Afectados por las Hipotecas llevan a todos los juzgados peticiones de suspensión de procesos

• Han presentado un escrito de suspensión en todos los juzgados de 1 instancia
• Creen que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes
• Piden la dación en pago retroactiva y la paralización total de los desahucios
• Los secretarios judiciales de Palma suspenderán durante  un mes los desahucios
• Manda tu pregunta a Ada Colau, portavoz de la PAH

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha presentado este lunes en distintos juzgados un escrito donde solicitan la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentran actualmente en trámite.

En Madrid, estos escritos se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia número 2, donde alrededor de 100 personas presentaron el documento firmado en el registro de los juzgados, donde se da auto de fe de que se ha presentado.

Uno de los portavoces de la PAH, Iván Ramírez Barrios, explicó que "con este escrito queremos paralizar los desahucios que ya están en marcha porque estos no están amparados por el 'famosillo' decreto ley sobre los desahucios".

Asimismo, manifestó que "también queremos ralentizar el proceso de desahucio para garantizar a las víctimas un mayor tiempo de tranquilidad en sus casas".

"También solicitamos y exigimos a los responsables políticos que se den cuenta de que no estamos conforme con ese decreto ley que se ha pactado, porque en 24 meses vamos a volver a la misma situación y al mismo problema", agregó.

Análisis individual de cada expediente de desahucio

Por su parte, una de las abogadas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, María José Vicente, afirmó que "solicitamos una dación en pago retroactiva y la paralización total de los desahucios en aquellos casos en los que hay un impago por causas sobrevenidas, siempre que la vivienda habitual y los deudores tengan buena fe.

Además, también solicitamos que se analice cada expediente presentado de manera individual para que se vea que hay gente que está en una situación muy cruda para hacer frente a una deuda hipotecaria".

Vicente expuso que "a todas las personas que consideran que podemos estar resquebrajando la seguridad jurídica decirles que lo que hacemos es todo lo contrario. Lo único que queremos es que ninguna persona se encuentre desamparada ante la ley, por esto les defendemos".

La abogada concluyó que "creemos que sí podemos hacer algo ya que es mucha gente la que va a presentar este documento y, por lo tanto, deberán revisarlo y estudiarlo".

Medidas insuficientes

La iniciativa llevada a cabo esta mañana se enmarca en lo que el portavoz de STOP  Desahucios y miembro de la PAH, Adriá Alemany, califica de  "desobediencia civil pacífica". También ha criticado las medidas adoptadas este jueves por el Consejo  de Ministros en materia de desahucios, ya que, a su juicio, son "del  todo insuficientes" y están "plegadas a los intereses de las  entidades financieras". "El Gobierno ha acabado cediendo y ha acabado  redactando un decreto ley al dictado de la patronal bancaria", ha  aseverado.

En esta línea, ha denunciado que no parece claro si las familias  que ya están inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria se  podrán acoger a la moratoria de los desahucios y ha criticado los  requisitos exigidos por el real decreto, porque tienen que concurrir  criterios sociales y económicos. "Se da la paradoja de que una  familia que está percibiendo el subsidio de desempleo o 420 euros y  que tiene dos hijos de cuatro y cinco años, no entraría dentro de las  categorías establecidas", ha explicado.

Así, Alemany ha afirmado que el anuncio del Consejo de Ministros  queda "muy bonito" pero no toca "la raíz del problema", que, a su  parecer, es el procedimiento de ejecución hipotecaria recogido en la  Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta norma es, de acuerdo con él,  "anómala y perversa" y está provocando que la gente quede endeudada y  excluida del sistema "de por vida".

En términos parecidos, el portavoz de la PAH de Pamplona,  Guillermo Perilla, ha señalado que estas medidas son "una cortina de  humo para desviar la atención y evitar que haya ruido en la calle",  al igual que el Código de Buenas Prácticas del ministro de Economía,  Luis de Guindos. La portavoz de la plataforma en Tenerife, Inma  Evora, también ha asegurado que se trata de "una burla más", en línea  con este código, que ha tildado de "inútil".

Por su parte, el portavoz de la Intercomisión de Vivienda del 15M  en Sevilla, Antonio Buenavida, ha subrayado que el real decreto no es  más que "un parche" para "calmar" a la opinión pública y que lo único  que hace es "seguir garantizando los derechos de los bancos que han  emitido las hipotecas". Además, ha reclamado un parque público de  viviendas en alquiler porque, en su opinión, el propuesto por el  Gobierno va a ser "descafeinado".

Los secretarios judiciales de Palma suspenderán durante  un mes los deshaucios para estudiar caso por caso   Hasta el 19 de diciembre hay señalados 66 lanzamientos de ejecuciones  hipotecarias, de los cuales se verán afectados las viviendas  ocupadas

La junta de jueces de Primera Instancia y Mercantil de Palma han  solicitado a los secretarios judiciales que durante un mes suspendan  los procedimientos de deshaucio y ejecución hipotecaria, con el  objetivo de "dar un margen" a los ciudadanos para que pueda  estudiarse cada caso y determinar quiénes pueden acogerse al decreto  ley de medidas urgentes aprobada en este sentido.

Así lo ha anunciado el decano del partido judicial de Palma,  Francisco Martínez Espinosa, quien ha explicado que los secretarios  prevén informar directamente a las personas afectadas para analizar  si cumplen los requisitos económicos y sociales establecidos en la  normativa para que puedan beneficiarse de la paralización de los  desahucios durante dos años.

En concreto, el servicio común de lanzamientos del partido  judicial de Palma tiene señalados desde este lunes al 19 de diciembre  un total de 66 lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, de los  cuales se verán afectados por la suspensión de un mes los de  viviendas habitadas, tal y como han informado, por su parte, fuentes  del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Por el contrario, si se trata de locales no destinados a vivienda  (como por ejemplo comerciales) o viviendas vacías, serán ejecutados.