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La justicia de la UE multa a España con 20 millones por no recuperar las ayudas a Magefesa

  • Fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en 1989
  • La multa aumentará en 50.000 euros al día hasta que se devuelvan
  • El Tribuna de Justicia señala que España no ha cumplido con su deber
  • La Comisión Europea denunció al país por no haber recuperado el dinero

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado  a España a pagar una sanción de 20 millones de euros por  incumplir una resolución de 2002 en la que se confirmaba un análisis de la Comisión Europea (CE) que obligaba a España recuperar los subsidios a las filiales del grupo Magefesa. Además, la multa aumentará en 50.000 euros al día hasta que  se devuelvan estas subvenciones, informa la institución en un comunicado de prensa.

El importe de la multa se ha fijado, señala la sentencia,  atendiendo "a las circunstancias y proporcionada al incumplimiento  declarado y la capacidad de pago de España".

En este sentido, el  Tribunal de Justicia pone de relieve la duración y la gravedad del  incumplimiento. "Por un lado,  el incumplimiento perdura desde hace más de diez  años a partir de la fecha en que se dictó la primera sentencia del  Tribunal de Justicia, y más de 22 años desde la adopción de la  decisión de la Comisión", señala el fallo.

"Aunque España haya emprendido muy recientemente una serie de  actuaciones que acreditan una voluntad seria de poner fin al  incumplimiento considerado, esas actuaciones solo han tenido lugar  poco antes de la fecha de la interposición del recurso ante el  Tribunal de Justicia y, en lo esencial, después de esa fecha. Por  tanto, España no ha dado muestras de la diligencia exigible durante  muchos años", subraya. 

Los hechos se remontan a 1989

La CE declaró en 1989 ilegales e incompatibles con el mercado común las ayudas concedidas por el Gobierno y varias Comunidades Autónomas a Magefesa, productor de artículos de menaje de acero inoxidable y de pequeños aparatos electrodomésticos, y formado por cuatro sociedades industriales: Indosa (País Vasco), MIGSA (Andalucía), Cunosa y GURSA (Cantabria).

Esas ayudas destinadas a paliar las dificultades económicas que atravesaba el grupo, consistieron en avales crediticios, préstamos en condiciones mejores que las del mercado, subvenciones no reintegrables y de intereses.

La Comisión consideró entonces que España no había adoptado en los plazos señalados las medidas necesarias para cumplir esa decisión, por lo que interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia, y éste le dio la razón en su sentencia de 2002. Cuatro años más tarde, la Comisión consideró que la sentencia fue ejecutada para tres de las filiales del grupo (GURSA, MIGSA y Cunosa), pero no en el caso de Indosa.

El incumplimiento de España

Según la CE, las ayudas concedidas a la sociedad no se recuperaron mientras que sus actividades prosiguieron pese a su declaración en quiebra en 1994, en un primer momento bajo la forma de Indosa, y más tarde por la Compañía de Menaje Doméstico (CMD). Ésta última empresa, filial al 100% de Indosa, se creó tras la quiebra de Indosa para comercializar los productos de la empresa, siéndole transferidos todos los activos de la compañía anterior así como su personal.

A su vez, la empresa heredera de Indosa entró en concurso de acreedores, y una parte de sus antiguos trabajadores crearon la sociedad Euskomenaje, "que continuó la actividad subvencionada en los locales de CMD" y fue autorizada a utilizar a título gratuito los activos de dicha empresa hasta la terminación de su procedimiento de liquidación, señala el Tribunal.

En ese contexto, la Comisión solicitó en 2010 al Tribunal de Justicia que declarase el incumplimiento de España por no haber ejecutado totalmente de la primera sentencia de 2002.

En su decisión comunicada este martes, el Tribunal ha concluido que España ha incumplido en efecto su obligación de ejecutar la primera sentencia, "conforme a la que estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión del Comisión de 1989 que le obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas a Indosa".