Comienzan a declarar en la Audiencia Nacional los 33 exconsejeros imputados de Bankia

• Se  investiga la fusión de las cajas que dieron origen a la entidad
• El presidente de Caja Canarias, el primero en declarar
• El secretario de Bancaja no comparece ante el juez hasta el martes
• Rodrigo Rato, expresidente, declarará el 20 de diciembre

Comienzan a declarar en la Audiencia Nacional los 33 exconsejeros imputados de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a  interrogar este lunes a los 33 exmiembros del Consejo de  Administración de Bankia que están imputados en la causa en la que se  investiga la fusión de las cajas que dieron origen a la entidad y su  posterior salida a Bolsa.

Para este lunes estaba prevista la declaración de dos miembros del Consejo de Administración  del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de la entidad: el presidente de La Caja de Canarias, José Manuel Suárez  del  Toro, y el secretario del Consejo de Administración de Bancaja,  Angel  Villanueva Pareja.

Sin embargo, el juez Andreu ha aplazado hasta el martes a las 10.30 horas,  la declaración de Villanueva Pareja después de que éste alegara que no podía acudir al juzgado porque su  abogada tenía una citación judicial anterior, informaron fuentes  jurídicas a Efe y Europa Press. De esta manera, este lunes solo declarará el presidente de La Caja de Canarias, José Manuel Suárez del  Toro.

Las comparecencias en esta causa, iniciada a partir de una  querella interpuesta por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y otra  del colectivo '15MpaRato', se prolongarán hasta el próximo 20 de  diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de  Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

A los 33 imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de  personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma  genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración  desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y  apropiación indebida.

Indicios de fraude

En un auto dictado el pasado 4 de julio, el juez Andreu señalaba  que los hechos denunciados "encajan plenamente en el concepto  material de defraudación" y advertía de que la quiebra de la entidad  "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país".

Según la querella presentada por UPyD, el deterioro patrimonial de  la entidad fue "creciendo progresivamente en un breve   espacio de tiempo, pasando el balance en pocos días de unos  beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de  2.979 millones de euros".

"La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que  Bankia ha solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder  acometer un plan de saneamiento", señalaba el juez en su auto antes  de recordar que el plan de saneamiento y capitalización del grupo  ascenderá a 23.465 millones de euros, lo que "supone, sin duda, un  grave perjuicio para la economía nacional".

De igual modo, destacaba la "suma relevancia" de Bankia en el  sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande  de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes,  un volumen de negocio que supera los 485.000 millones de euros y un  negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros.

También hacía hincapié en "la trascendencia de los hechos que son  objeto de la querella, el número de querellados y el interés de la  investigación penal".

UPyD denunció que los consejeros de Bankia y Banco Financiero y de  Ahorros (BFA) distorsionaron las cuentas de ambas entidades para  crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la  realmente existente, lo cual les sirvió para "mejorar los distintos  ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores".