Guatemala prohíbe al Ejército dispersar manifestaciones de "tipo social"

• Tras los ocho muertos y más de 30 heridos de la pasada semana
• Ahora será la  Policía Nacional civil la que se encargará de ello
• Las Fuerzas Armadas apoyarán a la  Policía en seguridad ciudadana

La muerte de ocho campesinos indígenas en Guatemala tras los enfrentamientos ocurridos en una manifestación la pasada semana ha obligado al presidente del país, Otto Pérez Molina, a prescindir del Ejército para disuadir a futuros manifestantes  en protestas de “tipo social”, según ha trasladado el mandatario a sus  ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de la  Defensa,  Ulises Anzueto.

Esta función recaerá a partir de este momento en la Policía  Nacional Civil  "aunque no tenga los recursos ni los elementos necesarios", aunque sí  contarán con unos protocolos recién publicados sobre su actuación a  seguir en las manifestaciones.

Y aunque las Fuerzas Armadas no participarán en tareas de disuasión, los militares sí continuarán apoyando a la Policía en las acciones regulares de seguridad ciudadana.

"En los temas de seguridad ciudadana el Ejército ha sido reclamado en  diferentes lugares (por la población). Para eso sí lo vamos a seguir  utilizando", especialmente en lo relacionado al combate del crimen  organizado, ha sostenido Pérez Molina.

Esclarecimiento de los hechos

En los últimos días, activistas de derechos humanos y la iglesia han puesto de manifiesto su repudio por la intervención militar  en una manifestación de campesinos que protestaban por la reforma  constitucional, que impulsa Pérez Molina, y el alza de la energía.

Unos incidentes que se saldaron con ocho muertos y más de una treintena de heridos, y han sido calificados incluso como la “primera masacre militar” indígena tras el fin de la guerra civil en Guatemala (1960-1996) hace 16 años.

Guate. Tras la pista del genocidio

Mientras, la fiscalía lleva a cabo las investigaciones para esclarecer este suceso en el que están imputados ocho soldados, detenidos cuando confesaron haber disparado “al aire” en defensa propia.

Y aunque en un principio el presidente y general retirado Pérez Molina salió en defensa del Ejército, ahora ha asegurado que acatará los resultados de la investigación judicial porque su Gobierno es el "más interesado" en esclarecer estos sucesos.

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para  los Derechos Humanos en Guatemala investigará lo ocurrido a través de  dos grupos de expertos.