Fianza de 30 millones para Díaz Ferrán y de 50 millones para De Cabo, la mayor de la historia

• Ángel de Cabo es el actual propietario del Grupo Marsans
• El expresidente de la CEOE ha estado declarando durante una hora
• Díaz Ferrán ha negado la existencia de una trama para ocultar sus bienes
• Ferrán carga toda la responsabilidad a su socio fallecido Gerardo Pascual
• Se le imputan cinco delitos por  vender Marsans para no pagar a los acreedores

Fianza de 30 millones para Díaz Ferrán y de 50 millones para De Cabo, la mayor de la historia

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el  ingreso en prisión bajo fianza de 30 millones de euros, para  el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que le imputa cinco delitos:  alzamiento  de bienes, insolvencia  punible por la ocultación  patrimonial de  notoria cantidad de dinero,  estafa procesal concursal,  falsedad  documental y blanqueo de capitales.

De la misma forma, el magistrado ha ordenado el ingreso en prisión bajo fianza de 50 millones de euros, la mayor de  la historia, al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo,  por haber creado presuntamente una trama empresarial con la finalidad  de ocultar los bienes de su anterior propietario, Díaz Ferrán. A De Cabo, que compró Marsans a través de la empresa Posibilitum y que también es el actual dueño de Nueva Rumasa, se le acusa de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia  punible.

Además, según Efe y Europa Press, a la mano derecha de De Cabo, Iván Losada,  exdirector general del grupo Marsans, el juez Velasco le ha impuesto también una fianza de 30 millones de euros.

Estas tres fianzas se sitúan a la cabeza de las más altas fijadas en España   a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la   Audiencia Nacional impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999 dentro   del caso Torras.

Velasco ha enviado a prisión a ocho de los nueve  acusados, a los que ha impuesto fianzas históricas que superan en  conjunto los 112 millones de euros. El único al que no se le ha puesto fianza para eludir la cárcel ha sido al experto fiscal  Rafael Tormo, quien no podrá abandonar el país y deberá entregar su  pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez. Tormo ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda.

El juez ha impuesto una fianza de 500.000 euros para  Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez,  José  Enrique Pardo y Antonio García Escribano. A la secretaria Susana Mora, -en cuya casa se encontró un millón de euros en efectivo- se le han impuesto 3.000 euros de fianza (que ya ha abonado) porque ha  colaborado durante su declaración.

Díaz Ferrán, Mora y Tormo han sido los únicos que han dado su versión de los hechos al juez, puesto que los seis detenidos restantes se han acogido a su derecho a no declarar. 

Declaración de Díaz Ferrán

El magistrado ha tomado esta decisión a instancias del fiscal  encargado del caso, Daniel Campos, y tras escuchar las explicaciones de  Díaz Ferrán, quien ha estado declarando durante más de una hora, según  señalan fuentes de la Audiencia Nacional.

Según fuentes jurídicas citadas por Efe, Díaz Ferrán ha negado al juez que exista una trama para ocultar sus bienes  a los acreedores de Viajes Marsans, un grupo que ha dicho que vendió al  empresario Ángel de Cabo por la crisis y del que luego se desentendió. 

Díaz Ferrán -que será  trasladado a la prisión de Soto del Real- ha negado ante el juez  que tenga bienes en el extranjero -con la excepción de un apartamento en  Nueva York- o dinero en paraísos fiscales, señala Efe.

También ha asegurado que en los  últimos meses tuvo que vender bienes (lo que está prohibido en el marco  de su concurso de acreedores como persona física) porque afrontaba una  situación económica insostenible.

Además, informa TVE, ha atribuido todas las responsabilidades a su socio fallecido, Gerardo Pascual, al que también ha descargado la  responsabilidad de la gestión de la empresa de transporte por carretera  Trapsa.

"Trama urdida" por Díaz Ferrán y Pascual

El juez cree que el expresidente  de la CEOE ha obtenido 30 millones de euros (el dinero que se le pide de fianza) en la  "trama urdida" con su socio ya fallecido Gonzalo Pascual y el empresario  valenciano Ángel de Cabo, que han "maquinado operaciones para,  lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus  legítimos acreedores" de Marsans.

La resolución judicial revela que "del primer término de la  investigación policial" se desprende que Díaz Ferrán y su  socio "acordaron" con  el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus  bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los  que su grupo empresarial se encontraba inmerso".

Esta estrategia, según el auto, pasaba por "ceder el control de  dicho grupo" a De Cabo, quien "se valió de su estructura societaria"  y se comprometió a "realizar una serie de pagos a los empresarios"  que habría recibido Díaz Ferrán. "De Cabo, valiéndose de su toma de  control en el Grupo Marsans, habría realizado una serie de  operaciones cuyo fin último era su lucro personal", añade el juez.

En el auto, según Efe, el  magistrado afirma que Díaz Ferrán y Pascual pactaron  con De Cabo traspasar "el grupo empresarial y sus  derechos, así como el patrimonio personal y familiar de los primeros al  entramado de este último creando una aparente insolvencia".

En esta supuesta trama, el expresidente de la CEOE recibiría 100.000 euros mensuales acudiendo  "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de abogados  de De Cabo, hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros como  contraprestación por traspasarle el Grupo Marsans y todos sus bienes  personales. Su socio Gonzalo Pascual "no habría recibido ningún pago de los  estipulados hasta el momento de su fallecimiento".