno llevará al Congreso una Ley de Bases del Régimen Local que "promueve una segunda descentralización".
"Lejos de estar centralizando, estamos descentralizando. Esa es nuestra política territorial", ha asegurado Montoro en respuesta al diputado del PSOE Ramón Jáuregui, que cuestionaba si las medidas del Gobierno respetan el reparto constitucional de competencias entre Gobierno y comunidades autónomas.