Un tribunal argentino prorroga las medidas cautelares pedidas por el grupo Clarín

• La ley de medios no entrará en vigor hasta que haya sentencia definitiva
• La norma del Gobierno obliga a los grandes grupos mediáticos a desinvertir
• El Ejecutivo de Kirchner ya anuncia que recurrirá la decisión al Supremo

Un tribunal argentino paraliza la entrada en vigor de la Ley de Medios solicitada por el grupo Clarín

Un tribunal de alzada –esto es, de apelación– de Argentina prorrogó este 6 de diciembre una medida cautelar solicitada por Clarín, el mayor grupo de medios del país, que impide la aplicación plena de la Ley de Medios Audiovisuales, aprobada en octubre de 2009, informaron fuentes judiciales.

La Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa iniciada por Clarín por la supuesta inconstitucionalidad de la norma impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández y que aprobó el Parlamento en octubre de 2009.

"Hace instantes el grupo Clarín ha sido notificado de la resolución de la Cámara Federal Civil y Comercial que dispone la extensión de la cautelar hasta que exista sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios", dijo la empresa en un comunicado.

El gigante multimedia aseguró que "como durante todo el trámite de esta causa, el grupo Clarín seguirá a derecho, respetando la Constitución, la ley y los fallos de la Justicia". Este viernes vencía la medida cautelar por la que hasta ahora estaba frenada la aplicación de un artículo de la ley que obliga a los grupos de medios a desinvertir en caso de poseer licencias de radio y televisión más allá de la cantidad límite permitida por la norma.

Según informó el Centro de Información Judicial, la resolución lleva las firmas de los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta. En su resolución, los jueces expresaron que la vigencia de la medida cautelar se prorroga "hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer".

"Una vergüenza"

La ley, que sustituyó a otra dictada en 1980, durante la dictadura militar, ha sido eje de una fuerte controversia entre Clarín, el mayor conglomerado mediático del país, y el Gobierno de Fernández, que este miércoles había recusado precisamente a los jueces que integran la Cámara que hoy extendió la medida cautelar a petición del grupo empresarial de comunicación. En el fallo los jueces rechazaron, asimismo, las recusaciones planteadas por el Gobierno.

Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno argentino dijo que recurrirá al Supremo para que revise la sentencia del tribunal de alzada. "Se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia", dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, en declaraciones a la agencia oficial Télam. Sabbatella también tachó la resolución de "vergüenza" y afirmó que "la Justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones".

“La Sociedad Interamericana de Prensa estudiará "si está en juego la libertad de expresión"“

En este marco, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) iniciaron este jueves una misión de dos días en Buenos Aires para mantener reuniones con periodistas, representantes de medios y parlamentarios, según confirmaron hoy a Efe fuentes de la organización. El objetivo de la misión no es "defender al grupo Clarín" en su batalla contra la Ley de Medios, sino determinar "si está en juego la libertad de expresión y prensa" en Argentina, dijo este miércoles a Efe Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

En tanto, la diputada Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica, presentó hoy en el Parlamento una petición de juicio político contra el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, por sus supuestas presiones a la Justicia tras haber recusado a los jueces y un escrito ante la Corte Suprema con una copia de ese proyecto. En paralelo, la Unión Cívica Radical, la mayor fuerza de oposición en el Congreso, anunció que también promoverá el juicio político de Alak y que además le denunciará penalmente por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".