El Gobierno crea una tasa para la líneas regulares de autobús e impone un máximo para el billete

• El canon anual lo pagarán las empresas que explotan líneas regulares
• El Gobierno limitará las concesiones de líneas regulares a 10 años
• La normativa vigente permitía ahora concesiones de hasta 90 años
• Las empresas podrán pedir que suba el billete si tienen pérdidas

El Gobierno fija un máximo para el billete de líneas regulares de autobuses

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)  que establece, entre otras novedades, que las empresas de autobuses que explotan las líneas regulares tengan que pagar un canon anual al Estado. 

En  la rueda de prensa posterior, la ministra de Fomento, Ana  Pastor, ha asegurado que el nuevo gravamen que pagarán las empresas de  autobuses no repercutirá en el precio del billete porque "se impondrán tarifas máximas" para que el coste del viaje sea "razonable" porque "es un servicio público".

"El establecimiento de un canon no subirá el precio del billete,  pero  aumentará la eficiencia del servicio, dado que se buscará  aumentar el  volumen de recaudación de recursos", ha argumentado la  ministra.

Sin embargo, las empresas podrán pedir una subida  extraordinaria del billete si les no cuadran sus cuentas. Este proceso se podrá solicitar "de  forma individual" al Ministerio de Fomento, que tendría que aprobar una subida extraordinaria del precio del billete en caso de que la línea que  explotan en concesión presente un desequilibrio económico.

Concesiones por un máximo de 10 años

Además, el plazo máximo para las concesiones de transporte por viajeros será de 10 años,  frente a los hasta 90 que permitía la normativa. Pastor ha asegurado  que en la actualidad hay en España 101  concesiones (con  estos servicios se atienden a 3.330 poblaciones y se transportan 36  millones de viajeros al año) de las que este año  se han renovado 15 y en 2013 se prevén  otras 47  renovaciones, donde se introducirá el canon.

Según ha explicado la ministra,  serán las empresas las que indiquen el  canon  a pagar en las ofertas que presenten para hacerse con la  concesión, de  forma que será "un elemento determinante para su  adjudicación".

Según la ministra, el objetivo de la reforma de la LOTT es mejorar la  competitividad y eficiencia empresarial en el sector y lograr una  optimización de los servicios públicos del transporte de viajeros por  carretera. Se busca, además, adecuar la LOTT a la evolución que ha  experimentado el mercado del transporte por carretera desde 1987,  revisando algunos de sus artículos.

La ley, además, permite combinar el transporte discrecional de escolares y  trabajadores, "lo que no significa que vayan a ir juntos en el mismo  autobús" ha explicado Pastor. Y deja fuera de la consideración de transporte privado complementario a las ONG que utilizan vehículos conducidos por voluntarios, "como por ejemplo Cruz Roja".

En cuanto a los servicios de transporte de viajeros en autobús que  no sean concesiones administrativas, se suprime la tarifa mínima del  servicio que hasta ahora fijaba el Gobierno.

Transportes de mercancías y sanciones

El anteproyecto de ley, que pasará ahora al Congreso, busca reforzar el principio de que solo quien tenga autorización de  transporte puede contratar y facturar en su nombre. Con ello se lucha contra el intrusismo, según el Gobierno, que ha regulado una  infracción para poder sancionar, bajo la normativa de transporte, cuando  se incumpla dicho requerimiento.

En el régimen sancionador también se contempla el descuento por pronto pago del 30% en menos de un mes "como pasa con las multas de tráfico", ha dicho Pastor, quien también ha anunciado que las comunidades autónomas podrán sancionar conductas cometidas en otras regiones. Esto último será posible porque se modifica la Ley  Orgánica de 30 de julio de 1987 sobre delegación de facultades del  Estado en las comunidades en materia de transportes.

El proyecto contempla  que "las CC.AA. pueden inspeccionar y sancionar los servicios de transporte por  carretera y por cable,  tanto en los centros de trabajo que las empresas  tengan en su  territorio, con  independencia del ámbito territorial en que se hayan desarrollado los  servicios y actividades que puedan ser objeto de control".

Según los datos facilitados por el Ejecutivo, España cuenta con más  de 500.000 vehículos autorizados para el transporte de mercancías,  sector en el que operan más de 104.000 empresas. Por su parte, el  transporte de viajeros cuenta con 3.625 empresas y más de 42.000  vehículos autorizados.

Más flexibilidad y transparencia

Según ha asegurado la ministra de Fomento, el objetivo de esta ley es "mejorar la competitividad y la eficiencia empresarial, mejorar el servicio público y garantizar la transparencia y el control". La ley, según se establece en la reseña del Consejo de Ministros,  pretende "incrementar a las empresas la flexibilidad para poder operar  en el mercado del transporte por carretera".

En este sentido, será posible realizar todo tipo de actividades  relacionadas con el transporte con una única autorización. Y, según  señala el Ejecutivo, "se reducen las cargas administrativas para las  empresas, ya que con la nueva Ley podrán hacer todas las gestiones  necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de  Fomento o comunidades autónomas) a través de internet, sin necesidad de  acudir físicamente a sus centros".

Para contribuir a una mayor transparencia, "se   aumenta el número de datos que las empresas deberán inscribir   obligatoriamente y se establece que determinada información será   pública para que los interesados que deseen consultarla".