La Guardia Civil pide investigar al bufete de abogados Garrigues en el 'caso ERE'

• El bufete Garrigues tiene varios abogados imputados en la causa de los ERE
• Podría haber participado en el diseño del método de desvío de fondo
• El escrito enumera además otra serie de empresas que deben ser investigadas

La Guardia Civil que investiga los ERE irregulares ha pedido a la juez Mercedes Alaya que le permita investigar las cuentas del bufete Garrigues, como presunto artífice de un "desvío de fondos con total conocimiento de su ilegalidad" que propició el "enriquecimiento ilícito de determinados letrados".

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que es preciso hacer "una amplia investigación" sobre "el fin último dado a los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas", para lo cual pretende hacer "un examen exhaustivo de los expedientes y un análisis de determinada información financiera".

El bufete Garrigues, que tiene varios abogados imputados en la causa,  podría haber participado "en el diseño del método de desvío de fondos con total conocimiento de su irregularidad", según la UCO.

"Estudiar el flujo de dinero"

"Resulta procedente por tanto estudiar el flujo de dinero que desde los fondos públicos pudiera haber llegado al bufete sin debida justificación y que hubiera propiciado el enriquecimiento ilícito de determinados letrados del mismo", según la Guardia Civil.

El escrito enumera además otra serie de empresas que deben ser investigadas,  entre ellas varias propiedad de Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta, que percibió 1,3 millones de euros en ayudas, y la mediadora Uniter y otras empresas "de su entramado".

También pretende investigar la UCO las cuentas de la aseguradora Vitalia, Irson Empresarial, Primadeco, Personal Life y Fortia Vida.

En otro escrito de abril pasado, notificado ahora a las partes, la Guardia Civil pidió indagar en un pago de 109.620 euros de la agencia andaluza IDEA recibido por la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO) que no se destinó "a la finalidad para la que fue concedida" sino a pagar una factura de Garrigues por la tramitación del ERE.