Las asociaciones de afectados por desahucios tildan las medidas de "cosméticas" y "chapuceras"

• La banca: "Entiende" las medidas, pero el coste "recaerá solo sobre el sector"
• La Comisión Europea confirma que ha sido informada sobre las medidas
• CiU considera que las medidas aprobadas serán "insuficientes"

La moratoria debería ser "sobre todos los desahucios de vivienda habitual y deudores de buena fe"

Las asociaciones de afectados por los desahucios critican las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este jueves, para paralizar durante dos años la ejecución final de los desahucios en ciertos casos de vulnerabilidad, en las que se incluye la creación de un fondo social de viviendas para alquilarlas a los que han sido desahuciados. Las organizaciones califican las medidas como "cosméticas" y "chapuceras" y partidos políticos como CiU también las consideran insuficientes. Estas son las principales reacciones:

• La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Stop Desahucios, ha calificado las medidas aprobadas por el Consejo de Minsitros como "cosméticas, chapuceras" y absurdas". Consideran que la solución es "parcial e insuficiente", que llega "tras más de un millón de desahucios y varios muertos en los últimos días". La organización ha pedido que las medidas se apliquen a todos los casos.  "¿Qué pasa que los niños de 5 años no tienen derecho?", se ha cuestionado Colau.   El caso del suicidio de una mujer en Baracaldo (Vizcaya), que ha sido una de las causas que creó alarma social, según la portavoz de la plataforma, Ada Colau, "no hubiera cumplido esos requisitos". Colau, a la que cita Efe considera que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen solo en unos determinados casos de vulnerabilidad. Por ello, ha exigido que la moratoria de dos años para las familias más vulnerables, contemplada por el Ejecutivo entre las nuevas medidas adoptadas, sea para "todos los casos de vivienda habitual y con motivos de insolvencia sobrevenida".

• La Asociación Española de Banca (AEB) asegura que "entiende" la razón que ha llevado al Gobierno a tomar medidas que atenuen los desahucios, pero ha puesto en evidencia que el coste recaerá "exclusivamente" en el sector.  La AEB  reconoce que comparte con el Gobierno "la necesidad de proteger  a aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más  expuestas a los efectos de la crisis económica".

• La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha  afirmado que las medidas que ha aprobado el Gobierno para  solucionar el problema social de los desahucios "sólo pretenden  paralizar cualquier reforma o solución serias" y "no impedirán que la  banca siga embargando a cientos de miles de familias".  Adicae señala que la dación en pago y la paralización de  desahucios "no es ninguna solución" para el problema hipotecario "de  diez millones de familias en España, un millón de las cuales está en  riesgo de ejecuciones y embargos hipotecarios que les llevarán a la  pérdida de su vivienda".

• Desde el PSOE, la secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha afirmado que la moratoria de dos años aprobada por el Ejecutivo ante los desahucios es "muy restrictiva" y "un parche"."Hemos defendido en la negociación con el Gobierno que lo primero son las personas. Hoy el Gobierno ha aprobado una moratoria para defender a los mercados", ha recalcado la secretaria de Economía, que ha explicado que el PSOE no ha alcanzado un pacto con el Ejecutivo sobre este asunto por la falta de compromiso con la posterior reforma de la legislación hipotecaria.

• El sindicato UGT ha asegurado que "es insuficiente y restrictivo" el Real Decreto aprobado y ha instado a que se modifique en profundidad en el trámite parlamentario, ya que "no da respuesta al drama social que afecta a cada vez más familias". Así, ha alertado de que si no se modifican estas normas, el texto tendrá "el mismo futuro que el Código de Buenas Prácticas", es decir, ha añadido, "fracasará".

• La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), ha reclamado en un comunicado que las medidas "amparen a cualquier familiar en situación de quiebra sobrevenida y que la moratoria de las ejecuciones hipotecarias no imponga cargas o intereses adicionales".

• La Comisión Europea (CE) asegura que ha sido informada sobre la nueva normativa de protección de los deudores hipotecarios aprobada por el Gobierno, según ha explicado un portavoz comunitario, después de que fuentes comunitarias advirtieran de que el Gobierno está obligado a ello antes de aprobar cualquier medida que puedan tener impacto sobre el saneamiento del sector financiero. La CE "es muy consciente de las graves consecuencias sociales de la crisis, en particular sobre el nivel de deuda de los hogares en relación con las hipotecas", ha afirmado el portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, en un comunicado.

• El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, considera que, aunque todavía no sabe el contenido del decreto ley que negocian PP y PSOE para regular los desahucios, este será insuficiente. Duran Lleida, que ha visitado la capital leridana, ha celebrado que, por fin, ambos partidos se hayan sentado para tratar este tema, pero ha recalcado que CiU fue el primer grupo parlamentario en llevar esta cuestión al Congreso de los Diputados, en noviembre de 2010, y ha criticado que populares y socialistas se sienten a negociar "forzados por la sociedad y por los grupos parlamentarios pequeños".

• La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha  emplazado al Gobierno a tener presente las situaciones particulares  de miles de autónomos al borde del embargo por las deudas de la  Administración a la hora de establecer los criterios que recogerá la  nueva norma sobre los desahucios. En un comunicado, Lorenzo Amor ha interpretado que muchas de las  personas que están sufriendo los desahucios "son autónomos que están  siendo maltratados por los impagos de las Administraciones". Así,  solicita que se frenen los desahucios también para aquellos autónomos  a los que les deben las propias administraciones públicas.