La Fiscalía encuentra centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas de Nòos

• La Fiscalía pide 8,2 millones de fianza a Urdangarin y Torres
• Les atribuye a ambos "una actividad delictiva premeditada"
• La fianza civil no comporta el ingreso en prisión de ninguno de los dos
• El abogado de Urdangarín no descarta embargar propiedades
• Urdangarin y Torres tienen 20 días para presentar alegaciones a la fianza

La fiscalía atribuye a Urdangarín y su socio en el Instituto Nóos una actividad delictiva premeditada

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado centenares de facturas falsas y duplicadas en las cuentas del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres, en el análisis que ha realizado para solicitar la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448,44 euros para ambos.

Los fiscales encargados del caso, Pedro Horrach y Juan Carrau, aseguran que estas facturas falsas sirvieron para que Urdangarin y su socio defraudaran un total de 5.905.079 euros de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de las Islas baleares, según el informe presentado esta mañana ante el instructor del caso, el juez José Castro, y al que ha tenido acceso Servimedia.

Los representantes del Ministerio Público, en concreto, sostienen que los dos principales imputados del caso obtuvieron esos casi seis millones por la realización, entre los años entre 2004 y 2006, de nueve eventos, cinco en Baleares y cuatro en Valencia.

Estos congresos y conferencias fueron pactados de forma verbal y al margen de cualquier expediente administrativo. La inexistencia de expediente administrativo, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, supuso la vulneración "reiterada y flagrante" de las exigencias legales previstas en la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Entre las facturas fraudulentas destacan conceptos como la contratación de un saxofonista, que amenizó unas jornadas en Palma de Mallorca y cuyos honorarios volvieron a ser utilizados como  justificante de gasto en un evento distinto en Valencia. Urdangarin y Torres llegaron a presentar en repetidas ocasiones como facturas los billetes de avión que les regaló una compañía aérea.

También, y siempre según el análisis de Anticorrupción, realizado en base a las pericias de la Agencia Tributaria,  intentaron justificar el gasto de 240.000 euros con informes copiados de Internet.

La fianza solicitada por los fiscales Horrach y Carrau, sobre la que ahora tiene que decidir el juez Castro, se impone a los imputados para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles si son condenados y su cuantía representa la cantidad supuestamente defraudada más un tercio.

Aizoon facturó 864.000 euros al Instituto Nòos

La empresa Aizoon S.L., que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin comparten a partes iguales, cargó al Instituto Nóos un total de 863.889,54 euros en doce facturas diferentes entre los años 2004 y 2005. 

Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que la compañía Aizoon, de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, cobró casi 864.000 euros de la trama supuestamente montada por el duque de Palma y su socio Diego Torres, con la que presuntamente habrían estafado más de 6 millones de euros. 

En concreto, el Instituto Nóos registró una factura de 116.000 euros por la gestión logística del Illes Balears Forum con cargo al convenio de colaboración suscrito el 17 de julio de 2005 con la Fundación Illesport, dependiente del gobierno autonómico de Jaume Matas. 

En 2004 pagó otros 191.559,34 euros a Aizoon en cinco facturas distintas en virtud del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nóos, la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau el 8 de septiembre de 2004. 

La historia se repitió al año siguiente con la repetición del convenio para organizar el Valencia Summit 2005, lo que reportó a Aizoon 556.330,20 euros. 

Sin embargo, los fiscales creen que todos estos pagos deben excluirse de los costes de los tres eventos, dado que Aizoon es una sociedad mercantil "copropiedad y administrada por Iñaki Urdangarin, a través de la que se desviaban los fondos públicos recibidos por el Instituto Nóos". 

"Una actividad delictiva premeditada"

El fiscal atribuye a Urdangarin y Torres,  "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", lo cual asciende a los 8.189.448 millones de euros que pide para ellos como fianza civil.

Así lo ha planteado el fiscal a juez de Palma que instruye el 'caso Nóos', José Castro, en un escrito de 234 páginas en el que justifica la petición de fianza en la necesidad de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.

El representante del ministerio público, según ha indicado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que ordene "el embargo de los bienes de estos imputados hasta alcanzar" los citados 8,18 millones de euros.

Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de "dar cobertura" al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles.

No sabe si podrá afrontar la fianza

Por su parte, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha reiterado este miércoles que le parece "exagerada" la fianza de 8,2 millones para su defendido y su exsocio Diego Torres, y ha indicado que desconoce cuáles son las finanzas de su cliente para saber si podría hacer frente a esta cantidad.

El abogado  no ha descartado que el duque de Palma tenga que embargar sus propiedades para poder hacerse cargo. En este sentido, ha  asegurado que hará "lo que marque la ley".

Asimismo, ha indicado que intentará "hablar con Urdangarin para ver    qué tal está", pero ha recordado que "estas conversaciones son discretas".

La Fiscalía Anticorrupción ha entregado este miércoles al juez del caso Nóos su petición de fianza para el duque de Palma y Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso.

A partir de ahora, el juez debe decidir si acepta la cantidad solicitada tanto por el fiscal y también por la acusación popular, representada por Manos Limpias, o la rebaja a una cantidad que podría rondar entre los 5 y 6 millones de euros, según las fuentes jurídicas consultadas por Efe.

En esta causa se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público, de las comunidades de Baleares y Valencia, entre 2004 y 2007.

20 días para presentar alegaciones

El juez ha dictado una providencia en la que da 20 días al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio Diego Torres para que sus abogados presenten alegaciones a la petición de fianza civil de casi 8,2 millones de euros formulada por la Fiscalía Anticorrupción por el caso Noós.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha informado de esta providencia del titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que instruye esta causa, y que ha sido remitida a todas las partes para que se pronuncien.

La fianza civil no comporta el ingreso en prisión, como la penal

La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.

Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.

Aunque la fianza asciende a casi 8,2 millones, el fiscal Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.

Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.