El Código de Desahucios facilitó solo ocho casos de dación en pago entre marzo y junio

• En los tres primeros meses, la banca recibió 568 solicitudes para renegociar créditos
• "Es pronto para demostrar su eficacia", dicen desde el ministerio de Economía
• Los afectados, sorprendidos, aseguran que el código "no vale para nada"

El Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo, asumido por la totalidad de la banca española facilitó, en sus tres primeros meses y medio de aplicación, solo ocho casos de dación en pago de la vivienda.

Además, en otros 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago, según los primeros datos de la Comisión de Control que evalúa la aplicación de este código, y que han sido publicados por el Ministerio de Economía.

En marzo, el Gobierno impulsó la aprobación de un código de buenas prácticas bancarias, al que la banca podía acogerse de manera voluntaria, para frenar el drama de los desahucios, que ha creado una gran alarma social.

El Gobierno aprueba atenuar el impacto social de los desahucios.

Según los datos publicados este viernes,  entre el 11 de marzo y el 30 de junio, un tercio de las entidades adheridas recibieron un total de 568 peticiones para renegociar créditos o aceptar la dación en pago de la vivienda, con una deuda global de 69,5 millones de euros en ese periodo.

De las 568 solicitudes recibidas, se habían resuelto hasta junio 278 solicitudes,  con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros.

En ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda, en 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago, y en el resto de solicitudes han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas.

"Se trata de un primer intento"

El Ministerio de Economía ha explicado, ante el bajo número de casos resueltos, que los datos se corresponden solo con un trimestre de aplicación del Código y que se trata de una medida que hasta ahora no se había puesto en marcha nunca en España.

También ha aludido al largo trámite burocrático en la gestión de la Comisión de Control de aplicación del código, que ha hecho que "en la práctica, la vigencia del Código haya sido inferior a los tres meses analizados".

"Se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia", dice el Ministerio en un comunicado, en el que adelanta que en el segundo trimestre se han presentado ya en torno a otras 700 solicitudes.

Para el presidente de Adicae --Asociación de Usuarios, Bancos Cajas y Seguros-- Manuel Pardos, al que cita Efe, los datos facilitados por el Ministerio son "paradójicos y sorprendentes". Además, considera que las entidades de crédito son reacias a reconocer que otorgan daciones en pago y no quieren hacerlo público. Pardos ha recordado que según los datos recogidos por su asociación sólo el 12,8% de los hipotecados cumplen las exigencias del Código de Buenas Prácticas y opinó que esta norma ha fracasado en todas sus fórmulas.

Mientras, desde la plataforma de afectados, Stop Desahucios, creen que los datos facilitados por Economía son la constatación de que el Código de Buenas Prácticas de la banca "no vale para nada", según una portavoz de la organización a la que cita Efe.

Nuevas medidas

La aprobación del código, al que se acogieron un centenar de entidades, no evitó que en los meses siguientes se intensificara el problema, lo que llevó al Gobierno a aprobar hace unos días una nueva normativa y a proponer una reforma de los requisitos de aplicación del Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios.

Por ello, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de la pasada semana nuevas medidas para frenar los desahucios, como una moratoria durante dos años para los casos de colectivos más desfavorecidos.

Bancos y Cajas de Ahorros suspenden los desahucios de forma temporal en casos extremos. Lo han anunciado poco antes de iniciarse la reunión de Moncloa. Las entidades financieras han sufrido últimamente fuertes críticas y han sido blancos de la movilización social. Ahora han decidido mover ficha.

En concreto, pueden beneficiarse de esta medida las familias con un determinado umbral de ingresos (19.170,4 euros anuales), cuya hipoteca les suponga más del 50% de los ingresos y que además se trate de personas especialmente vulnerables por sus circunstancias familiares. Todo ello siempre referido a la vivienda habitual.

En paralelo, el Gobierno ha abierto un proceso de negociación con los diferentes grupos parlamentarios para modificar varias normativas hipotecarias.