El Constitucional deniega a Garzón el amparo contra su condena por las escuchas de Gürtel

• El exjuez fue condenado a once años de inhabilitación por las escuchas
• Baltasar Garzón ha anunciado que acudirá a Estrasburgo, el último recurso
• Alega que ha sido condenado por un delito que no existe en las leyes españolas

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que presentó ante esta instancia el juez Baltasar Garzón contra la condena a once años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por su actuación en la investigación del "caso Gürtel". El exjuez ya ha dicho que recurrirá la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El Tribunal Supremo condenó a Garzón a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados.

Fuentes jurídicas han informado a Efe del rechazo del recurso, que sostenía que la sentencia dictada por el alto tribunal es "gravísimamente inconstitucional", ya que Garzón fue condenado por un delito que no existe en las leyes españolas, dado que la cuestión de las escuchas está pendiente de una ley que las regule.

Los abogados del juez recordaban, en este sentido, que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reclamado en varias ocasiones a España que legisle en esta materia.

Precisamente la última instancia a la que ahora acudirá el juez Baltasar Garzón es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante el que su defensa podría demandar a España por vulneración de sus derechos en el proceso judicial que resultó en condena.

En una providencia fechada el pasado 29 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados Pablo Pérez Tremps, Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos señalan que tras examinar el recurso han acordado no admitirlo a trámite "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el art. 44.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".

Recurrirá a Estrasburgo

Garzón acudirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras haber sido inadmitido por el Tribunal Constitucional (TC) el recurso de amparo que presentó contra la condena a 11 años de inhabilitación. Alegará que España carece de ley reguladora en materia de escuchas judiciales.

En una nota distribuida por el entorno del juez, Garzón lamenta que la inadmisión de plano de los recursos de amparo por el TC sea de más del 95%, "y ello por el motivo, dicho sea lisa y llanamente, de que se encuentra colapsado de trabajo y es absolutamente incapaz de atender como un auténtico tribunal" a los ciudadanos.

En su caso concreto, Garzón reitera que se vulneraron sus derechos por condenarle por prevaricación pese a la inexistencia de ley reguladora en materia de escuchas "reiteradamente exigida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Lamenta que por parte del tribunal español de garantías no se aprecie ni siquiera la mera posibilidad de la existencia de una infracción de sus derechos fundamentales en la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó y que "tantas controversias y críticas ha producido en el mundo del derecho, tanto dentro como fuera de España".

Considera que, de haber admitido a trámite su recurso, el Constitucional, "difícilmente habría podido hacer otra cosa que estimarlo, lo que habría supuesto un conflicto con el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional en este caso no se ha atrevido a afrontar, eliminando el problema de raíz, mediante la inadmisión no motivada, y causando graves perjuicios al recurrente".

En la nota, Garzón reitera que el Supremo le condenó por "ir en contra" de los criterios particulares de los magistrados del alto tribunal, hasta el punto de que los integrantes del tribunal construyeron "a la medida" el delito de prevaricación por el que fue condenado.

El Tribunal Supremo ha fijado para el 1 de mayo de 2021 la fecha de liquidación de la condena impuesta al exjuez de la Audiencia Nacional.