Ruiz-Gallardón cifra en un millar las condenas anuales por fraude fiscal en España

• Dice que actualmente hay 6.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro
• El Congreso rechaza devolver la ley que endurece las penas por delito fiscal
• El PSOE: el cambio del Código Penal es "probablemente anticonstitucional"
• Izquierda Plural: "La nueva ley es deficiente, discriminatoria y criminalizadora"

El Gobierno defiende endurecer las penas contra el fraude fiscal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cifrado este martes en un millar las condenas anuales que dictan los tribunales por delitos de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social, y ha recordado que actualmente hay 6.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro,  en parte porque las liquidaciones administrativas no se efectúan hasta que concluye el proceso penal.

Durante su defensa del proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y  buen gobierno, y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social ante el Pleno del Congreso, Gallardón ha indicado que siete de cada diez denuncias acaban en condena.

El pleno del Congreso ha rechazado este martes  las dos enmiendas de totalidad al proyecto de ley que reforma el Código  Penal y eleva a seis años la pena máxima de cárcel por delito contra la  Hacienda pública y la Seguridad Social.

Las enmiendas de devolución de la reforma del Código Penal eran del PSOE y la Izquierda Plural, que han criticado durante el debate la incoherencia de endurecer las penas por delito fiscal cuando al mismo tiempo se dan facilidades al defraudador "pillado" para que regularice su situación.

A pesar de que CiU, PNV y UPyD se han desmarcado de la petición de devolución del proyecto, han reclamado al ministro de Justicia que negocie enmiendas al articulado para mejorar el texto.

Defensa del endurecimiento de las penas

Gallardón ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha pedido a PSOE e la Izquierda Plural que retiren sus enmiendas de devolución contra la reforma del Código Penal y se sumen al "clamor" contra el fraude. Las enmiendas a la totalidad presentadas por ambas formaciones serán previsiblemente rechazadas, dado que el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara Baja.

“No persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla“

Durante el debate el ministro de Justicia ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".

Además, ha defendido que los cambios potencian la figura de la "regularización" entendida como "pleno retorno a la legalidad", para después subrayar que la propuesta de "cobro voluntario" del Ejecutivo es "más estricta" que las promovidas anteriormente.

Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.

PSOE: habrá una "patente de corso" para defraudar

Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".

“El Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito para desempleados y pensionistas“

Asimismo, se ha referido a la "rebaja importante" de la pena contemplada en la reforma para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en el plazo de dos meses después de recibir la citación judicial o colaborando en la identificación de otros responsables.

En su opinión, este punto permitirá que el defraudador, una vez "pillado", pueda regularizar su situación por lo que, a su juicio, todos lo que tengan recursos para reparar el daño tendrán "patente de corso" para defraudar.

Además, ha dicho que la reforma es "probablemente anticonstitucional", ya que vulnera el principio de igualdad equiparando la conducta de los grandes defraudadores con la de pensionistas y parados que reciben indebidamente una prestación, ha asegurado.

La Izquierda Plural: "Es deficiente, discriminatoria y criminalizadora"

Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".

"Por una parte va la propaganda y la publicidad y por otro la política del Gobierno", ha dicho para después añadir que la reforma es "deficiente, discriminatoria y criminalizadora".

Ruiz-Gallardón ha criticado que PSOE e Izquierda Plural se opongan al decreto porque recelan de que sea un Gobierno "de centro reformista" quien vaya a combatir la delincuencia "de guante blanco".

La ley ofrece una "doble respuesta", según Gallardón

Gallardón ha defendido que los ministerios de Justicia, Empleo y Hacienda han desarrollado este proyecto de ley, que "trata de dar una doble respuesta que actúe tanto en el cobro como en el reproche penal" a los defraudadores.

"Pocas normas tienen tanta importancia y repercusión en la vida ciudadana como ésta. Es la respuesta, largamente demorada, a una  necesidad estructural de defensa de lo público desde el punto de vista del ciudadano honrado que, con su esfuerzo, contribuye con el  mantenimiento de unos servicios", ha defendido el ministro, recordando que de depende la "credibilidad" y la "competitividad" del país.

Los delitos fiscales prescribirán en diez años y la pena de prisión sube a seis

A renglón seguido, ha hecho un breve repaso recordando las novedades del proyecto, cuyo objetivo último es "hacer más difícil el fraude, endurecer el reproche penal que merece este tipo de conductas, dar efectividad a los mecanismos de cobro, impedir que un ciudadano pueda engañar a otro ciudadano y asegurar que tenemos los instrumentos precisos para hacer efectiva la solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos".