La Audiencia Nacional impone una fianza de 10,5 millones a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia

• El copresidente de NCG, Fernández Gayoso, responsable civil solidario
• El juez aprecia indicios de "criminalidad suficiente" en su actuación

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto fianzas que suman un total de 10,5 millones de euros a los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) que cobraron las indemnizaciones millonarias por su salida del grupo para que puedan hacer frente  a las eventuales responsabilidades civiles en que pudieran incurrir  en la causa que investiga su posible responsabilidad penal en este caso.

Además, el juez requiere igualmente al que  fuera presidente de  Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, que dimitió del cargo tras la querella,  los mismos importes como responsable civil solidario, recoge Europa Press.

Los cinco exdirectivos  están imputados en la comisión de un delito de administración desleal  o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.

El juez Ismael Moreno aprecia indicios de "criminalidad suficiente" en la actuación de los cuatro exdirectivos  que, en cooperación necesaria con el excopresidente de NCG Julio  Fernández Gayoso acordaron mejorar sus contratos "en su propio beneficio  y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible  salida de la entidad", fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

Fianzas acordadas

En un auto publicado este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fija la mayor fianza, de 7,02 millones de euros, al que fuera  director general adjunto ejecutivo de  Novacaixagalicia (procedente de Caixa Galicia) Javier García de Paredes; mientras que el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego deberá abonar 1,92 millones de euros.

Otros 1,21 millones deberá pagar Gregorio Gorriarán,  que se encargó del Grupo  Inmobiliario tras la  fusión de las dos antiguas cajas gallegas;  y 347.920 euros Óscar  Rodríguez Estrada, uno de los responsables de  la oficina de  integración.

Los imputados deberán abonar las fianzas en un plazo de 24 horas  desde  que reciban el auto, unas cantidades que corresponden a los  importes que la  Fiscalía Anticorrupción les ha pedido que devuelvan (un total de 7,87  millones), más el tercio de esa cantidad que fija la Ley de  Enjuiciamiento Criminal. "De no constituirse las  fianzas, se procederá  al embargo de bienes de su propiedad", advierte el  magistrado de la  Audiencia Nacional en su resolución.

El juez Ismael Moreno ha  aceptado la medida cautelar de establecer las fianzas porque es "plenamente razonable apreciar un  riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de  insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento  condenatorio pudiera hacerse efectivo". De hecho, recuerda que  mientras se instruye la causa "conservan tanto su capacidad de actuar,  como la libre disposición de sus bienes, con lo cual podrían eludir su  posible responsabilidad patrimonial".

Dispusieron "fraudulentamente" de los bienes de la entidad

Según el juez, los exdirectivos lograron elevadas sumas de dinero al  cesar sus actividades en NCG al amparo de las mejoras de los contratos y  la interpretación de las causas incluidas en los mismos, que los  imputados "efectuaron en su propio interés" con "abuso de las funciones  de su cargo" y "pleno conocimiento de la dificilísima situación  económica por la que atravesaba la entidad".

De esta forma,  dispusieron "fraudulentamente" de los bienes de la entidad, añade el  juez, en consonancia con los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente, la Fiscalía se queja de que los imputados, que  declararon entre el 15 y el 22 de octubre, "se han limitado a realizar  manifestaciones en su defensa" que "están en contradicción con la  documental obrante en la causa".

Según la querella de  Anticorrupción, recogida por Efe, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio  Gorriarán y Jesús García de Paredes modificaron sus contratos entre  octubre y diciembre de 2010, por los que cobraron 18,9 millones de euros  por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de  euros percibidos presuntamente de forma indebida y otras cantidades  todavía sin cuantificar.

Anticorrupción afirma que los contratos  mejoraban sustancialmente las pensiones a las que tenían derecho y no  fueron autorizados por el consejo de administración de la entidad, que  fue finalmente intervenida en septiembre de 2011. El Ministerio  Público recuerda que Julio Fernández Gayoso se limitó a informar en  diciembre de 2010, durante el primer consejo de administración de la  entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, de la  suscripción de los nuevos contratos sin especificar las cantidades que  implicaban.

Indemnizaciones millonarias

Por otra vía, Novagalicia Banco busca recuperar las indemnizaciones percibidas por los exdirectivos. De acuerdo con las cifras que transcendieron, las indemnizaciones netas rondaban los 20 millones de euros para el exdirector general  de la caja, José Luis Pego; su adjunto, Javier García de Paredes; el  antiguo responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán; y un  exintegrante de la oficina de integración, Oscar Rodríguez Estrada.

La cuantía a que tenía derecho por contrato García de Paredes era de 7 millones de euros -renunció a la mayor parte pero la investigación de Anticorrupción  paralizó el proceso-; mientras que la indemnización de José Luis Pego  alcanza los 18,5 millones brutos (10,2 netos), de los que 7,7 millones  serían por su salario hasta los 65 años, ya que se prejubiló con 54, y  por una gratificación especial, según él mismo confirmó en ese momento a  un periódico gallego. 

Se suman 33 millones de los planes de pensiones que percibirían en el momento de la jubilación.