El dictamen de la comisión de los ERE responsabiliza a dos consejeros de la Junta

• Eleva la responsabilidad política a José Antonio Viera y Antonio Fernández
• Considera inadmisible la "disposición perversa y arbitraria" de los fondos
• Dice que permitieron actuar "sin ningún control y en total libertad" a Guerrero

El dictamen elaborado por la presidencia de la comisión de investigación sobre los ERE irregulares eleva la responsabilidad política a los consejeros de Empleo de la época investigada, entre 2001 y 2010, José Antonio Viera y Antonio Fernández, e incide en la falta de control de las ayudas públicas.

La ponencia síntesis, cuyo responsable es el presidente de la comisión, el diputado de IU Ignacio García, ha sido dada a conocer esta tarde y fija tres niveles de responsabilidades políticas: la de Francisco Guerrero, director general de Trabajo y principal imputado en el caso, la de los viceconsejeros Antonio Fernández y Agustín Barberá, y la de los consejeros.

En cuanto a estos últimos, el dictamen señala que fueron los "muñidores" del convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y "autores intelectuales del diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles".

También indica que "no acertaron en la elección y confirmación (¡por ocho años! en algún caso)" de las personas que gestionaban la partida presupuestaria destinada a las ayudas a los prejubilados y a empresas en crisis.

En cuanto a los viceconsejeros, dice que permitieron actuar "sin ningún control y en total libertad" a Guerrero, al que acusa de tomar las decisiones "que directamente se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etcétera".

El dictamen, de 128 páginas, sitúa las responsabilidades políticas en el nivel que se recogía en las conclusiones de IU, ya que el PP las elevaba al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, y el PSOE la circunscribía a la Dirección General de Trabajo.

Tras relatar el desarrollo de los trabajos de la comisión de investigación y explicar los hechos investigados, el dictamen concluye que las ayudas a la prejubilación son "una actuación positiva y saludable de la administración" y que ha habido un "interés descarado por parte de la derecha andaluza y nacional en inflar a priori la cuantía de lo presuntamente defraudado".

Disposición "perversa y arbitraria" de los fondos

No obstante, considera inadmisible la "disposición perversa y arbitraria" de unos fondos consignados para "un buen fin" y critica que se incluyera en el mismo esquema de ayudas a las prejubilaciones, las ayudas a las empresas en crisis y a ayuntamientos y a otras entidades.

Incide en que gran parte de la responsabilidad política estriba en haber gestionado las ayudas "de forma opaca para poder resolver problemas de forma clientelar-personal".

Concluye también que en el reparto de las ayudas no se siguieron criterios de equilibrio territorial ni apoyo a las zona deprimidas y que la gestión jurídica y presupuestaria ha sido "irregular".

Falta de coordinación del Gobierno andaluz

En cuanto a la actuación del Gobierno andaluz, señala la "tremenda falta de coordinación y comunicación" entre las consejerías y la "falta de controles" de algunas actuaciones, para concluir que "no se ha ejercido la permanente vigilancia exigible a cualquier responsable institucional sobre el conjunto de sus subordinados.

Critica la "ausencia del más elemental, y por ello exigible, control de tipo político, y dice que resulta "difícil de explicar que ningún miembro del gobierno se interesara alguna vez por la aplicación y efectos" de la partida 31L o que no se detectara la concentración de ayudas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.

El procedimiento para otorgar las ayudas adoleció, según el dictamen, de "falta de normativa reguladora específica, ausencia de publicidad, incompetencia del otorgante, falta de cobertura temporal y una clasificación presupuestaria cuestionable".

Según los datos facilitados a la comisión, los llamados "intrusos" -beneficiarios de prejubilaciones sin haber trabajado en las empresas- percibieron un total de más de 12 millones de euros, de los que se ha recuperado solo una pequeña parte, y hubo comisiones de intermediación por las pólizas que alcanzaron hasta el 29 por ciento de su valor.

En el capítulo de recomendaciones, el dictamen insta al Gobierno andaluz a que "con la máxima diligencia" recupere los fondos indebidamente transferidos y revise de oficio todas las ayudas a empresas concedidas con cargo al programa 31L, además de que se pongan en marcha una serie de mecanismos de control para reducir los "excesivos márgenes de discrecionalidad".