Denuncian tácticas para engañar o excluir a los votantes en las elecciones de EE.UU.

• Algunos ciudadanos han recibido llamadas para "votar por teléfono"
• Aparecen carteles que pueden intimidar a las minorías
• Los empresarios Koch instan a sus empleados a votar por Romney

Un interventor electoral recoge voto anticipado en Colorado, el 22 de octubre.

Dos semanas antes de las elecciones presidenciales en EE.UU., probablemente unas de las más reñidas de la Historia, aumentan los  intentos de engañar, intimidar o presionar a los votantes.

Así lo han denunciado diversos grupos de defensa de los derechos civiles, afectados, autoridades públicas y representantes de los partidos demócrata y republicano.

En Florida, Virginia e Indiana, los votantes han recibido llamadas en las que se les engañaba asegurándoles que podían votar por teléfono. En Ohio y Wisconsin, han aparecido carteles en barrios pobres y habitados por minorías étnicas en los que se muestra a personas en prisión y se advierte que el fraude es un delito, en un intento de amendrentar a algunos colectivos, según los grupos de protección de los derechos electorales.  

Y en todo el país algunos empresarios (de manera destacada, los hermanos David y Charles Koch, financiadores del PAC conservador Americans for Prosperity) están presionando a sus empleados para que voten a Mitt Romney. 

Los analistas consultados por la agencia Reuters afirman que las tácticas ya vistas en elecciones anteriores se están poniendo en práctica una vez más. "Hemos visto un aumento en tácticas para engañar e intimidar, diseñadas para evitar que los electores voten", declara Eric Marshall, del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, que forma parte de un foro que pone a disposición de los ciudadanos un número de teléfono para aclarar dudas y recopilar denuncias. 

Los demócratas son quienes más han protestado contra estas actividades, y han criticado a un grupo cercano al Tea Party por entrenar a decenas de miles de personas para que actúen como observadores en los colegios electorales el día 6. Una iniciativa que ha sido criticada como un intento de retrasar la votación o incluso de disuadir a los votantes. 

Los republicanos también han presentado algunas quejas, centradas en los estados donde el voto está dividido (swinging states), y que pueden decidir el resultado.

Voto (falso) por teléfono

Kurtis Killian, republicano de St. Augustine, Florida, asegura haber recibido llamadas que le animaban a votar por teléfono para así no tener que presentarse en el colegio. Killian asegura que el hombre al otro lado de la línea se identificó como empleado de la División Electoral de Florida. 

"Sé que no existe el voto telefónico", dice Killian, pero "alguien que no pueda salir de casa con facilidad", como los ancianos o discapacitados, "puede que lo hiciera, le es más conveniente". "Una vez que piensas que has votado, no vas al colegio. Mi voto sería cancelado", advierte. 

La Comisión Electoral de Virginia ha recibido quejas similares de al menos 10 personas, la mayoría ancianos. En el condado de Tippecanoe, Indiana, se informó de llamadas similares en septiembre, lo que dio lugar a una investigación oficial. 

Las pesquisas se han centrado en una empresa llamada Vote USA. No está claro quién está detrás y su número de teléfono ya no está activo. El Secretario de Estado de Indiana ha urgido a los votantes a ignorar las llamadas, si se vuelven a producir.

Carteles amenazantes

Políticos demócratas y activistas de Wisconsin y Ohio (los dos estados más deseados por los candidatos, porque quien gane allí tiene muchas posibilidades de convertirse en presidente) han mostrado su enfado por varias docenas de carteles que han aparecido en las últimas semanas, advirtiendo de duras penas en caso de fraude electoral. 

Los carteles han aparecido en barrios de población mayoritariamente negra y de bajos ingresos. En ellos se ve la imagen del mazo de un juez y la frase: "¡El fraude electoral es un delito!", que recuerda que en efecto es un crimen punible con hasta 3 años y medio de prisión y una multa de 10.000 dólares. 

Otros carteles muestran a presos tras las rejas. Un grupo anónimo, identificado solo como una "fundación privada para la familia" ha pagado los anuncios. 

Líderes comunitarios aseguran que estos mensajes están dirigidos a los negros, hispanos, pobres y exconvictos, todos ellos grupos que suelen votar demócrata. 

La concejal Phyllis Cleveland afirma que están diseñados para intimidar. "Estoy preocupada por que asusten a los exconvictos, gente con antecedentes pero que puede votar", afirma Cleveland, quien explica que en algunos estados los sentenciados por ciertos delitos están inhabilitados. Sin embargo en Ohio y otros 12 estados, así como en Washington D.C., quienes no están entre rejas sí tienen derecho al voto. 

Como consecuencia de estas denuncias, la empresa de cartelería Clear Channel Outdoor se ha comprometido a retirar unos 140 anuncios en Ohio y Wisconsin que en principio iban a estar visibles hasta el día 6.

Algunos electores que han ejercido su derecho al voto anticipado aseguran que estaban enfadados por lo sucedido, y lo comparaban con las normas para endurecer el sistema de identificación. 

"Hay un esfuerzo concertado para mantener a los grupos específicos alejados de las urnas", declara Camilo Villa, de 24 años, que vive en el área de Cleveland y votó por Obama. "Estoy muy preocupado", añade.

Presión a los trabajadores

Algunos empresarios están presionando a sus empleados para que apoyen a un determinado candidato. Se aprovechan así de una sentencia del Tribunal Supremo de 2010, que derogaba las normas que impedían a los empresarios expresar sus opiniones políticas directamente a sus empleados. 

Los críticos de esta sentencia, que también dio origen a los "supercomités" de apoyo a los candidatos, aseguran que supone una coerción sobre los trabajadores. 

Varias empresas han enviado cartas a sus empleados urgiéndoles a votar por Romney. Los hermanos Koch, que han donado millones de dólares a la campaña republicana, han distribuido un "paquete de información electoral" a 45.000 de sus empleados. 

El "paquete", al que ha tenido acceso la revista política In These Times, incluye una lista de candidatos a los que la compañía apoya, con Romney como número uno. También incluye una carta del presidente de Koch Industries, David Robertson, diciendo que "muchos de nuestros más de 50.000 empleados y clientes pueden sufrir las consecuencias" si se elige a un presidente que aumente la regulación y dificulte el libre comercio, una presunta referencia al candidato a la reelección, Barack Obama. 

Lynn Rhinehart, consejero general de la AFL-CIO, el mayor sindicato del país, ha subrayado que los empresarios pueden comunicar sus opciones, pero no pueden ligar ningún voto con el mantenimiento de los puestos de trabajo.

"Podría haber consecuencias legales en la manera en la que se están comunicando con sus empleados", ha dicho Rhinehart en una conferencia de prensa.

¿Control del fraude o intimidación?

Los grupos de protección de los derechos electorales han mostrado también su preocupación por los llamados "voluntarios de urna",  que actuarán como observadores contra el fraude el día 6. 

Uno de estos grupos, llamado True the Vote, espera movilizar a un millón de personas. Los activistas temen que un gran número de observadores intimide y disuada a los votantes, especialmente a quienes pertenecen a minorías. 

"Prevemos que organizaciones como True the Vote intenten intimidar a la gente indicando a los votantes, posiblemente latinos: 'Sabe que tiene que estar documentado para votar'", explica Arlene Holt Baker, vicepresidenta de la AFL-CIO.

La fundadora de True the Vote, Catherine Engelbrecht, ha negado las acusaciones. "No tenemos evidencia de que nuestros voluntarios hayan intimidado a los votantes en las urnas", ha respondido a Reuters por correo electrónico. 

Mientras tanto el fiscal general de Nuevo México investiga una posible supresión de votantes a raiz de un vídeo que muestra a un líder republicano dando información falsa a interventores electorales. 

El vídeo, grabado por un grupo llamado ProgressNowNM, muestra al político diciendo a los observadores que se puede exigir la tarjeta identificativa y que los votantes no tienen derecho a intérprete. En ambos casos es falso. Los votantes del estado pueden votar en español. 

El fiscal, Gary King, un demócrata, asegura haber recibido varias quejas que mostraban "un esfuerzo concertado para desanimar a algunos habitantes del estado para ejercer su derecho al voto".