Un jurado popular declara culpables de cohecho a los tres acusados en el caso Mercasevilla

• Han sido juzgados por pedir una comisión de 450.000 euros
• La Fiscalía pide una multa de 900.00 euros para ambos acusados
• El jurado ha declarado por unanimidad que Pereira no participó en los hechos
• La investigación de Mercasevilla destapó el caso de los ERE

Veredicto del caso Mercasevilla

El jurado popular ha declarado este miércoles culpables de cohecho a tres de los acusados en el juicio por la petición de comisiones en Mercasevilla: el exdelegado de la Junta Antonio Rivas, el exgerente Fernando Mellet y el ex director adjunto Daniel Ponce, y ha exculpado a la cuarta procesada.

En el veredicto hecho público a las 14,40 horas, tras dos días de deliberación, los miembros del jurado han considerado a los exdirectivos de Mercasevilla culpables por unanimidad de haber solicitado una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Junta.

En el caso de Rivas,  el jurado lo considera culpable por mayoría de ocho votos a uno de que, tras conocer la concesión de la subvención, "se puso en contacto" con Mellet y Ponce "y de común acuerdo, con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, decidieron exigir" a los hosteleros una "comisión" de 300.000 euros.

Para considerar probada la culpabilidad de Rivas, el jurado ha tenido en cuenta la declaración del policía que interrogó a Mellet, que aseguró que éste le dijo que "la idea había sido de Rivas", mientras que Daniel Ponce, en su comparecencia policial, "aseguró que su jefe le había dicho que era un encargo" del exdelegado.

"Interés desmedido" de Rivas en la Subvención

Asimismo, el jurado ha señalado que, en la grabación de la reunión de 27 de enero de 2009 en la que participaron los hosteleros y los exdirectivos de la lonja, éstos le dijeron que "a cambio" de entregar 300.000 euros se les darían subvenciones para futuros cursos de formación, por lo que había "una concertación" de Rivas con Mellet, ya que "la competencia para dar los cursos de formación era" del exdelegado.

Rivas tenía un "interés desmedido" en la concesión de la subvención, pues, aunque el exconsejero de Empleo Antonio Fernández dijo en la vista oral que Rivas "carecía de competencias" para conceder subvenciones excepcionales como la dada a Mercasevilla, participó en las reuniones que se mantuvieron en torno a ésta "pese a que ni tramitaba ni gestionaba este tipo de subvenciones".

Por todo ello, el jurado ha concluido señalando que Mellet y Rivas "han estado siempre en contacto, existiendo concierto para solicitar la comisión", lo que les ha llevado a probar por unanimidad que, después de que el exdelegado contactara con Mellet para exigir la 'mordida', éste "encargó" a Ponce que mantuviera una reunión con los hosteleros, José Ignacio de Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, para hacerles la petición, lo que Ponce "aceptó conociendo la ilegalidad de dicha pretensión".

El soborno es "injustificable"

Asimismo, ha declarado probado por unanimidad que los exdirectivos de Mercasevilla, "con ánimo de enriquecimiento ilícito, estuvieron de acuerdo en condicionar la concesión" de la gestión de la escuela al pago de esos 300.000 euros más otros 150.000 euros por la acometida eléctrica, peticiones ambas que para el jurado son "injustificables", ya que "ha quedado claro que la comisión no debía afrontarla La Raza".

Según el relato del jurado, "según la indicación de Ponce a los representantes de La Raza, la forma de pago de los 450.000 euros sería en efectivo, dejándolos en el interior de un maletín en un despacho y allí vendría alguien a recogerlo". Basándose en la audición de la grabación de la reunión del 27 de enero, el jurado ha concluido que "todos los participantes" en la misma "conocían que había que dejar un maletín olvidado donde se dijera".

También por unanimidad han considerado probado que los hosteleros "se han negado a entregar" cantidad alguna, "habiéndose paralizado el pago de la subvención concedida a la Fundación" tras haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá.

Pereira no fue cómplice

De igual modo, el jurado se ha mostrado contrario por una mayoría de ocho votos al indulto total y parcial y a que se pueda suspender la condena privativa de libertad -prisión- que pudiera corresponderles por impago de la multa a cuyo pago sean condenados.

Por el contrario, el jurado ha declarado probado por unanimidad que Pereira no participó en los hechos, para lo que se han basado en la declaración de Sánchez Cuerda, "que dijo que estuvo" en la primera reunión "pero estuvo callada y no participó", mientras que Ponce "afirmó que la imputada "no estaba" cuando se trató el tema de la "ayuda".

"Ninguna persona, ni en la Policía ni en los Juzgados, ha dicho que Pereira conociera o fuera cómplice en la petición de la comisión", ha aseverado el portavoz del jurado, por lo que el magistrado presidente, Angel Márquez, le ha anunciado que será absuelta, tras lo que se ha sentado entre el público y se ha fundido en un emotivo abrazo con su padre, presente en la sala.

900.000 euros por responsabilidad civil

Tras conocer el veredicto, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha mantenido su petición para cada acusado de 21 meses de suspensión para empleo o cargo público y 900.000 euros de multa, solicitando, en caso de impago, que se les imponga una año de prisión. 

El abogado que ejerce la acusación en nombre de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, Juan Piñeyro, se ha adherido a la petición del fiscal, aunque ha solicitado que en concepto de responsabilidad civil paguen 900.000 euros a la fundación, ya que el pago de la subvención fue paralizado, por lo que "el perjuicio ocasionado es patente". 

De su lado, el letrado que representa la acusación del PP, Luis García Navarro, que inicialmente solicitaba para los acusados tres años de inhabilitación y multa de 1.350.000 euros, se ha adherido a la petición realizada por el Ministerio Público.  

Los acusados se oponen a la indemnización

El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha solicitado la condena mínima legalmente posible y ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que "estamos completamente disconformes con la valoración de la prueba que se ha realizado". 

En cuanto a la responsabilidad civil, también se ha opuesto al argumentar que "no corresponde porque no se ha acreditado daño alguno" a la fundación, que "podría haber ejecutado posteriormente a los hechos la escuela, por lo que si no lo ha hecho es por decisión propia". Además, "no hay resolución anulatoria de la resolución por la que se otorgó la subvención". 

El letrado de Ponce, Simón Fernández Rebollo, ha mostrado igualmente su oposición a las peticiones de condena y ha anunciado también que recurrirá la sentencia, precisando que, en caso de impago de la multa, "cabe la posibilidad" de que su cliente realice trabajos en beneficio de la comunidad".  

El abogado de Rivas espera que el jurado "se haya equivocado"

En cuanto a la responsabilidad civil, la ha rechazado y ha dicho que "la única prueba de que no se dio la subvención es la manifestación" de Barberá, "que dijo que había quedado en suspenso", de manera que "no existe ninguna prueba de que ese perjuicio se haya producido". 

El abogado de Rivas, Francisco Baena Bocanegra, además de anunciar el recurso, se ha mostrado "disconforme" con el veredicto, a pesar de lo cual ha querido "reconocer el trabajo y la atención del jurado", el cual, "como cualquier persona, acierta y se equivoca, por lo que espero que se haya equivocado". 

Tras el veredicto, el juicio ha quedado visto para sentencia y los acusados han abandonado la sala con gesto serio y sin querer hacer declaraciones a los medios, destacando el fuerte abrazo en el que se han fundido Pereira y Mellet.