Francia confirma la condena a 20 años de prisión a los exdirigentes etarras "Antza" y "Anboto"

• Tendrán que cumplir al menos dos tercios de la pena entre rejas
• A la finalización de la misma, serán expulsados del país
• Hace casi dos años fueron condenados por los tribunales franceses

El Tribunal de lo Criminal de París ha condenado en el juicio de apelación a 20 años de prisión cada uno a los exdirigentes etarras Mikel Albisu, "Mikel Antza", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto".

El tribunal, que ha precisado que tendrán que cumplir al menos dos tercios de la pena entre rejas y serán expulsados de Francia al término de la condena, confirma de este modo las penas pronunciadas contra ambos en el juicio en primera instancia de diciembre de 2010.

La justicia francesa condenó así a ambos en tanto que jefe político de ETA a "Antza" y como responsable de las finanzas de la organización terrorista en el caso de "Anboto", cuando fueron detenidos en 2004.

El Tribunal de lo Criminal de París consideró a Albisu e Iparraguirre culpables de los delitos por los que estaban imputados, y en particular el de dirigentes de una organización terrorista, por el que la Fiscalía había solicitado la pena máxima de 30 años de prisión.

Los dos miembros de la pareja, que tienen 51 años y llevan en la cárcel desde su captura el 3 de octubre de 2004 en una casa rural que ocupaban en Salies de Béarn (suroeste de Francia) junto a su hijo Peru -nacido en 1996 durante su clandestinidad-, tendrán que pasar entre rejas al menos dos tercios de su condena y cuando la terminen serán expulsados definitivamente de Francia.

Esta condena es igual a la de 20 años que se había dictado contra ellos en primera instancia en diciembre de 2010, y que habían recurrido.

Su apelación

Durante el proceso en apelación, iniciado el pasado día 12, los exdirigentes de ETA habían justificado la revisión a la baja de esos 20 años sobre todo con el argumento del nuevo "contexto político" en el País Vasco y la declaración en octubre de 2011 del abandono definitivo de la lucha armada por parte de la banda.

Su abogado Jon Emparantza señaló que aunque la justicia "no puede resolver" el "conflicto" del País Vasco, el tribunal "(debía) saber que su decisión tendrá consecuencias políticas", y que a la hora de dictar sentencia sus opciones eran "el inmovilismo" o "ayudar al proceso para que avance en la buena dirección".

Una posición frontalmente opuesta a la del fiscal, Jean-François Ricard, que se esforzó en recordar a los magistrados que no eran "un tribunal de la historia" y que su misión no era "juzgar a ETA" sino a los dos que se sentaban en el banquillo por su acción entre 2000 y 2004 cuando "estaban al frente de dos aparatos de toma de decisiones".

Ricard destacó sobre Albisu que, desde su puesto de jefe político y participante en las reuniones del comité ejecutivo -máximo órgano de dirección de ETA- "sus orientaciones (...) tenían una traducción inmediata en términos de muertos, de destrucción, de terror".

También alertó de la "peligrosidad manifiesta" de "Anboto", cuyo papel al frente del aparato financiero no se limitaba a ejercer de tesorera, sino tuvo una implicación "extrema" en las operaciones de extorsión de fondos para el cobro del llamado "impuesto revolucionario".