El permiso de residencia por compra de vivienda o inversiones existe en varios países europeos

• Portugal ha cambiado su normativa y facilita un permiso de residencia temporal
• El Gobierno español estudia conceder la residencia por comprar vivienda por más de 160.000 euros

La fórmula "piso por residencia", muy similar en otros países

La medida que contempla el Gobierno español de otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda en España se suma a otras iniciativas que existen en Europa.

Esta semana se ha abierto el debate en España sobre este asunto después de que el Gobierno español anunciara este lunes que estudia cambiar la ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros.

Otros países como Portugal ya han emprendido cambios en este sentido. El Gobierno luso alteró en septiembre pasado la normativa para facilitar la concesión de un permiso de residencia temporal a aquellos ciudadanos extranjeros que inviertan en el país durante un plazo mínimo de cinco años.

Para poder acogerse a esta ley, los interesados deben abrir una empresa en Portugal y cumplir con uno de estos tres requisitos: comprar inmuebles por valor superior a 500.000 euros, crear al menos 30 puestos de trabajo o realizar una transferencia de capital de más de un millón de euros.

Residencia por inversión

En Irlanda, el llamado Programa del Inversor Inmigrante ofrece permisos de residencia de hasta cinco años, con opción de renovación, para los empresarios (y su familia) que presenten un plan de negocio con una inversión de entre 500.000 y 2 millones de euros, que puede incluir, por ejemplo, donaciones a proyectos benéficos.

También puede obtener la residencia con una "inversión mixta" de un mínimo de un millón de euros dividida en la compra de bienes inmuebles (500.000 euros) y de un determinado tipo de deuda (otros 500.000 euros).

El inversor y su familia, así como sus negocios, podrán beneficiarse de las leyes del país, en el que no están obligados a residir, aunque deben visitar Irlanda al menos una vez al año.

En el Reino Unido, el sistema de inmigración por puntos privilegia a las personas que llegan al país con visado bajo la categoría de "inversores". Para pertenecer a esta categoría, hay que disponer de al menos 1 millón de libras (1,24 millones de euros) netas para invertir. Los inversores deben residir de forma continua en el país de 2 a 5 años (el periodo varía según el capital disponible) antes de poder solicitar la residencia permanente.

Tienen la obligación de invertir al menos 750.000 libras (932.000 euros) en bonos del Estado o empresas (no en propiedad) en los tres primeros meses desde su llegada y están exentos del requisito de saber hablar inglés para optar a la residencia y, en última instancia, a la ciudadanía.

Creación de empleo, estudios o contrato de trabajo

En Francia se puede expedir la residencia por una "aportación económica excepcional" a extranjeros que, por ejemplo, de manera personal o por medio de una empresa que dirija o en la que tenga al menos el 30% del capital, creen o contribuyan a salvar al menos cincuenta empleos.

Otra opción es que ese ciudadano extracomunitario se comprometa a hacer en Francia una inversión de al menos diez millones de euros, aunque las autoridades pueden decidir en qué casos se concede la residencia cuando se trate de una aportación económica excepcional.

Sin embargo, en Italia el permiso de residencia se da sólo tras conseguir un contrato de trabajo, o por cursar estudios en el país, por motivos religiosos o por asilo político. También pueden conseguir el permiso de residencia en Italia por reagrupación familiar tanto el cónyuge, los hijos menores de edad y también los mayores que demuestren que no pueden valerse por sí mismos.

Mientras que en Alemania el permiso de residencia se concede por estudios, por trabajo y por reagrupación familiar con un ciudadano alemán o un extranjero con derecho legal de permanencia en territorio alemán.

Asimismo, los trabajadores por cuenta propia pueden recibir un permiso de residencia si existe un interés económico general o una necesidad regional, si se prevé que su actividad vaya a tener efectos positivos sobre la economía y si la financiación está garantizada.