La comisión de investigación de los ERE se cierra sin que el Pleno apruebe un dictamen

• El informe situaba la responsabilidad directa en Francisco Javier Guerrero
• El único partido  en apoyar el dictamen de la comisión ha sido el PSOE-A
• Mientras,   IULV-CA y el PP-A lo han rechazado

En el parlamento andaluz se cierra en falso la comisión de los ERE irregulares

La comisión de investigación sobre las irregularidades en  expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta ha  cerrado cinco meses de trabajo sin que el Pleno del Parlamento  andaluz haya logrado aprobar este miércoles un dictamen final ante  las diferencias irreconciliables entre los partidos.

El único partido  en apoyar el dictamen que emanó de la comisión ha sido el PSOE-A (sin  mayoría absoluta en la Cámara), mientras que PP-A e IULV-CA lo han  rechazado.

Tras un debate marcado por el cruce de acusaciones entre los tres  grupos políticos, el dictamen sometido al Pleno de la Cámara ha  contado únicamente con el voto a favor del PSOE-A, mientras que   IULV-CA y PP-A lo han rechazado.

En él se situaba la "responsabilidad  política directa" del caso de los ERE en el exdirector general de  Trabajo Francisco Javier Guerrero, que es lo que planteó desde un  principio el grupo socialista.

Sin embargo, PP-A e IULV-CA (socio del PSOE-A en la Junta) no  estaban de acuerdo con que la responsabilidad política se situara  exclusivamente en ese exdirector general.

Así, el grupo popular ha mantenido para el debate del dictamen en el Pleno, como voto particular, sus propuestas de conclusiones, en las que situaba como máximos "responsables políticos" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. También incluía, entre otros, a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Avila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. 

Izquierda Unida también ha mantenido como voto particular la ponencia de síntesis que elaboró el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García, en la que se situaba la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y también se incluía la del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y la de Guerrero. 

Una comisión sin acuerdo

La de los ERE ha sido la primera comisión de investigación creada en el Parlamento después de 17 años y, sin embargo, los grupos no han logrado el acuerdo en relación con sus conclusiones, tras cinco meses de trabajo. 

En la comisión de investigación han comparecido una treintena de personas, entre ellas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán; su antecesor en el cargo, Manuel Chaves; consejeros del actual Gobierno andaluz; exconsejeros, y el propio Guerrero,  el principal imputado por la justicia en este caso. 

Las intervenciones de los grupos han estado llenas de reproches de unos contra otros sobre el resultado de la comisión de investigación. Así, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha iniciado su intervención pidiendo a Griñán que "dimita ya" por considerar que hoy es "más responsable" de este "fraude millonario" que antes de empezar la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica para determinar las responsabilidades políticas en "el mayor caso de corrupción de la historia de España". 

Rojas ha confiado en que sea la justicia la que ponga "a cada uno en su sitio" y ha explicado el voto del PP-A en contra del dictamen propuesto por la comisión porque mantiene su "coherencia", algo que, a su juicio, no han hecho ni PSOE-A ni IULV-CA, que han preferido "su supervivencia política" y los "sillones" a sus valores y principios.

"Si PSOE-A no quiere pedir perdón ni asumir su culpa y si IULV-VA quiere cargar en su mochila 10 años de fraude a cambio de poder, allá ellos; pero sí les puedo decir que el PP-A seguirá luchando contra la corrupción porque, además, no estamos solos: tenemos a millones de andaluces a nuestro lado", ha concluido. 

Por su parte, la diputada del PSOE-A Antonia Moro, que ha defendido el dictamen emanado de la comisión de investigación, ha censurado la actitud "bochornosa y lamentable" del PP-A, que ha "fracasado" en su estrategia de dictar una "sentencia" contra el Gobierno andaluz y su presidente, José Antonio Griñán.  

El PSOE-A dice que es una decisión "legítima"

Moro ha querido dejar claro, ante todo, que dicho dictamen ha surgido de la voluntad mayoritaria y legítima de la comisión de investigación, y ha apuntado que si bien respeta la visión y la posición de IULV-CA (socio del PSOE-A en la Junta) con respecto al resultado, no la puede compartir ni en el fondo ni en la forma, porque ante todo está el respeto a una decisión legítima emanada de la citada comisión. 

Para Antonia Moro, "nadie puede poner en duda el intenso trabajo que ha desarrollado la comisión de investigación durante varios meses, de forma modélica y ejemplar, demostrando su utilidad y transparencia de cara a la ciudadanía". 

El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha asegurado que el "fracaso" de la comisión de investigación "no se arregla ni pidiendo perdón en televisión", culpando de dicho fracaso a PP-A y PSOE-A por mantener desde el principio hasta el final una posición "inamovible", que les ha llevado a poner la comisión "al servicio de sus discursos". 

Castro ha indicado que los socialistas "se han liado una manta a la cabeza, se han puesto una venda en los ojos y han realizado una defensa de los suyos, perdiendo una oportunidad de oro para reconocer los errores cometidos". 

En cuanto al PP-A, ha mantenido una posición "inamovible de máximos, sin posibilidad alguna de cambios", son el único objetivo de "erosionar al PSOE y erosionar a un gobierno echando a pelear a sus socios".