La juez imputa por supuesto acoso laboral al alcalde de Lugo, el socialista López Orozco

• También están acusados el exdirector de la Policía Local y un exconcejal
• El abogado de Orozco critica la imputación en un proceso penal
• Cree que la petición de 120.000 euros del policía debería ir por la vía civil
• Un policía local los ha denunciado por acoso laboral y pide 120.000 euros

El alcalde de Lugo converesa con el exdirector de la Policía local de Lugo, Darío Dieguez antes de prestar declaración.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha decidido imputar por un supuesto delito de acoso laboral al alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco; al exdirector de la Policía Local, Darío Dieguez; y a José Rábade, exconcejal responsable del cuerpo policial de la ciudad, a raíz de la denuncia de un agente.

Más de dos horas estuvo el alcalde de Lugo prestando declaración este miércoles ante la misma jueza que lleva la 'operación Pokémon', en este caso por una acusación de acoso laboral que interpuso el agente de la Policía Local Benito Martínez.

En 2009, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Lugo decidió abrir un expediente disciplinario al agente denunciante, por "revelación de secretos", después de que criticase ante la prensa, en su condición de sindicalista de CSIF, la mala situación de la comisaría.

No obstante, posteriormente un juzgado de lo contencioso anuló dicho expediente, lo que llevó al agente a denunciar un supuesto acoso laboral por parte de los responsables municipales, por lo que reclama 120.000 euros.

López Orozco no hace declaraciones

El alcalde de Lugo fue el tercero llamado a declarar este miércoles. Empezó su comparecencia ante Pilar de Lara sobre las 14.00 horas y no abandonó los juzgados hasta 15.45 horas, pero evitó hacer declaraciones y delegó en su abogado, Rafael Iruzubieta.

Así, el letrado ha juzgado que la acusación del agente denunciante "no tiene ni pies ni cabeza" y ha explicado que "invoca una depresión motivada por un acoso". "Hay más realmente porque en la denuncia poco menos que dice que el alcalde ha cometido un delito de torturas y un delito de prevaricación", ha agregado.

A juicio del abogado, este es un asunto que se debería de sustanciar en "un pleito civil", donde "se ventilen intereses importantes, en este caso los 120.000 euros que es lo que pide ese agente". "Otra cosa distinta es imputar a tres personas con toda la carga emocional y de preocupación que quieran o no tiene un proceso penal", ha expuesto Iruzubieta.

El exdirector de la Polcía Local se niega a declarar

Por su parte, Darío Diéguez, exdirector de la Policía Local, fue el primero en entrar en el despacho judicial, sobre las 11.00 y no salió hasta las 13.30 horas. El mismo confirmó a los medios que la jueza lo imputó por un supuesto delito de acoso laboral.

Poco después entraba el exconcejal Rábade, que no contestó a las preguntas que le formularon tanto la Fiscalía como la acusación y la propia jueza, por lo que no permaneció más de diez minutos en el despacho judicial.

“Entiendo que lo hicimos conforme a él“

"En mi corto entender del derecho, entiendo que lo hicimos conforme a él y por tanto no hay ninguna aversión, ni nunca la hubo hacia personas, sino hacia comportamientos", ha expuesto ya ante los medios de comunicación Rábade.

Interpelado sobre la acusación, se limitó a decir que creía que se trataba de acoso laboral. "No respondí a ninguna pregunta, ni de ella ni del fiscal ni de la acusación. Dije que me ratifico en la decisión que tomamos en aquel momento (junta de gobierno) y en la vida perseguimos a ninguna persona", ha subrayado.