El Gobierno cambia la ley porque "no se sostiene" que no abortar sea negativo para la salud

• Justifica que su reforma "no se basa en  frías estadísticas"
• Sostiene que el no  nacido como la mujer son titulares de unos derechos
• El Gobierno alega que hasta las 14 semanas el feto está desprotegido

El Gobierno ha defendido que uno de los argumentos que le lleva a  reformar la Ley del Aborto de 2010 es que "no se sostiene" emitir  juicios atribuyendo "hipotéticas y negativas" consecuencias sobre la  salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no  deseado.

Así se recoge en una respuesta parlamentaria dirigida a la  diputada de ICV, Laia Ortiz, a la que ha tenido acceso Europa Press,  en la que preguntaba al Ejecutivo sobre la exclusión de la  malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción  voluntaria del embarazo.

De hecho, el Gobierno justifica que su reforma "no se basa en  frías estadísticas" y son "multitud" las normas internacionales y del  ordenamiento jurídico español las que amparan y extienden el derecho  a la no discriminación a todas las personas.

En este sentido, recalca que la reforma de la actual legislación  sobre el aborto, anunciada por el Gobierno, se inspirará y respetará  ese principio universal que se configura como uno de los derechos  humanos que "merece mayor protección".

Entre estos destaca la Convención Internacional sobre los Derechos  de las Personas con discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13  de diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, que  recomienda al país que reforme la actual normativa y suprima el plazo  de 22 semanas para abortar en casos de malformación del feto.

Es más, dice que seguirá las recomendaciones hechas en octubre de  2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior  Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha  dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones  entre la legislación española sobre el aborto y dicha Convención.

Titulares de derechos

De hecho, recuerda que el proyecto que presentará este Gobierno,  parte de la doctrina del Tribunal Constitucional, definida hasta en  tres sentencias de 1985, 1996 y 1999, de que tanto el concebido no  nacido como la mujer son titulares de unos derechos, y que el  legislador debe prever qué hacer cuando se produce una colisión entre  esos derechos.

"Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas  del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y  absolutamente desprotegido", sentencia el Ejecutivo.

En resumen, argumenta que, en el ejercicio de su independencia y  responsabilidad, va a introducir en el ordenamiento jurídico español  las necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un  conflicto entre el derecho a la vida del concebido y no nacido y  otros derechos, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal  Constitucional.

Respecto a las propuestas de mejora de la educación y la  planificación sexual, el Gobierno señala que la atención a la salud  sexual y reproductiva es competencia de las comunidades autónomas y  en todas ellas se realizan programas de educación sexual. 

El número de abortos aumenta

Finalmente, cita últimos datos oficiales del Ministerio de  Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2010, año en que hubo más  de 113.000 abortos, una tasa de 11,49 por cada 1.000 mujeres,  siguiendo una tendencia de crecimiento constante durante la última  década. (En 2001 esa tasa se situaba en un 7,66).

Con todo ello, recuerda que la normativa de 2010 fue aprobada en  la anterior legislatura socialista "sin consenso y con la opinión  desfavorable de los órganos consultivos".

"A diferencia de la realizada por el anterior Gobierno, es una  reforma anunciada y que se tramitará, por ser donde originalmente se  abordó en 1985 esta materia, a través de la Comisión de Justicia", ha  agregado.