El Consejo de Estado dictamina que el euro por receta vulnera la Constitución

• Cataluña lo introdujo en junio y la comunidad de Madrid lo hará en enero
• El Consejo dice que las CC.AA. no pueden fijar precios de medicamentos
• De la Vega emite un voto particular que cuestiona la inconstitucionalidad

Sólo el Gobierno central puede incidir en los precios sanitarios, no las CCAA

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen por el que considera que "la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional".

Según el dictamen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid aplicará en enero, vulnera la Constitución ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".

Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".

El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".

La decisión del Consejo de Estado ha contado con tres votos particulares -Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega y Enrique Alonso- que entienden que "no existen motivos suficientes" para considerar la inconstitucionalidad del euro por receta.

De la Vega, voto particular a favor de la medida

En los argumentos del voto particular firmado por la exvicepresidenta del Gobierno De la Vega, se sostiene que "no existen motivos suficientes para pretender la inconstitucionalidad" de la medida.

Estos tres consejeros entienden que "no es suficiente el argumento de que la tasa incida sobre los precios de los medicamentos", puesto que "toda tasa incide sobre los precios", como también lo hacen las nuevas tasas sobre la Administración de Justicia de la Generalitat.

Ven correcto que se invoque el artículo 149.1 de la Constitución para mostrar que el euro por receta invade competencias exclusivas del Estado -la legislación de productos farmacéuticos-, pero se preguntan por qué no se usa el mismo argumento con las tasas judiciales, y sentencian: "El acceso a la justicia es un derecho de valor constitucional superior al de la salud".

En tercer lugar, creen que el dictamen no explica "suficientemente" cómo incide "especialmente" el euro por receta en "la igualdad sustancial en el acceso a servicios sanitarios".

Rajoy, en contra de la implantación de la tasa

La Generalitat de Cataluña implantó esta tasa farmacéutica el pasado 23 de junio con la intención de contribuir a financiar el sistema sanitario y moderar el consumo de medicamentos.

Desde esa fecha, los catalanes tienen que pagar un euro por cada medicamento dispensado con receta en una farmacia, con un máximo de 61 euros anuales y para productos de más de 1,67 euros.

Sólo están exentos de pagar el tributo unos 127.000 ciudadanos en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción, de una pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos y del Fondo de Asistencia Social.

La Comunidad de Madrid prevé aplicar esta tasa en el mes de enero al objeto de racionalizar el gasto farmacéutico.

No obstante, el presidente madrileño, Ignacio González, ha estimado "lógico" que el Gobierno de Mariano Rajoy "plantee la conveniencia" de analizar el cobro de un euro por receta si bien ha subrayado que la medida aplicada en Cataluña está provocando un gran ahorro.

Recientemente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha discrepado con esta tasa y ha dicho que no le parecía bien pagar un euro por receta porque suponía "pagar dos veces".

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha insistido este jueves en que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de Cataluña y de Madrid de cobrar un euro por receta si no llega a un acuerdo con estas comunidades autónomas.

El Ministerio considera que no son competentes para adoptar ese tipo de medidas, han señalado a Efe fuentes del Departamento que dirige Ana Mato, quien ya anunció en el Senado la decisión de presentar el recurso.

González defiende el euro por receta

Mientras, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha defendido que el euro por receta "es una tasa sobre la prestación de un servicio, no una medida que entra a formar parte de la configuración" del precio de un medicamento.

“Es una tasa sobre la prestación de un servicio“

En su intervención ante el pleno de la Asamblea de Madrid, González ha defendido que, como tal, esta medida "entra dentro de las competencias de la Comunidad", aunque se ha declarado "dispuesto a hablar de ello", tras hacerse público un informe del Consejo de Estado contrario a que una comunidad autónoma intervenga en la fijación del precio de los medicamentos.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de UPyD en relación a esta medida, que a juicio del portavoz de la formación magenta, Luis de Velasco, "afectará principalmente a los más débiles" y no tendrá un efecto disuasorio ya que sólo permitirá recaudar 80 millones de euros en un gasto farmacéutico de más de 7.000 millones.

González ha explicado que el gasto farmacéutico de la región es un 15% superior a la media, y mientras Cataluña, que ha puesto en práctica el euro por receta, ha logrado ahorrar un 27% en gasto farmacéutico, Madrid solo ha ahorrado un 18%.