"Dar testimonio de aquel horror es un mandato de los compañeros desaparecidos"

• Víctor Basterra fue uno de los supervivientes de la última dictadura argentina
• Empieza en Buenos Aires el mayor juicio por crímenes contra la humanidad
• 68 imputados por delitos en la ESMA, centro clandestino de detención
• Juan Botto, hijo de desaparecido: "Llevo toda la vida esperando este momento"

La Justicia argentina retoma la causa por los crímenes cometidos durante la dictadura

Comienza en Argentina el mayor juicio por crímenes contra la humanidad que ha tenido lugar en la historia del país. Es el tercer proceso oral por delitos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura (1976-1983) por donde pasaron cerca de 5.000 personas.

En el banquillo de los acusados, 68 imputados -14 ya fueron condenados el pasado año- que tendrán que rendir cuentas por delitos contra 789 víctimas. Serán juzgados, entre otros cargos, por desaparición forzada, tortura, trabajo esclavo y robo de niños nacidos en cautiverio.

Acuden además, y por primera vez, tripulantes de los llamados “vuelos de la muerte”, utilizados para arrojar al mar a detenidos aún vivos. Otro dato relevante de este proceso, para el que se estima una duración de dos años, es el elevado número de testigos que prestarán declaración: alrededor de 830.

Entre ellos está Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora): “Me produce una gran emoción que se celebre este juicio. No podía imaginar hace 35 años, cuando empezamos la lucha y buscábamos a nuestros hijos desaparecidos, que fuera a tener lugar esta causa y tantas otras que hay abiertas en todo el país. Es un camino muy importante para que los genocidas vayan a la cárcel común y se termine así con la impunidad”.

"Hay muchos más responsables de los que van a ser juzgados"

Para  Carlos Slepoy, abogado y a su vez superviviente, la sensación es “agridulce” porque “el juicio llega tarde y hay muchos más responsables de los que van a ser juzgados” pero destaca su “trascendencia histórica”, ya que, según explica, “se ha conseguido unificar la multitud de causas que estaban dispersas”.

“La dimensión del juicio es demostrativa de que hubo un plan de exterminio perfectamente diseñado contra determinados grupos de la sociedad argentina: políticos, sindicales, culturales, estudiantiles… lo que constituye un genocidio “, señala Slepoy, Premio Internacional de la Asociación pro Derechos Humanos de España.

Al golpe de Estado protagonizado por Rafael Videla en marzo de 1976, enmarcado dentro de la Operación Cóndor (coordinadora clandestina de las dictaduras del Conosur), le siguieron siete años de dictadura cívico-militar en la que se practicó la triada ‘secuestro-tortura-desaparición’ con el objeto de acabar con todo tipo de movilización popular que pretendiera un cambio social.

Los organismos de Derechos Humanos calculan que fueron 30.000 las personas desaparecidas en esta etapa, en su mayoría jóvenes. Una cifra a la que hay que sumar los 10.000 presos políticos y las decenas de miles de exiliados que se vieron obligados a emigrar ante amenazas de muerte. Hubo más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país y la ESMA, el más grande, se convirtió en el símbolo de la represión de aquellos años.

“Se olvidaron que uno tiene dignidad”

Víctor Basterra, obrero gráfico de profesión y peronista de militancia, fue secuestrado en su casa de Buenos Aires en agosto de 1979. Se lo llevaron delante de su mujer y de su hija de dos meses. Justamente ese año había formado un grupo de resistencia gremial para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Después  fue trasladado a la ESMA, donde estuvo en calidad de detenido-desaparecido cuatro años y medio. Cuenta a RTVE.es que tuvo que soportar todo tipo de torturas: “Fueron tan fuertes los golpes que me propinaron que padecí dos paros cardiacos y una lesión grave en la columna”. Y prosigue: “Además estuve con grilletes durante un año y esposado por tres meses, metido en un habitáculo de un metro de ancho por dos de largo”.

Víctor fue forzado a realizar trabajo esclavo falsificando material para los represores: “Me pedían que les tomara fotografías para sus documentos, entonces yo siempre me guardaba una copia de más en papel fotosensible”. De esta manera fue almacenando los rostros de aquellos que a su vez le torturaban. “En una ocasión –explica- un compañero me dijo: ‘Si la zafás, que no se la lleven de arriba’ (si te salvas, que no queden impunes). Esas palabras se me quedaron grabadas”.

Cuando se flexibilizó un poco la situación y pudo realizar alguna salida para visitar a su familia, fue sacando, escondidas en sus genitales, esas  imágenes (más de 80) que años más tarde han servido para identificar a los que hoy día están siendo juzgados. “Se olvidaron que uno tiene dignidad”,  dice emocionado.

“Frente al ejercicio del olvido, el ejercicio de la memoria“

“Yo digo que frente al ejercicio del olvido, el ejercicio de la memoria. Por eso nunca bajamos los brazos, tuvimos persistencia. Nosotros, los supervivientes, los testigos del pasado, decidimos no cejar y dar testimonio por los que ya no están, es un mandato de los compañeros desaparecidos. Aunque no sea  fácil la supervivencia ni el recuerdo permanente”, concluye.

Testigo clave en esta causa, Basterra acompañó la semana pasada a las autoridades judiciales en la inspección ocular que se desarrolló en la ESMA, previa al juicio, para examinar los lugares precisos en los que fueron mantenidos en cautiverio los detenidos.

“Uno lleva toda la vida esperando este momento”

También en la ESMA desaparecieron al padre de Juan Diego Botto, actor como su hijo. Un tiempo después su madre, Cristina Rota (actriz), se vio obligada a dejar el país, cuando Juan y su hermana María tenían 4 y 2 años, para empezar otra vida en España. Por eso él siempre se define como “hijo del exilio”. Ahora su familia es testigo de la ‘mega-causa ESMA’.

“Me enteré del macrojuicio por una llamada de mi tío. La primera reacción fue de incredulidad. Uno lleva toda la vida esperando este momento, fantaseando con el hecho de juzgar a los responsables del asesinato de tu padre, de tenerlos sentados en frente. He imaginado esto desde que tengo conciencia de que mi padre es un desaparecido”, confiesa Botto a RTVE.es. Y añade: “Este juicio es un ejemplo para todo el mundo”.

“Este juicio es un ejemplo para todo el mundo“

En el Sindicato de Actores de Buenos Aires hay una escalera donde se puede leer en cada peldaño el nombre de los actores que fueron desaparecidos. En uno de ellos está escrito el nombre del padre de Juan. Es uno de tantos espacios para la memoria que pueden encontrarse en Argentina.

De hecho la ESMA también lo es. Lo que fue durante la dictadura uno de los peores lugares de destrucción física y psicológica de personas, se ha convertido, desde el año 2007, en un museo abierto al público para mostrar a la sociedad argentina, como sus propios guías dicen, “lo que nunca más ha de volver a ocurrir”.

Más de 900 procesados y 300 condenados

Argentina fue el primer país latinoamericano que juzgó a sus dictadores, algo que tuvo lugar en 1985. Pero poco después el proceso quedó cancelado por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas por el Gobierno de Alfonsín y los posteriores indultos de Menem. Lo que daba carta blanca a aquellos que participaron del Terrorismo de Estado.

Esta situación se revirtió a través de distintos fallos judiciales que cuestionaron las leyes de impunidad hasta que en 2005, la Corte Suprema, ya en el mandato de Néstor Kirchner, las declaró, definitivamente, inconstitucionales y opuestas al Derecho Internacional. Esta histórica decisión se tradujo en la inmediata reapertura de juicios, en el año 2006, que hoy en día se celebran a lo largo y ancho del país.

Esta voluntad política llegó después de más de tres décadas de incansable trabajo  y vehemencia de los organismos de Derechos Humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos de desaparecidos, supervivientes y un largo etcétera).

Desde entonces, y a fecha de hoy, son 971 los procesados y 339 los condenados (aunque solo 50 cuentan con condena firme), según datos del Ministerio Público Fiscal argentino. Además, el número de personas detenidas es de 740 (más de la mitad en unidades penitenciarias). Por otro lado, y no menos importante, se han llegado a identificar a 107 niños nacidos en cautiverio durante la dictadura (se calcula que fueron 500 los que se robaron).

Las Madres de Plaza de Mayo, querellantes en esta causa, siguen cada jueves  haciendo la ronda en Plaza de Mayo. “Empujaré hasta que el último genocida quede preso, por cada uno de nuestros hijos desaparecidos. Esto es algo que hacemos por justicia, no por venganza”, asegura Nora Cortiñas. Lo que fue impensable hace más de 30 años es hoy un hecho que está sentado precedente en materia de Justicia Universal.