El Gobierno propone retrasar la edad de jubilación anticipada a los 65 años y la parcial, a los 63

• El retraso en la edad se completaría en el año 2027, según Tomás Burgos
• También quiere subir a 33 los años cotizados para acceder a jubilación parcial
• El Gobierno plantea de nuevo que sea compatible la pensión y un salario
• Estas medidas no supondrían un "ahorro inmediato" para la Seguridad  Social

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha abogado este jueves por retrasar la edad de acceso a la jubilación anticipada a los 65 años y la parcial a los 63 años en el año 2027, cuando concluya el periodo transitorio que llevará la edad ordinaria de retiro de los 65 años a los 67 años.

En la actualidad, se puede acceder a los 61 años tanto a la jubilación anticipada como a la parcial. Con la reforma de las pensiones aprobada en la pasada legislatura, la edad se eleva de forma progresiva para la anticipada hasta los 63 años en 2027, siempre que se hayan cotizado 33. Sin embargo, la de la jubilación parcial se mantiene en los 61 años, si bien se endurece: la empresa debe cotizar íntegramente por el trabajador y el relevo.

El Ejecutivo defiende que las edades de jubilación anticipada y parcial deben evolucionar "en línea" con la edad ordinaria. Así, si ésta se retrasa dos años, el retiro anticipado debería ser,  según ha dicho Burgos en la Comisión del Pacto de Toledo, "a los 65 años cuando concluya el periodo transitorio" y,  en la misma lógica, la jubilación parcial pasaría a los 63 años.

Endurecer la jubilación parcial

Además, Burgos ha propuesto endurecer el acceso a esta última prestación: aumentar un 50%  la jornada de los jubilados a tiempo parcial y subir a 33 (desde  los 30 actuales) los años de cotización.

Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, Burgos ha  calificado la jubilación parcial como un mecanismo "muy privilegiado"  con cargo "exclusivo" a la Seguridad Social.

Según Burgos,  los jubilados que optan por esta modalidad en muchos casos  ni siquiera cumplen con las horas que deberían hacer y trabajan de  forma "poco compatible" con el contrato de relevo. Además, el secretario de Estado ha instado a "reflexionar" sobre la jubilación anticipada  en el sector público.

"Criterios de lógica y de coherencia"

El secretario de Estado de Seguridad Social ha apuntado que estas modificaciones están basadas en "criterios de lógica y de coherencia" y responden a "desajustes, incoherencias e inequidades" que, en su opinión, existen actualmente en el sistema de pensiones.

No obstante, el secretario de Estado ha admitido que estas medidas no supondrán un "ahorro inmediato" pero añadió que sí que tendrán una "clara incidencia" en la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Aunque todavía no ha entrado en vigor la última reforma de pensiones,  acordada en 2011 por el anterior gobierno socialista y los agentes  sociales, que lo hará el 1 de enero 2013, Burgos ha dicho que las normas no son intocables, ni los errores que contienen deben ser "irremisiblemente arrastrados".

Que sea compatible la pensión y un salario

Además, ha planteado que sea compatible la pensión y un salario. El Gobierno propone hacer compatible el cobro de entre un 50% y un 60% de la pensión de jubilación -si el porcentaje  se sitúa en el entorno del 80% no sería asumible- con la percepción de un salario para alargar la vida laboral de los trabajadores, lo que redundará en un ahorro para la Seguridad Social que podría superar los 900 millones anuales a partir de 2015. 

Este ahorro se podría alcanzar en un escenario en el que se establezca la posibilidad de compatibilizar el 50% de la pensión cuando el trabajador siga en activo una vez cumplida la edad legal de retiro; en el que un 25% de los que alcanzan esa edad de jubilación optan por continuar en activo; si las pensiones no se revalorizan; y si se establece una "cotización solidaria" (que el empresario cotice íntegramente por el trabajador).

En este mismo escenario, si no se introduce la llamada "cotización solidaria" el ahorro sería de unos 800 millones anuales, mientras que si se establece un porcentaje de compatibilidad del 60% el ahorro sería algo inferior a los 500 millones.

"Supone cambiar la incompatibilidad generalizada, y asumir como  regla general la compatibilidad, siempre limitada y condicionada,  desde la óptica del incentivo a la prolongación de la vida laboral y  de dar mayor capacidad de decisión al ciudadano para diseñar su  transición (a la jubilación)", ha dicho.

En este sentido, la idea sería que trabajadores por cuenta propia  y ajena puedan, una vez cumplida la edad legal ordinaria de  jubilación y de contar con 100% del periodo de  cotización necesario para acceder a la pensión, puedan seguir  trabajando en el sector privado sin que se modifiquen las condiciones  de su pensión.