El permiso de residencia por la compra de vivienda: oportunidad para la economía o amenaza

• Los constructores ven una oportunidad para revitalizar el mercado
• IU alerta: puede atraer a inversores que quieran blanquear dinero
• La Ley de Extranjería exige un nivel de ingresos para el permiso temporal

El Gobierno estudia el permiso de residencia por la compra de vivienda

La salida al 'stock' de viviendas en España, unas 680.000, es razón suficiente según el sector de la construcción, para que el Gobierno modifique la Ley de Extranjería y los foráneos puedan obtener el permiso de residencia por la compra de una vivienda por valor superior a los 160.000 euros.

El Gobierno estudia los pros y los contras de esa posibilidad, aunque todavía no hay tomada ninguna decisión al respecto, según ha asegurado este martes el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al que cita Efe.

De momento, el PSOE considera que hay formas "bastantes más rigurosas" para fomentar el mercado de la vivienda y solicita la comparecencia en el Congreso de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, para explicarla, mientras que desde los sindicatos, UGT y CC.OO. coinciden en ver "injusto" que el nivel de renta determine derechos como el de la residencia.

Los constructores: una oportunidad para revitalizar el mercado

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) aplaude que el  Gobierno estudie dar permiso de residencia a los extranjeros que compren  viviendas al entender que va en la "buena dirección" para reducir el  "stock" existente y revitalizar el mercado inmobiliario y dinamizar la  economía.

En un comunicado, la patronal de la construcción subraya que deben  vigilarse que las facilidades para la inversión extranjera en inmuebles  se cumplan rigurosamente, evitando posibles fraudes o desviaciones.

Para la CNC, esta posibilidad colaborará de modo "sustancial" a dinamizar una economía en recesión,  a potenciar el consumo y a impulsar un sector productivo "vital" para  España, como es el inmobiliario, a través de un aumento significativo de  las compras de vivienda por no residentes.

En la actualidad, señala la confederación, los compradores  extranjeros de vivienda, menos afectados por la crisis, vuelven a  centrar su interés en España.

Sin embargo, indican, y a pesar de los "buenos" precios que ofrece actualmente el mercado inmobiliario español, muchos compradores potenciales se ven frenados por las dificultades que su condición de extranjeros no comunitarios conlleva para residir de forma prolongada en nuestro país.

Por ello, considera que flexibilizar las condiciones de residencia  para los compradores extranjeros no solo es un incentivo importante para  dinamizar el mercado y disminuir el "stock", sino que es una medida que, con variantes, se ha puesto en  marcha en Francia, Canadá o Estados Unidos.

Derechos fundamentales y riesgos de la medida

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha pedido que se analice con "seriedad y rigor" esta posibilidad para evitar que se creen "bulos" o se "inflen burbujas" que luego "nos explotan entre las manos".

"Todo lo que sea reanimar la venta de viviendas por lo menos hay que estudiarlo", ha afirmado Rosell al tiempo que ha subrayado la importancia de "ver que las consecuencias negativas no sean mayores que las positivas".

La medida, según el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) es una "ocurrencia" del Gobierno y por eso, ha pedido, "cordura y  sensatez" al Ejecutivo, además de exigirle que evite este tipo de "ocurrencias"  que "dicen muy poco del rigor y seriedad del Gobierno".

Además, denuncia la "política de clase" del Gobierno que, por un lado, cuestiona la presencia de los trabajadores extranjeros y "dificulta" su acceso a derechos fundamentales, y, por otro, "facilita la llegada de extranjeros ricos".

Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Cayo Lara, ha advertido de que la propuesta del Gobierno de conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda por más de 160.000 euros puede atraer a inversores extranjeros que quieran blanquear dinero.

Cayo Lara, que ha hecho campaña electoral en Sabadell a favor de ICV-EUiA, ha comentado la citada iniciativa y ha afirmado: "lo que va a conseguir el Gobierno es que entren sectores que vengan a blanquear el dinero negro que se mueve en los paraísos fiscales y encuentren el banco adecuado para evadir recursos de las haciendas públicas de otros países".

La ley actual exige un nivel de ingresos

La Ley de Extranjería establece la posibilidad de solicitar la residencia temporal a los extranjeros que, sin realizar actividades laborales o profesionales, acrediten tener unos ingresos superiores a 2.100 euros al mes para atender sus gastos de estancia, además de un seguro de enfermedad.

El Reglamento de la Ley de Extranjería establece los requisitos para que los extranjeros puedan reclamar una autorización para residir en España: por motivo de trabajo, por arraigo o por residencia temporal no lucrativa.

Para los extranjeros que quieran vivir en España sin realizar ningún trabajo, la ley exige demostrar al solicitante que cuenta con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan -inicial de un año y con posibilidad de prorrogarlo otro más-.

En concreto, para su sostenimiento debe disponer mensualmente de una cantidad que represente el 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -532,5 euros- o su equivalente legal en moneda extranjera, a la que habría que sumar otros 532 euros por cada familiar a su cargo.

El solicitante debe cumplir otros requisitos como el no encontrarse irregularmente en España, carecer de antecedentes penales y contar con un seguro público o privado de enfermedad, concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.

Además, el extranjero que desee residir temporalmente en España sin trabajar debe solicitar personalmente el correspondiente visado en la misión diplomática u oficina consular española de su demarcación de residencia.

Con la modificación de la ley, el Gobierno pretende acortar los trámites de los permisos de residencia para los extranjeros que adquieran propiedades inmobiliarias en España.