El capitán del 'Prestige' admite que detectó corrosión en los tanques de lastre del petrolero

• Mangouras dice que no vio los faxes que alertaban sobre fallos técnicos
• La Fiscalía pide doce años de prisión para el capitán del buque
• Se reanuda el juicio del 'Prestige' cuando se cumplen diez años de la catástrofe
• Este miércoles continuará el proceso a pesar de la huelga general

El capitán del Prestige ha declarado que detectó corrosión en los tanques del barco

Apostolos Mangouras, capitán del Prestige cuando en 2002 se hundió frente a las costas gallegas provocando una catástrofe medioambiental, ha reconocido este martes ante el tribunal que juzga los daños causados que los tanques de lastre del petrolero, en los que se originó la avería, tenían "corrosión".

La catástrofe marítima del 'Prestige' cumple este martes su décimo  aniversario coincidiendo con la reanudación del juicio que se celebra  en el recinto ferial ExpoCoruña.

Mangouras, de nacionalidad griega y de 77 años, ha precisado que él no es un técnico y que no estaba capacitado para delimitar los daños que sufría el petrolero.

El 'macrojuicio' por los daños causados por el vertido de más de  66.000 toneladas de fuel pesado por el hundimiento del Prestige comenzó  el pasado 16 de octubre en A Coruña con la presentación de alegaciones y  la reclamación de nuevos testigos o pruebas periciales por las diversas  partes personadas en la causa.

Alejar el buque de la costa: "La peor decisión posible"

Mangouras ha denunciado que fue tratado como un "criminal" por las autoridades españolas tras abandonar el barco y ha criticado la decisión de alejar el buque de la costa.

"Fue la peor decisión posible", ha apostillado el capitán del petrolero, que ha añadido a continuación: "Nos llevaron en un féretro flotante a ahogarnos".

El capitán del Prestige, para el que el fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, pide una pena de 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, ha comenzado su declaración ante el tribunal que juzga la causa y está previsto que lo siga haciendo durante los próximos dos días.

A preguntas del fiscal, Mangouras ha reconocido que cuando asumió el mando del Prestige, el 13 de septiembre de 2002,  "desconocía" el estado del barco y que sólo realizó algunas inspecciones de los tanques, aunque ha recordado que el buque superó varias inspecciones reglamentarias.

También ha negado que supiera que el Prestige tuviera prohibida la entrada a puertos de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Israel, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Cuba, Irán, Irak, Líbano y Finlandia, y ha afirmado desconocer un informe elaborado por el anterior capitán del petrolero en el que éste advertía de que el buque sufría diversas irregularidades.

Durante su declaración, el capitán del petrolero se ha emocionado al recordar que las familias de los tripulantes seguían por televisión las vicisitudes del barco, lo que ha obligado al presidente del tribunal a suspender momentáneamente la vista.

Tras diez minutos de pausa, Mangouras, que cobraba como capitán del Prestige "unos 7.000 euros al mes", ha defendido su gestión al frente del barco a partir del 13 de noviembre de 2002, cuando el buque comenzó a escorarse entre 25 y 30 grados y, según ha afirmado, las condiciones del mar hacían "imposible remolcarlo" y sus esfuerzos fueron siempre dirigidos a "enderezarlo".

El capitán, que durante la crisis se negó inicialmente a que remolcaran el barco hasta recibir órdenes de la armadora, ha calificado de "ridícula" la pregunta del fiscal de si participaba con algún porcentaje en el flete de la carga.

"Contribuimos con todo lo que pudimos al rescate del buque", ha apostillado el capitán, que también ha defendido el trabajo de la tripulación, en su mayoría formada por marineros filipinos, de la que ha dicho que contaba con los "certificados adecuados".

Protesta de Greenpeace

Al inicio de la declaración del capitán,  cuatro activistas de Greenpeace se han encaramado a una de las fachadas del recinto ferial donde tiene lugar el juicio y han desplegado una gran pancarta en la que exigen responsabilidades a los políticos que gestionaron en 2002 la crisis por el vertido de fuel.

En la pancarta, de 12 por 6 metros, aparecen las fotografías de Mariano Rajoy, Jaume Matas, Francisco Álvarez-Cascos, Miguel Ángel Arias Cañete y Arsenio Fernández de Mesa sobre la leyenda "Donde están los responsables".

El juicio seguirá  durante este mes con las declaraciones del jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos,  y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

Ellos tres, junto al primer oficial Ireneo Maloto --declarado en  rebeldía y en paradero desconocido--, son los únicos imputados por  una catástrofe marítima, que, en noviembre de 2002, vertió más de  60.000 toneladas de fuel en la costa gallega y que provocó uno de los  mayores siniestros marítimos.

Responsabilidades civiles y penales

Junto a la marea negra, el siniestro -por el que el capitán llegó  a pasar 83 días en prisión- provocó también  una respuesta social   sin precedentes con la llegada masiva de voluntarios a Galicia -más  de 40.000, según organizaciones ecologistas- que se encargaron de  recoger el fuel y que se sumaron al trabajo que los primeros días  realizaron los pescadores con sus propios medios.

Sobre los efectos que este trabajo tuvo en la salud, se realizaron  numerosos estudios. Entre los últimos, está el elaborado por un  equipo de la Universidad de La Coruña (UDC), que concluye que el  aumento del riesgo de padecer cáncer en las personas que colaboraron  en la recogida del fuel "desapareció" a los siete años del  siniestro.

En las primeras sesiones del juicio, que comenzó el 16 de octubre  con las cuestiones procesales,  el principal 'enfrentamiento'  dialéctico lo han mantenido la Fiscalía y la Abogacía del Estado con  el letrado del capitán del 'Prestige', que pidió la suspensión del  juicio,  rechazada por el tribunal.

En su intervención, en las primeras sesiones de la vista oral,   llegó a acusar también al Estado español de haber ocultado pruebas en  relación con las inspecciones en el barco, al tiempo que cuestionó la  legalidad de la documentación recabada en el petrolero.