Dos etarras, las primeras víctimas reconocidas de la violencia política entre 1960 y 1978

• Otaegi y "Txiki" murieron en los últimos fusilamientos franquistas
• La comisión creada por el Parlamento vasco ha hecho  público sus dictámenes
• El reconocimiento supondrá una indemnización de 135.000 euros por familia

Ángel Otaegi y Juan Paredes "Txiki", los miembros de ETA muertos en los últimos fusilamientos del régimen franquista junto a tres miembros del FRAP, son las dos primeras víctimas reconocidas de la violencia de origen político entre 1960 y 1978.

La comisión creada por el Parlamento y el Gobierno vascos para la evaluación de las víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política ha hecho público en Bilbao sus primeros dictámenes, en los que han aprobado ocho solicitudes y han rechazado tres.

Los dictámenes de la comisión evaluadora, todos aprobados por unanimidad, serán remitidos el martes a la consejería de Justicia del Gobierno Vasco para su aprobación, presumiblemente en menos de un mes.

El reconocimiento como víctima de la violencia política supondrá para las familias de los fallecidos una indemnización de 135.000 euros, mientras que en los casos de lesiones la compensación material oscila entre 35.000 y 95.000 euros.

En el caso de "Txiki" y Otaegi, la comisión les reconoce la condición de víctimas porque en el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte se vulneró su derecho a un juicio justo.

Dos muertos no vinculados al terrorismo

Otras víctimas reconocidas son dos hombres, que no tenían relación con ETA, muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en operaciones antiterroristas, un hombre muerto al recibir un disparo de la policía en el balcón de su casa durante una manifestación ecologista y un músico muerto de un disparo de un guardia civil de paisano en una discusión después de un concierto.

La comisión también reconoce a un hombre muerto tras ser forzado, "por elementos policiales o parapoliciales protegidos y amparados por éstos", a ingerir grandes cantidades de alcohol y aceite de ricino y a una mujer que sufre lesiones permanentes tras ser gravemente herida en el desalojo en 1977 de una concentración que exigía la amnistía.

La comisión de evaluación está presidida por la directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Inés Ibáñez de Maeztu, y la integran también la exmagistrada Manuela Carmena, el ex Defensor del Pueblo Álvaro Gil-Robles, el experto en derechos humanos Carlos Martín Beristain, el asesor de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco Txema Urkijo, el historiador del Instituto Valentín de Foronda José Antonio Pérez y Mónica Hernando, de Unesco Etxea.

Además del reconocimiento como víctimas, la comisión solicitará al Gobierno y Parlamento vascos que las incluya en los actos colectivos dedicados a las víctimas y que asuma su "deber de memoria", lo que también piden que haga el Gobierno de España porque, además, la mayoría de los ataques fueron protagonizados por funcionarios estatales.

Reconocer que fueron víctimas

En el caso concreto de "Txiki"y Otaegi, Txema Urkijo ha dicho que no debería haber problema por parte del Gobierno central porque fueran miembros de ETA, ya que no se trata de rendirles un homenaje como tales, sino de reconocer que fueron víctimas de la vulneración de sus derechos humanos.

En este sentido, ha recordado que algunos miembros de ETA han sido reconocidos como víctimas del terrorismo por Gobiernos tanto del PSOE como del PP después de sufrir atentados de grupos como el GAL.